Más allá de las denuncias que se radican, las encuestas de victimización “son instrumentos de recolección de información cuantitativa que miden la vivencia de haber sufrido delitos”, tanto en forma personal como de otras personas en el hogar, según consta en la resolución que encarga la realización de estas encuestas al Instituto Nacional de Estadística (INE). Si bien las encuestas del INE tendrán periodicidad anual y bianual, la contratación del Ministerio del Interior sólo prevé la financiación de la primera edición de la encuesta nacional de victimización, que costará 12 millones de pesos, y de la “primera edición del módulo de encuesta”, que saldrá dos millones de pesos.
Se evalúa la victimización durante los seis o 12 meses previos a la aplicación de este instrumento y el objetivo principal es generar información estadística sobre las dinámicas asociadas a la seguridad para que los resultados sirvan como insumos para la toma de decisiones de las autoridades.
En la resolución se reconoce que “los ciudadanos sólo denuncian algunos hechos delictivos que sufren” y por eso “las encuestas de victimización se han vuelto una herramienta fundamental en los países desarrollados”, ya que pueden “complementar o sustituir los registros administrativos a la hora de valorar públicamente la evolución del delito”. Además, consideran que estas encuestas ofrecerán “un panorama más integral y detallado de la delincuencia y sus consecuencias, complementando la información recabada por los registros administrativos del Ministerio del Interior”.
Las encuestas de victimización se emplean por medio de una entrevista aplicada a una muestra de la población y así indagan sobre la percepción de seguridad, aportan para determinar la prevalencia delictiva para algunos delitos y estiman la “cifra oculta de la criminalidad”, lo que sirve para caracterizar las actividades criminales y la voluntad de denunciar y los motivos por los que las personas no denuncian. A la vez, es útil para examinar la confianza y el desempeño de las instituciones vinculadas a la gestión de la seguridad, entre ellas la confianza en la Policía y otras instituciones del sistema penal.
Hasta ahora, en Uruguay sólo se aplicaron dos encuestas nacionales de victimización. Una fue en 2011, a partir de un convenio entre el Ministerio del Interior y una consultora privada; la otra fue en 2017, mediante un convenio entre la misma cartera y el INE. Según consta en la resolución, esta encuesta se enfocó principalmente en las valoraciones de la ciudadanía sobre la inseguridad y la Policía, pero no incluyó “mayores observaciones sobre la cifra de delitos no denunciados”.