Este viernes comenzó la audiencia de control de acusación de la causa que investiga los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, Rosario Barredo y Zelmar Michelini, las desapariciones de Manuel Liberoff y Washington Barrios y decenas de crímenes cometidos por militares uruguayos en Argentina, como la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Mariana Zaffaroni y Macarena Gelman.
En la audiencia, que estuvo a cargo del juez de garantías, Emilio Baccelli, estuvieron presentes el militar en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira, el expolicía Ricardo Conejo Medina y el militar en situación de reforma José Turco Arab, quien participó por vía telemática.
Al inicio de la audiencia, el abogado Emilio Mikolic, que representa a Arab y Medina, dejó constancia de que está pendiente de resolución un recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la competencia de los juzgados de primera instancia para las causas de crímenes de lesa humanidad, por lo que las actuaciones podrían declararse nulas si la SCJ da la razón a los accionantes, que fundamentan su posición en el artículo 239 de la Constitución.
Hecha esa aclaración, la audiencia continuó con la presentación de la acusación de la Fiscalía, que fue emitida el 20 de diciembre de 2023. El fiscal Ricardo Perciballe planteó la posibilidad de leer sólo el petitorio final, dado que fue presentado por escrito y tuvieron acceso todas las partes. Mikolic rechazó el planteo de Perciballe señalando que la acusación “es extensa pero dice poco, porque con relación a las conductas delictuales que se les pretende imputar a nuestros defendidos no dice nada”.
En esa línea, Mikolic dijo que la acusación “en ningún momento dice que Arab dio muerte a fulano o mengano o [que] Silveira o Medina hicieron tal conducta, eso no lo dice” y adelantó que presentará un recurso respecto de ese punto.
El juez coincidió con el criterio de las defensas de los imputados, señalando la jurisprudencia en primera y segunda instancia en cuanto a que el proceso debe desarrollarse oralmente, y subrayó que los imputados tienen derecho a una acusación clara y completa, por lo que la fiscalía procedió a leer la acusación, que cuenta con más de 300 páginas.
Antes de comenzar la lectura, Perciballe le respondió a Mikolic: “Vamos a leer los hechos que se van a imputar a los señores, que se dice que no son claros, y son claros. Lo que no se dice aquí es quién los ejecutó materialmente, por las dificultades probatorias que existen, pero los hechos están absolutamente claros y probados, no se puede decir que no hay claridad”.
Cuando Perciballe estaba leyendo el contexto histórico, sobre el 14 de abril de 1972, Silveira interrumpió y pidió autorización para retirarse de la audiencia: “Yo era capitán, no era general. Acaba de expresar que a los que mataron los tupamaros, los ultimaron y cuando salió la Policía [los] asesinaron, hasta las expresiones parece que fueran una venganza a la institución militar. Me hace mal psíquicamente, no puedo escuchar esto, nunca estuve en Argentina y tengo que aguantar esta situación, le pido, por favor, que me autorice a retirarme, le pido que me entienda”.
El juez Baccelli le explicó que lo que se estaba leyendo era la acusación fiscal: “Es un derecho suyo escuchar esto, es una posición, luego usted va a tener la posibilidad de expresar la suya y lo vamos a escuchar con el mismo respeto con el que yo le pido que escuche la posición de su adversario”. Antes de retomar la lectura de la acusación fiscal, Perciballe señaló: “Podríamos hacer muchas aclaraciones respecto de lo que dijo el imputado, pero no lo vamos a hacer por respeto a la sede”.
El equipo de la fiscalía continuó leyendo la acusación hasta llegar al relato de los hechos ocurridos en mayo de 1976, en Buenos Aires, en torno a una cuarta parte del documento de la fiscalía, en los que dio detalles del contexto histórico, de la formación del Plan Cóndor, del asesinato de Hugo Gomensoro, de la detención en Mar del Plata de Ricardo Jorge Martínez Platero, Alba Coitinho Mello y sus hijas, de la detención y posterior asesinato de Telba Juárez Beliz y Eduardo Chizzola, de la desaparición de Ary Cabrera Prates y la detención de Elida Rita Vázquez, Ricardo Gil Iribarne y Luis Alberto Ferreira, de la detención de Hugo Cores, del traslado y las torturas contra integrantes del OPR 33, del caso de los cinco fusilados de Soca y la privación de libertad, supresión y suposición de estado civil de Amaral García Hernández, de la desaparición forzada de Washington Barrios y del traslado clandestino de Antonio Viana, entre otros.
Baccelli cerró la primera sesión de la audiencia de control de acusación señalando la posibilidad de que, en próximas instancias, Silveira y Medina participen telemáticamente desde la Unidad 8, Domingo Arena, donde cumplen condena por violaciones a los derechos humanos. El juez aclaró que la participación presencial es un derecho de los imputados, pero que al tratarse de una audiencia técnica, en la que se dirime qué evidencia se admite como prueba en el juicio oral, entendía que era posible, por voluntad de los imputados, evitar su traslado.
Por otra parte, el juez fijó otras tres sesiones de la audiencia de control de acusación, que tendrán lugar el 22 de noviembre, el 2 de diciembre y el 6 de diciembre, aunque la instancia podría continuar si esas tres audiencias no alcanzan para evaluar toda la prueba propuesta.