La Suprema Corte de Justicia abrió un sumario contra el médico forense que actuó en el caso por el que se concedió la prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien en agosto se fugó tras romper la tobillera. González Bica obtuvo el cese de la prisión efectiva, luego de presentar una serie de documentos apócrifos, que señalaban que por su estado de salud no podía permanecer en un establecimiento carcelario.
La resolución de la SCJ, sobre la que informó El País, señala que el médico forense no detectó que la documentación presentada por la defensa de González Bica era falsa y señala que tampoco lo advirtieron los otros funcionarios que tuvieron contacto con el expediente: la funcionaria administrativa, la actuaria, el juez y el fiscal.
González Bica accedió en agosto a la prisión domiciliaria, luego de presentar un documento que señalaba que era un paciente crónico renal, que habría sido visto por el médico forense. La maniobra fue descubierta a principios de setiembre, en el marco de la Operación César, que desbarató una organización integrada por la defensa del narcotraficante, la abogada Mercedes Acosta y Matías Campero, que simulaba ser abogado.
La organización presentó en varias causas documentos falsificados, algunos de ellos simulaban ser del Instituto Nacional de Rehabilitación, informes del Instituto Técnico Forense, o del Comisionado Parlamentario Penitenciario.
A principios de febrero la SCJ decidió no abrir un sumario contra la jueza de Crimen Organizado de 2° turno, María Helena Mainard, quien definió la prisión domiciliaria para González Bica, y aceptaron el informe de actuación presentado por la jueza.
Juan Antonio González Bica fue detenido el 12 de junio de 2022, en el marco de la Operación Pitágoras, en la que se incautaron 423 kilos de cocaína y pasta base que trasladaban en una falsa ambulancia por la ruta 8 desde Cerro Largo a Montevideo.