El recurso de hábeas corpus presentado por la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) junto a la diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz avanza a nivel judicial. El recurso fue presentado para que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tome acciones para atender la falta de personal, el hacinamiento y las condiciones de mantenimiento del complejo carcelario. El caso está a cargo de la jueza Blanca Riero.
La Justicia ya había condenado al Ministerio del Interior a una serie de medidas: bajar el hacinamiento, realizar un informe sobre la cantidad de funcionarios que se necesitan por persona privada de libertad y también se ordenó que se haga un informe de arquitectura sobre los principales problemas edilicios del complejo carcelario.
En la siguiente instancia, ordenó que el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Manuel Petit, recomiende un grupo de trabajo para dar respuesta al recurso.
Según la resolución judicial a la que accedió la diaria, en una nueva audiencia se condenó nuevamente a la cartera a asumir una serie de compromisos. Uno de ellos es que “el Ministerio del Interior se obliga a realizar una Junta de Traslado extraordinaria y descentralizada con competencia nacional, la que deberá pronunciarse en caso afirmativo o negativo en el término de 90 días, que pueden ser prorrogables en casos excepcionales por 30 días. Si la solicitud deviene de una patología y/o enfermedad acreditada, el pronunciamiento sobre el traslado de la persona privada de libertad deberá necesariamente efectuarse en el término de 30 días”.
También se obliga al Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a “comenzar a realizar un triage para captar a las personas privadas de su libertad que presenten problemas de adicciones y asociados y brindarles el tratamiento correspondiente según lo que disponga el médico”. Se plantea que esto se realizará de forma paulatina, comenzando por el módulo 4 del Comcar y siguiendo por los módulos 10, 11, 3 y 6. Se espera que esta intervención se cumpla en un plazo de dos a tres semanas por módulo. Luego, se continuará esta intervención en otros centros.
A su vez, se obliga al INR a que a partir de marzo de 2025 se incorpore en la currícula de formación para operadores penitenciarios esta temática en la formación, capacitación permanente sobre adicciones, lo que será impartida por personal idóneo.
Por otra parte, se dispuso que el próximo miércoles se realice una inspección ocular en el módulo 4, el que fue priorizado por “la complejidad de su situación”. Según explicaron desde Ofucipe, “esta instancia permitirá relevar de manera directa las condiciones actuales y documentarlas para su análisis”.
Desde el sindicato, celebraron “este importante avance, fruto de la lucha colectiva y el trabajo conjunto con actores políticos comprometidos con los derechos humanos y laborales”. Sin embargo, subrayaron “que este proceso está lejos de concluir y que nuestra organización continuará monitoreando e impulsando el cumplimiento efectivo de estas medidas”.