El empresario uruguayo-brasileño Fernando Santos Botti viajó a Colombia el 11 de mayo de 2023. Desde Bogotá se trasladó a la ciudad de Maicao, en el departamento fronterizo de La Guajira, y por allí ingresó a territorio venezolano. A sus familiares les contó que se trataba de un viaje de negocios, por una posible comercialización de mariscos, desde el mar Caribe hacia el sur del continente.
Desde esa fecha, la familia de Santos Botti no tuvo más noticias sobre su paradero. Apenas trascendió que una de sus hijas recibió un mensaje por Instagram, en el que le pedían 100.000 dólares a cambio de información sobre el lugar en el que podrían ubicarlo. Pero luego esa comunicación se cortó. Sus allegados también se enteraron de que un ciudadano venezolano habría acompañado a Santos Botti, un hombre de 50 años, hasta el puente binacional por el que cruzó la frontera. Y ya nada más se supo.
Casi nueve meses después, los familiares leyeron en los medios de comunicación de que seis personas habían sido imputadas en Artigas por formar parte de una red que captaba personas de Venezuela para trabajar en condiciones infrahumanas en una cantera de amatistas.
Una de las personas imputadas, de acuerdo a la versión de la familia, sería el ciudadano venezolano que acompañó a Santos Botti hasta el paso fronterizo. Además, el líder de la organización que investiga la Fiscalía de Artigas, el empresario uruguayo Martín Gorrochategui, tenía vínculos comerciales y personales con Santos Botti, según advirtieron los familiares.
Santos Botti era dueño de París Duty Free Shop, un centro comercial de la ciudad de Río Branco (Cerro Largo), ubicado a pocos metros del puente binacional Barón de Mauá, que conecta con la localidad brasileña de Yaguarón.
La abogada de la familia Santos Botti, según pudo confirmar la diaria, se puso en contacto hace unos días con la fiscal de Artigas de 2° Turno, Sabrina Masaferro, que tiene a su cargo la investigación por la red de trata que captó al menos a 34 ciudadanos venezolanos.
Los familiares de Santos Botti consideran que los celulares de Gorrochategui y su socio venezolano podrían tener información útil para el proceso de búsqueda del dueño del free shop. Ambos teléfonos fueron incautados en los allanamientos, pero todavía no han sido desbloqueados, ya que los imputados no quisieron proporcionar las claves de acceso. En esos procedimientos se incautaron además tres vehículos de alta gama: una camioneta BMW modelo X5, un auto BMW modelo 330E Iperformance Limousine y una camioneta Audi Q3 Advanced.
La información que los familiares de Santos Botti le proporcionaron a la fiscal Masaferro será analizada por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Fuentes del Ministerio del Interior explicaron a la diaria que, hasta el momento, la desaparición de Santos Botti venía siendo investigada por las policías de Brasil y Colombia. Además, señalaron que un hermano de Santos Botti enfrentó una causa por contrabando en la Justicia brasileña; en ese caso, según las fuentes, sí hubo colaboración de la Fiscalía y la Policía de Uruguay.
El caso de la trata
Ocho de los 34 venezolanos que fueron víctimas de la red de trata están todavía en un refugio en la ciudad de Artigas. Otro grupo de migrantes está en Montevideo y algunos ya se fueron del país, por Brasil. El jueves 7 de marzo se llevó a cabo la audiencia de declaración anticipada; empezó a las 14.00 y terminó a las 6.00 del día siguiente.
En esa instancia, las víctimas relataron cómo había sido el periplo que los llevó hasta Artigas y cuáles fueron las promesas de trabajo incumplidas. Los contrataron por redes sociales y les plantearon la posibilidad de obtener entre 1.500 y 2.000 dólares de ingresos mensuales por ocho horas de trabajo, de lunes a viernes. Los salarios base iban a ser de entre 250 y 500 dólares, y luego alcanzarían esas cifras prometidas mediante bonos por convivencia grupal, mantenimiento de las máquinas, productividad, horas extras. Alojamiento, comida, seguro médico y acceso a internet estaban asegurados.
Pero nada de eso sucedió. A las pocas semanas de estar instalados en la mina Santa Elena -ubicada en la zona de El Catalán, unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Artigas por ruta 30- les informaron que les iban a descontar wifi, comida y pasajes. Las jornadas pasaron a durar entre 15 y 17 horas diarias y les ofrecían descansar apenas dos domingos al mes.
“Si sabíamos de estas condiciones no veníamos”, repitieron los trabajadores venezolanos ante la fiscal Masaferro. Contaron que los despertaban para desayunar a las 5.00 y luego no comían nada hasta el mediodía. Tampoco durante la tarde, ya que la siguiente comida llegaba recién a las 21.00. En el medio sólo trabajan sin parar, según relataron.
Un venezolano le dijo a la fiscal Masaferro que se había lastimado una pierna mientras trabajaba en la cantera. Quiso ir al médico pero no tenía ningún tipo de documentación, ya que se los sacaron cuando llegaron al país. Les mantuvieron retenidos los pasaportes durante al menos un mes, y cuando reclamaban sus documentos “les decían que estaban en otro lugar, o que estaban en Montevideo, o en una chacra o en una caja fuerte”, concluyó la Fiscalía en su informe.
“Se sentían privados de su libertad ya que no se les permitía salir del lugar sin alguno de los involucrados. Se les cortó el wifi para que no se comunicaran con los que ya se habían ido”, señaló la Fiscalía, en otro pasaje del documento. Hay documentos, entre ellos uno de la Inspección General del Trabajo, y mensajes de celulares que avalan la teoría en la que la Fiscalía basó la solicitud de formalización a cuatro ciudadanos uruguayos y dos venezolanos.
La trata de personas está tipificada en el artículo 78 de la Ley 18.250, que establece penas de cuatro a 16 años de prisión para quienes “de cualquier manera o por cualquier medio” participen en el “reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas” para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana”. En este caso, según la Fiscalía, se configuró una situación de explotación laboral.
La fiscal Masaferro y su equipo concluyeron que están probados todos los pasos previstos en el artículo 78 y que hubo una “distribución de tareas” entre los seis imputados al momento de concretar la maniobra delictiva, que se descubrió a partir de la denuncia de una de las víctimas.
Para la captación o reclutamiento utilizaron publicidades engañosas en redes sociales y los principales involucrados en esa fase fueron los dos venezolanos imputados (una de ellas es psicóloga), según revela el material que aportaron las víctimas. En el caso del transporte, hay pruebas de que los pasajes se pagaron desde Uruguay (les mandaron los tickets aéreos por Whatsapp) y para comprobar la fase de acogida y recepción hay evidencia de que la escribana y funcionaria del Ministerio de Defensa, Sonia Mora, los recibió en el Aeropuerto de Carrasco, antes de llevarlos a un club de pesca en Montevideo y finalmente a Artigas.
En la audiencia de declaración anticipada surgieron otras particularidades: el dinero se enviaba a los familiares venezolanos mediante el servicio Zelle, los abogados de Gorrochategui dijeron que su defendido se dedicaba a “negocios nacionales e internacionales” y en la compra de la cantera Santa Elena se invirtieron unos tres millones de dólares (lo negociaron con el propietario de la mina, el empresario artiguense Daniel Mosselin).
Además, surgió que los venezolanos fueron autorizados a estar dos horas en el Carnaval de Artigas, pero no tenían ni documentos ni plata. También se dijo, como argumento contra la explotación laboral, que les habían proporcionado harina para arepas. Los venezolanos, sin embargo, dijeron que no era la harina adecuada para cocinar ese plato típico.