La jueza de Concurso de 2° turno, Constanza Farfalla, decretó el concurso necesario de República Ganadera y desplazó a Nicolás Jasidakis y Mauricio Mussio como autoridades del fondo ganadero, disponiendo que la administración de República Ganadera quede en manos de la síndica Zamira Ayul, quien fue interventora en la etapa de evaluación del concurso voluntario, que este martes fue rechazado.
La medida implica el levantamiento del secreto de correspondencia sobre todas las comunicaciones de la empresa, por lo que para utilizar cualquier medio o realizar cualquier comunicación en nombre de la empresa se debe solicitar la autorización de la síndica. Por otra parte, la jueza Farfalla decretó la fijación de domicilio y el cierre de fronteras indefinido para Jasidakis y Mussio, quienes deberán pedir autorización para salir del país. En la Justicia penal rige otro cierre de fronteras decretado a principios de marzo por el juez de Crimen Organizado Fernando Islas, que está vigente hasta el 22 de agosto. En el caso de la Justicia de Concurso, la medida se mantiene por todo el proceso, que podría llevar entre un año y un año y medio.
Además del llamado a concurso de acreedores, la jueza dispuso la convocatoria a una junta de acreedores para el 30 de setiembre. En esa reunión, la síndica realizará un informe de los activos encontrados en la empresa y se iniciará el proceso para que los damnificados certifiquen su condición de acreedor.
A diferencia del decreto de concurso de Conexión Ganadera, en este caso no se tomó como medida cautelar el embargo genérico a los responsables del fondo, que tiene un pasivo estimado de entre 70 y 80 millones de dólares.
La Justicia penal decretó en los últimos días el levantamiento del secreto bancario de las cuentas asociadas al fondo ganadero y la realización de varios informes a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a pedido del fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, quien deberá definir si la conducta de Jasidakis y Mussio se enmarca dentro de los delitos de estafa y apropiación indebida por los que están siendo investigados.