En la madrugada del 8 de abril de 2018, Sebastián Marset presentó su cédula uruguaya ante los funcionarios que estaban en el control migratorio del Puente Internacional de la Amistad. Venía desde Brasil y su intención era ingresar, por primera vez, al territorio paraguayo.
Pasó sin problemas. Unas semanas antes había recuperado su libertad tras cumplir una condena de cinco años de prisión por tráfico internacional de estupefacientes; en las cárceles uruguayas, sobre todo en el Penal de Libertad, había logrado establecer los contactos necesarios para dar un salto a nivel regional.
En Paraguay, Marset se vinculó con dos organizaciones que ya se dedicaban al tráfico de cocaína sudamericana a Europa y África. Uno de los grupos estaba liderado por el empresario Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, encargado de transportar la cocaína por vía terrestre en Paraguay y colocarla en los contenedores que luego salían por la hidrovía. La otra organización tenía base en Bolivia y se encargaba de transportar la cocaína en avionetas, desde ese país hasta un establecimiento rural en el departamento paraguayo de Alto Paraná.
Entre 2020 y 2021, esta organización hizo estragos, todavía difíciles de cuantificar. Para tener una referencia del volumen exportado: durante esos dos años, en los puertos europeos de Rotterdam y Amberes se incautaron 17.340 kilogramos de cocaína que pertenecían al grupo, por un valor cercano a los 433,5 millones de dólares.
Los detalles de la operativa y las cifras están explicadas en un documento judicial de 508 páginas que tomó estado público en Paraguay en la primera semana de febrero, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py. Hace dos años, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay puso en marcha algo que definió como “el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero” en ese país.
Insfrán y Marset son los dos protagonistas principales de A Ultranza Py, en la que aparecen publicadas, entre otras cosas, todas las conversaciones telefónicas que ambos mantuvieron cuando el narcotraficante paraguayo estaba preso en Dubái.
El 1º de febrero, la jueza penal de Garantías paraguaya Rosario Montania dispuso que nueve de los 14 acusados de A Ultranza Py pasen a juicio oral y público, mientras que los otros cinco fueron condenados en procedimientos abreviados.
El documento firmado por Montania repasa cuáles fueron los argumentos que manejó en su acusación el fiscal Deny Yoon Pak, uno de los principales responsables de desarticular a la organización de Insfrán y Marset.
En el caso de la droga que se incautó en Europa, hay una descripción minuciosa de la operativa logística que desplegó la organización.
En 2020, una empresa llamada Maxigrains remitió desde Paraguay una carga de bolsas de harina de soja que estaban contaminadas con 1.071 kilos de cocaína. El contenedor había salido el 10 de marzo de la terminal de Puerto Villeta, a 35 kilómetros de Asunción, y las autoridades belgas lo encontraron el 23 de abril en el puerto de Amberes.
En junio de ese año hubo otra incautación parecida: 1.131 kilos de cocaína, también simulados en bolsas de harina de soja, que salieron en un contenedor desde Puerto Villeta y tenían a Amberes como puerto final de destino. En este caso, la compañía exportadora fue Artis Sociedad Anónima.
En abril de 2021, la aduana y la policía de Amberes encontraron 10.964 kilogramos de cocaína dentro de una carga de cuero azul que había exportado, también desde Puerto Villeta, la empresa Neumáticos Guairá.
En octubre de 2021, en el puerto de Rotterdam (Países Bajos) se encontró una carga de 4.174 kilos de cocaína, camuflada en bolsones con harina de soja que se habían cargado en un contenedor. La empresa involucrada en la maniobra se llamaba Guaraní Business Import & Export, que también sacó la mercadería por Puerto Villeta.
La Justicia paraguaya estimó que la organización de Insfrán y Marset cobraba entre 20.000 y 25.000 dólares por cada kilogramo de cocaína que lograba colocar en el mercado europeo bajo esta modalidad. En el caso de la cocaína para África el margen de ganancia era menor: lograban obtener entre 12.000 y 14.500 dólares por kilo.
El 17 de enero de 2024, en el marco de una conferencia por el récord de incautaciones en los puertos de Bélgica y Países Bajos, las autoridades estimaron que, en algunas ciudades europeas, se pueden obtener hasta 75.000 euros por un kilo de cocaína fragmentada para la venta callejera.
Más detalles de la operativa
Durante la investigación de A Ultranza Py, el fiscal Deny Yoon Pak logró determinar que Insfrán y Marset coordinaban las actividades con otros integrantes de la organización mediante “comunicaciones encriptadas”, a través de Sky Ecc, Line y Signal.
En estas aplicaciones utilizaban un sistema de asignación de pines y alias, según concluyeron los investigadores. Marset, por ejemplo, utilizó los pines WXV5F7, MIGWVF y JPIKRN, e interactuó con sus socios bajo los alias Omelet, Dor y Favor, mientras que Insfrán figuraba como Macron, Rally o Skoda. Un empresario paraguayo que envió tres contenedores contaminados junto a la organización de Marset eligió un alias acorde: Flash.
