El Senado aprobó con votos del oficialismo la ley que crea ciberdelitos

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Con los votos del oficialismo, el Senado dio sanción definitiva al proyecto de ley que crea ciberdelitos, que había sido impulsado por el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal el 22 de julio de 2021.

El proyecto, que consta de 11 artículos, crea ocho ciberdelitos, agrega agravantes para la comisión de delitos ya existentes por medios telemáticos, plantea la realización de una campaña nacional educativa para aumentar la prevención, la creación de un registro de ciberdelincuentes, y brinda herramientas a los bancos para la inmovilización de los fondos en casos de movimientos no reconocidos.

El texto fue aprobado en general por 16 votos en 24. En tanto, en la votación del articulado los artículos referentes al registro de ciberdelincuentes y su intercambio entre las diferentes instituciones financieras para prevenir el ciberdelito y la inmovilización de fondos ante actividades sospechosas contó con el acuerdo de todos los partidos.

El responsable de presentar el informe de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología fue el senador Javier García, quien planteó la necesidad del proyecto en función del incremento de los delitos cometidos por medios telemáticos. “Es imperioso crear una serie de reglas para que los diferentes operadores jurídicos, como jueces, fiscales y también la Policía, tengan herramientas eficaces para el combate a los ciberdelincuentes”, expresó García, quien destacó también el valor del proyecto en su función de regular el ciberespacio y lo calificó como un “importante paso hacia la adhesión al Convenio de Budapest”, que es el único acuerdo internacional, creado por el Consejo Europeo, para regular el ciberdelito.

Durante el debate, la senadora Amanda Della Ventura se refirió al informe en minoría presentado por el Frente Amplio (FA) durante el debate en Diputados y señaló que, si bien la fuerza política de oposición comparte el objetivo del proyecto, que se propone regular el ciberdelito y proteger a los usuarios, el proyecto cae en “inflacionismo penal” al plantear el aumento de las penas como “única respuesta” a la seguridad digital.

Además, la oposición apuntó que el proyecto tampoco mitiga las amenazas en el ciberespacio, en la medida en que no establece obligaciones para los prestadores de servicios financieros y no financieros que almacenan datos personales y tienen la responsabilidad de brindar seguridad en el ámbito digital.

Por otra parte, Della Ventura destacó los informes de la Universidad de la República, que coincidieron en que los delitos propuestos son innecesarios porque pueden ser incluidos en la normativa vigente y generarán duplicidad de delitos. Los senadores del FA plantearon que la imprecisión en la descripción de las conductas tipificadas genera riesgos “al incluir conductas inocuas o cotidianas entre las posibles conductas a censurar”.

Este último punto también fue cuestionado por algunos legisladores oficialistas. Juan Straneo (PN) observó que el proyecto plantea tipos penales abiertos, principalmente en su artículo primero, que va contra el “principio rector de que no hay pena sin delito, ni delito sin ley que lo establezca”.

Por su parte, Rodrigo Blás, también del PN, dijo que el artículo primero “es de un peligro y un desastre penal que realmente mete miedo”. “Voté porque había que votar”, agregó, y puso como ejemplo que, tal como está redactado, una persona que envíe un comunicado para cobrar una deuda puede cometer ciberacoso si afecta la vida de quien lo recibe. “La falta de la tipificación de que haya una causa injusta hace que este artículo sea un saludo al disparate, es realmente espantoso”, afirmó.

Otro punto cuestionado por la oposición fue el artículo 9, que plantea que el Poder Ejecutivo “promoverá una campaña nacional educativa” en los centros de Secundaria y UTU, lo que afecta la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública. “No puede la ley determinar qué sucede en las aulas de Secundaria y UTU, y es lo que acabamos de votar”, advirtió el senador frenteamplista José Carlos Mahía.

Los ciberdelitos tipificados en la ley

A partir de la promulgación de la ley quedará tipificado el delito de acoso telemático, por el que se prevén penas de entre tres meses y tres años de penitenciaría para quien “vigile, persiga o procure cercanía física o intente establecer contacto con una persona [...] de tal modo que altere gravemente el desarrollo de su vida”; el delito de fraude informático, con penas de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría para quien, mediante manipulaciones informáticas, realice operaciones financieras en su propio beneficio; el delito de daño informático, con penas de seis a 24 meses de prisión para quien destruya documentos o sistemas informáticos.

También se crea el delito de acceso ilícito a datos informáticos, que prevé penas de seis a 24 meses de prisión para quien, sin autorización, acceda, difunda o venda información; el delito de interceptación ilícita de transmisiones privadas, y el de vulneración de datos, previsto para quien “acceda, se apodere, utilice, o modifique datos confidenciales”, ambos con penas de entre seis y 24 meses de prisión.

El proyecto también creó el delito de suplantación de identidad, que prevé penas de uno a seis años de penitenciaría para quien usurpe la identidad de una persona física o jurídica por medio de un sistema informático para obtener un beneficio; y el delito de abuso de los dispositivos para quien produzca, importe o facilite a terceros programas, sistemas o datos que faciliten “inequívocamente” la comisión de un delito, algo que será penado con seis a 24 meses de prisión.

Sebastián Cal: “Todos estamos expuestos”

El creador del proyecto, el diputado Sebastián Cal, dijo que “una de las patas más importantes del proyecto es la campaña nacional de educación, no solamente en ciberseguridad sino también en el tema financiero”, y agregó que es un tema “que está muy vinculado también a todo lo que ha trabajado Cabildo con respecto a la usura”. Además, destacó que el proyecto “contempla los requerimientos que tienen convenios de cooperaciones internacionales muy importantes, como el Convenio de Budapest, que tiene más de 70 países adheridos”.

“Tiene también una fuerte impronta en la ciberseguridad, ya que trata los temas de todos los tipos de ciberdelitos a los que estamos expuestos, algunos más, otros menos, dependiendo de la franja etaria, pero todos estamos expuestos hoy al acceder a medios telemáticos como una computadora, un celular o lo que sea”, agregó.

Otro punto destacado por Cal es el registro de ciberdelincuentes y la posibilidad que se otorga a los bancos de detener transferencias sospechosas sin necesidad de esperar la autorización del Banco Central: “Si el banco ve que te están haciendo una transferencia de apariencia dudosa, tiene que poderlo frenar en el momento, no se puede esperar al otro día a un horario de oficina”.