La Organización de Funcionarios Penitenciarios (Ofucipe) y la diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz –que es vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento– presentaron un hábeas corpus correctivo contra el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 34º turno, por el hacinamiento y la vulneración de derechos de las personas privadas de libertad en todas las cárceles del país, excepto en la Unidad 8 Domingo Arena, donde están recluidos los torturadores de la dictadura.
Se promueve el hábeas corpus correctivo a los efectos de “garantizar los derechos humanos más básicos y fundamentales de la población privada de libertad en todos los centros de reclusión del INR”, señala el documento.
La presentación se formula “habida cuenta de la situación de hacinamiento y falta de asistencia que existe en el INR, realidad incontrastable que surge asimismo del último informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, el que indica que el 43% de las personas privadas de libertad cumple su pena en condiciones crueles, inhumanas y degradantes”. En ese sentido, alerta que esto “ha empeorado notoriamente” este año, cuando se llegó a situaciones extremas como el incendio que resultó en un séxtuple homicidio.
Para los denunciantes, en el estado actual, “los recursos humanos, materiales, financieros y logísticos sólo pueden conseguirse con una declaración de estado de emergencia nacional carcelaria declarada por decreto del Poder Ejecutivo”. Según plantean, “sólo la declaración del estado de emergencia nacional carcelaria como consecuencia de la situación actual del sistema de privación de libertad permitirá [que] se disponga la implementación inmediata de las medidas y recursos necesarios para salir de la crisis actual”.
Un operador penitenciario cada 60 presos
En cuanto a la situación de atención directa a las personas privadas de libertad, los denunciantes afirman que actualmente hay 16.033 personas privadas de libertad y 1.375 funcionarios penitenciarios civiles, conocidos como operadores penitenciarios, lo que significa un muy bajo “promedio de operador por persona privada de libertad”. Establecen que en trato directo queda una guardia efectiva de uno a tres operadores para un mínimo de 180 personas privadas de libertad y que la proporción, “en el mejor de los casos”, es de un funcionario cada 60 presos.
83 pesos por preso para cuatro comidas diarias
Definen como una “situación de extrema emergencia” la referida a los alimentos que se proporcionan en las cárceles, que son en teoría las cuatro comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Sin embargo, en la mayoría de las cárceles lo que se sirve es el rancho, una mezcla de agua, verduras y grasa. Recuerdan que el INR afirmó que cuenta con un presupuesto de 83 pesos por día por persona privada de libertad para alimentos, y plantean que “resulta inverosímil sostener que con 83 pesos diarios el INR pueda dar cumplimiento a las cuatro comidas diarias”.
Ratas y enfermedades del sistema
Según los denunciantes, a esta situación hay que sumar las malas condiciones edilicias y sanitarias, que son “cada vez más complejas” y que conducen a “enfermedades propias del mal estado nutricional y la muy mala higiene” que hay en cárceles plagadas de roedores.
Niñas, niños y adolescentes que circulan en el sistema
Finalmente, en el recurso indican que “no pueden dejar de marcar la situación de las niñas, niños y adolescentes”, tanto de los que viven con sus madres en cárceles como de aquellos que van de visita a las unidades penitenciarias. Sostienen que “la convivencia de las madres con los niños se debería producir en condiciones adecuadas” en lo que respecta a la salud, la educación y las condiciones habitacionales.
Los denunciantes consideran que “este derecho no parece plasmarse en las prácticas cotidianas que se dan en los centros de reclusión, limitando el acceso a la educación y al contacto con otros mientras de sus familias, sin la creación de vínculos necesarios para su desarrollo y socialización”.
Reclaman derechos básicos y que se declare el estado de emergencia nacional carcelaria
Tras plantear una serie de argumentos jurídicos para que se haga lugar al hábeas corpus, piden que la Justicia falle a su favor y condene al Estado a asegurar la privación de libertad de las personas que están presas. Esto refiere a que no haya situación de hacinamiento, que se cubra la alimentación básica, se brinda acceso a la salud, se garantice que las personas no sufran violencia física ni psíquica, se brinde acceso a agua potable, haya salidas a patio cumpliendo con los mínimos establecidos por las normativas internacionales y que haya oportunidades de trabajo, estudio, proyectos y régimen de visitas, entre otros derechos fundamentales cuyo cumplimiento se demanda.
A su vez, exigen que se “haga cesar de inmediato todo trato inhumano, cruel y degradante a las personas privadas de libertad”. Según plantean, el cumplimiento de la pena debe ser “en condiciones de dignidad, sin discriminación ni castigo”. Por eso, piden que “el Poder Ejecutivo declare el estado de emergencia nacional carcelaria, para así asegurar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad”.