Insfrán tenía dos empresas a su nombre. En la metalúrgica El Porvenir se realizaban maniobras con cheques, presuntamente para lavar el dinero del narcotráfico, mientras que Barakah SRL se dedicaba a transportar la cocaína desde los establecimientos rurales hasta depósitos cercanos a las terminales portuarias. Estos centros de acopio se utilizaban para ocultar la droga entre mercadería lícita, antes de subirla a los contenedores.
“Premio o premiado”. Esas eran las expresiones que usaban para identificar cuál era el contenedor que salía de Paraguay con la carga ya contaminada, según la investigación. Los paquetes de cocaína también salían con “marcas” identificatorias, como Aries, Box, Bugatti, CNGE, Corso, Fendi, Fenix, Infinito, Louis Vuitton, Maradona, Manchester, Mont Blanc, Pablo Escobar, Piña, Rolex, Sedex, Señor de los Cielos, KTM y Z8, entre otros.
Para recibir el dinero desde Europa y África, la organización usaba un sistema de operaciones financieras mediante casas de cambios, en las que realizaban depósitos, transferencias y retiro de dinero en efectivo, señala el documento.
“Asimismo, utilizaron la modalidad de token, con números, y a los efectos de su identificación, por parte del conjunto ilícito, dejaban inscritos en los billetes, entre otros, la denominación de PCU, sigla que precisamente Sebastián Marset tiene tatuada en la muñeca”, dice el documento judicial paraguayo.
“Expectativas” por la investigación paraguaya
PCU es la sigla de Primer Cártel Uruguayo, la organización que el fiscal de Flagrancia de 5° turno, Diego Pérez, investiga por la amenaza de muerte a la fiscal Mónica Ferrero y el ataque con explosivos a la Brigada Antidrogas. Ambos episodios se registraron en mayo de 2020, cuando la organización de Marset ya había acusado el golpe por algunas operaciones antidroga en puertos europeos.
“Estamos un poquito enojados con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el mensaje que recibió Ferrero. En la investigación se logró determinar que ese mensaje se envió desde un celular que pertenecía al contratista de fútbol Gerardo Arias y que era utilizado por su hijo, finalmente condenado por este caso en enero de 2021.
El fiscal Pérez investigó los viajes de Arias a Paraguay y también su vinculación con Rodrigo Loli Fontana Ferreira, un narcotraficante de Rivera que estuvo vinculado a la organización de Marset. Sin embargo, por el momento no ha logrado recabar elementos de prueba que conecten a Marset con los dos hechos que forman parte de su investigación. En diciembre, Pérez conversó con el abogado Santiago Moratorio sobre la posibilidad de que Marset admitiera su participación en estos delitos. Finalmente, eso no sucedió.
Ahora, el fiscal de Flagrancia sigue con “expectativa” la línea de investigación de Paraguay, a la espera de que surjan nuevas evidencias que puedan clarificar cuál era el rol que jugaba Marset en el PCU. Pérez ha tenido contactos “cautelosos” con la fiscalía paraguaya para no entorpecer la investigación de A Ultranza Py y sus múltiples derivaciones, entre ellas, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.
En el marco de la investigación de Pérez surgió algún elemento novedoso sobre los contactos que tenía Marset en la Policía uruguaya. En uno de los testimonios recabados, según pudo saber la diaria, se mencionó a un oficial de la Zona IV de la Jefatura de Policía de Montevideo como alguien que mantuvo vínculos con Marset, en los inicios de su carrera delictiva.
No es la única línea de investigación derivada del caso Marset que apunta a posibles casos de corrupción policial. Varios funcionarios y jerarcas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) están siendo investigados por presuntas irregularidades relacionadas a la fuga de Sebastián Alberti Rossi, cuñado de Marset, de la cárcel de Juan Soler.
Por otra parte, la Fiscalía inició una investigación administrativa interna por la desaparición de un audio de Marset, en el que habría admitido sus vínculos con la Brigada Antinarcóticos. Ese testimonio es de agosto de 2018, en el marco de la investigación por el homicidio de Alfredo Rondán, un amigo de su infancia en Piedras Blancas.
Marset estuvo casi un año en prisión por este caso, pero finalmente fue sobreseído por falta de pruebas. El homicidio es posterior a su primer ingreso migratorio a Paraguay, donde luego ya se instalaría de manera definitiva, tras convencer a la justicia uruguaya de su inocencia en el asesinato de Rondán.
Narcotráfico y criptomonedas
Marset cayó detenido por primera vez en octubre de 2013, en la operación Halcón. Fue en el cruce de las rutas 1 y 3, en San José, y estaba junto a otro narcotraficante, Pedro Invernizzi. La Policía les incautó 173 kilos de marihuana y 335 gramos de cocaína.
La mayor parte de la droga estaba en el vehículo de Invernizzi, un empresario de Dolores que nueve años después, en setiembre de 2022, se suicidaría en una celda del Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación.
En los últimos años, según fuentes policiales consultadas, Invernizzi había incursionado en el mundo de las criptomonedas. Al momento de su detención, en el marco de la Operación India, dos personas cercanas a Invernizzi habían ido al Aeropuerto de Carrasco a buscar a un ciudadano colombiano. La Policía uruguaya lo interrogó y respondió que había venido al país por “negocios con criptomonedas”.