La organización Datysoc realizó un informe sobre la propuesta que está a estudio del Parlamento sobre la “Generación y difusión de contenidos engañosos durante la campaña electoral”.
En el documento, al que accedió la diaria, Datysoc plantea que si bien se realizaron modificaciones que mejoraron algunos aspectos señalados por la sociedad civil, el proyecto “no cumple estándares adecuados para proteger la libertad de expresión”, por lo que llama a no votarlo. Entre las mejoras consideradas por la organización se encuentra que no existe censura previa y se evita que las plataformas controlen el discurso público, y tampoco las obliga a determinar qué contenidos son falsos y cuáles no, además de que se requiere de orden judicial para remover los contenidos.
Entre los puntos señalados como cuestiones que afectan la libertad de expresión, la organización señaló que “no corresponde” incluir en el bien jurídico tutelado la protección al honor y reputación de los candidatos. Además, advierte que los candidatos a cargos electivos “ya cuentan con figuras penales específicas que protegen su honor y reputación”, como el delito de difamación e injurias, previsto en el artículo 333 del Código Penal. “Siempre debe tomarse en cuenta que este tipo de figuras relacionadas con el honor y la reputación suelen ser utilizadas con fines de censura”, agregaron.
El informe cita la “Declaración conjunta sobre libertad de expresión y elecciones en la era digital” de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, que plantea que “no debería permitirse que a través de los medios de comunicación se realice publicidad política orientada específicamente en función de los datos personales de los destinatarios, en particular durante períodos de elecciones, salvo que tales personas hayan dado su consentimiento para que sus datos personales se utilicen para tal fin”.
Por otra parte, cuestionaron el contenido del artículo 12, que describe las circunstancias que habilitan a la Justicia a ordenar “todas las medidas tendientes a impedir la circulación” de contenidos que atenten contra el derecho a la ciudadanía de estar bien informada o la “competencia equitativa entre los contendientes políticos”, destacando que se trata de conceptos que deberían ser más específicos.
“Debe expresarse de forma explícita cuáles son las limitaciones que tendrá el juez para impedir la circulación de los contenidos [...] en especial la prohibición de bloquear sitios web completos [...] Sin límites precisos, no habrá garantías de que no se puedan dictar medidas cautelares claramente excesivas y perjudiciales para la libertad de expresión de toda la ciudadanía”, agregaron.
Otro punto planteado por Datysoc es la inconveniencia de recurrir a figuras penales para inhibir la generación de noticias falsas: “La criminalización de la desinformación genera efectos paralizantes del discurso público y trae consigo más problemas que soluciones”.
“No existen registros de casos nacionales de campañas coordinadas de desinformación en época electoral, por lo que no amerita ir directamente a la vía penal para resolver un problema potencial que aún no hemos podido analizar”, agregaron.