La jueza en lo penal de 33° turno, María Helena Mainard, rechazó un pedido realizado en conjunto por la fiscalía y las defensas de los imputados para prorrogar el plazo para iniciar la etapa de juicio oral, debido a errores que encontraron en el auto de apertura del juicio oral, en el caso que investiga explotación sexual contra adolescentes, conocida como Operación Océano.
El auto de apertura es el documento que entrega el juez de garantía al juez de juicio y es la única guía que tiene el juez para saber quiénes son los testigos que van a declarar en relación a qué hechos, cuáles son las pruebas que fueron admitidas para presentar en las audiencias y cuáles son los hechos que se dieron por acreditados en el proceso.
En el caso de la Operación Océano hubo cuatro jueces de garantías, que son los jueces que preparan el proceso hasta el juicio. Entre el inicio de la causa y febrero de 2021, la causa fue llevada por Adriana de los Santos, quien realizó las primeras formalizaciones del proceso contra imputados, en mayo de 2020, y llevó adelante el proceso, principalmente dirimiendo cuestiones vinculadas al acceso a la carpeta por parte de las defensas y la transparencia en la documentación de la carpeta de la fiscalía, hasta que fue ascendida como ministra de tribunal.
A partir de febrero de 2021 la causa estuvo a cargo de la jueza Beatriz Larrieu, quien atravesó una de las etapas más conflictivas del proceso, con la preparación de la declaración de las pruebas anticipadas de las víctimas, hasta que en octubre de 2021 fue ascendida como ministra de tribunal y la causa la tomó la jueza María Noel Tonarelli, quien llevó a cabo audiencias de declaración de las víctimas y todo el proceso de audiencia de control de acusación, hasta febrero de este año cuando asumió la jueza Mainard, que debió conformar el auto de apertura del juicio, de unas 300 páginas, sin haber participado de las 50 audiencias de control de acusación en las que se discutió la acusación y la prueba que ingresaría a juicio.
Ante el primer documento, entregado en abril de este año, tanto la Fiscalía como las defensas de los imputados pidieron la suspensión de los plazos procesales hasta el 31 de mayo para evitar que ese documento llegara al juez de juicio Huberto Álvarez, y pudieran realizar correcciones, dado que existían varios elementos que habían sido determinados por la jueza Tonarelli que, a juicio de las partes, no estaban correctamente establecidos.
El 6 de agosto, la jueza presentó un segundo documento de auto de apertura para que fuera enviado a las partes y al juez, que una vez notificado tiene 90 días para convocar a la primera audiencia del juicio oral. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las defensas de los imputados volvieron a coincidir en que el documento tenía imprecisiones, advirtieron que esa situación generaría debates dentro del juicio oral, que son propios de la parte anterior del proceso y que ya fueron dirimidos por Tonarelli.
Nuevamente, las partes pidieron en un documento conjunto la suspensión de los plazos procesales hasta el 30 de setiembre, pero Mainard consideró que hasta el 30 de agosto es un plazo razonable para revisar el documento. Ante esa decisión, las defensas de los imputados decidieron apelar la decisión ante el tribunal en lo penal de 1° turno, pero Mainard advirtió que el artículo 269.1 del Código de proceso penal establece que los autos de apertura no se pueden apelar y rechazó elevar el recurso.
Tomada esa decisión, la fiscalía optó por presentar un escrito para pedirle a la jueza que reconsidere su posición, mientras que las defensas de los imputados presentaron un recurso de queja, señalando que “lo que estamos recurriendo las defensas en el caso no es el auto de apertura a juicio, sino la denegación de un derecho procesal que tienen las partes que en la contienda pueden pactar por cualquier motivo la suspensión de plazos procesales”.
“La juez de garantías no tiene poderes suficientes como para modificar la voluntad de las partes en un proceso acusatorio”, señalaron a la diaria desde las defensas de los imputados.
De mantenerse la decisión de Mainard, el juez Álvarez recibirá el documento del juicio de Operación Océano el 30 de agosto y tendrá hasta el 30 de noviembre para que empiece el juicio, que tiene a 11 imputados, dado que de los 34 investigados inicialmente por la fiscal Darviña Viera, 14 fueron sobreseídos por la propia fiscalía, y los nueve restantes fueron condenados por acuerdo abreviado.