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Justicia Procesos judiciales
Traslado de Sebastián Marset por parte de efectivos de la Policia Boliviana y la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia.

Foto: Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, AFP

Traslado de Sebastián Marset por parte de efectivos de la Policia Boliviana y la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia. Foto: Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, AFP

Fiscalía de Estados Unidos solicitó que se convoque a 40 testigos como parte del caso contra Sebastián Marset

El narcotraficante uruguayo enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de activos, entre otras acusaciones, con penas que van desde la cadena perpetua a los diez años de penitenciaría.

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La Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó a la Corte Federal de Alexandria, del distrito este del estado de Virginia, que emita 40 órdenes de citación obligatoria como parte del juicio contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en marzo de este año.

Según informó Telenoche, la Fiscalía pretende sustentar las acusaciones contra Marset a través de los testimonios de las personas comprendidas por las órdenes. Si bien sus identidades permanecen en reserva, la lista incluye agentes de la DEA, peritos financieros y figuras que se encontraban asociadas a Marset pero optaron por colaborar con las investigaciones.

De acuerdo con el cronograma establecido por las autoridades judiciales del país del norte, el juicio por jurados comenzará el 11 de enero de 2027. La defensa de Marset, en tanto, podrá presentar sus objeciones hasta el 14 de agosto; durante los dos meses posteriores se celebrarán audiencias para determinar las pruebas y los testimonios que podrán ser utilizados en el proceso, consignó el citado medio.

Marset, que continúa recluido en territorio norteamericano, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua y mínima de diez años de penitenciaría. El autodenominado líder del primer cártel uruguayo, que rechazó el acuerdo de culpabilidad propuesto por el fiscal a cargo de la investigación, Anthony T Aminoff, y resolvió cambiar el equipo de abogados a cargo de su defensa, es acusado de múltiples cargos: conspiración para lavar dinero, conspiración narcoterrorista, así como “conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos” y lavado de dinero, informó en su momento el semanario Búsqueda.