La jueza de Concurso de segundo turno, Constanza Farfalla, aprobó el concurso voluntario de acreedores del frigorífico Casa Blanca, de Paysandú, y designó como interventora para el proceso a Alicia Carlevaro, que se encargará de “coadministrar los bienes conjuntamente” con las autoridades del frigorífico, según consta en la resolución.
Asimismo, la junta de acreedores fue convocada por la jueza para el 21 de octubre. En esa instancia la interventora presentará un informe y se acordará un convenio o un plan de liquidación, que deberá ser votado por la mitad más uno de los acreedores. Fuentes vinculadas al caso explicaron a la diaria que el juez dispuso la designación de una interventora y no de un síndico porque la masa activa es mayor que la pasiva, por lo tanto, por el momento no se requiere un desplazamiento de las autoridades.
La empresa pidió el concurso voluntario en febrero de este año y envió a 450 trabajadores a seguro de paro, luego de que se redujera su actividad, producto de que algunos de sus proveedores se negaron a proporcionar ganado por ser uno de los deudores de Conexión Ganadera. En concreto, la empresa dirigida por Pablo Carrasco y Gustavo Basso le había prestado 27,7 millones de dólares al frigorífico.
El gerente general del frigorífico, Carlos Fuidio, dijo a la diaria que el concurso en este caso no determinó ningún tipo de desplazamiento de las autoridades y que la idea es “trabajar en conjunto” con la interventora para encontrar la “mejor salida”. Fuidio remarcó que el espíritu del concurso es tratar de que la unidad productiva “siga funcionando, trabajando y generando mano de obra” y así “poder seguir adelante con el frigorífico”.
También sostuvo que “está arriba de la mesa” la posibilidad de vender la empresa y han hablado con “tres o cuatro inversores que realmente están interesados en algún tipo de compra o algún tipo de asociación”. Fuidio explicó que los negocios nuevos permitirán “trabajar, desarrollar y generar faena”, pero no les servirá para “pagar lo anterior”. Agregó que el pago de “lo anterior vendrá de la mano de inversores o de líneas de crédito”.
El gerente general del frigorífico contó que recientemente cerraron un negocio con un inversor para seguir “trabajando lo más normal posible, faenando y cargando contenedores”. Según dijo, “en principio no tiene fecha de finalización” y la idea es no sólo hacer este negocio, sino anexar algún otro y también generar nuevos acuerdos para que la faena siga creciendo.
La semana pasada, el frigorífico retomó las actividades y anunció que trabajarán con 400 animales por semana, lo que implicará un incremento de faena y, por lo tanto, se reintegrarán 60 trabajadores, que se sumarán a los 80 que se mantuvieron en actividad.
Fuidio explicó que el frigorífico continuará con el régimen de “comprar una parte del ganado al contado y otra en un plazo de diez días”, cuando lo normal en la industria frigorífica son plazos de 45 días. La decisión de comprar a un plazo corto apunta a “tratar de conseguir más volumen de materia prima y a su vez ir recomponiendo de a poco la confianza de los productores y de los consignatarios”, explicó.
A principios de abril, Fuidio fue citado a declarar como indagado ante el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez. En la audiencia, Fuidio puntualizó que recibió los 27,7 millones de dólares del escritorio Basso Negocios Rurales y que los montos otorgados a su frigorífico debían estar registrados en los estados contables del escritorio rural. Por su parte, dijo que la deuda contraída con Conexión Ganadera aparece en los documentos que presentó el frigorífico en el ámbito concursal, según informó el periodista Eduardo Preve en X.