A las 10.00 del 29 de abril comenzará el juicio oral de la causa Operación Océano, que investiga delitos sexuales contra adolescentes. En la primera audiencia, el juez en lo penal de 41er turno, Huberto Álvarez, presentará el documento de apertura del juicio, que servirá como guía para el proceso en el que se determinará la responsabilidad penal de las 11 personas acusadas de delitos sexuales.
Una vez que Álvarez presente las condiciones del juicio y las pruebas que fueron admitidas para cada parte y relate los hechos en los que se basará la discusión, será el turno de la fiscal de Delitos Sexuales de segundo turno, Mariana Alfaro, quien en sus alegatos de apertura defenderá los lineamientos presentados en la acusación contra los imputados, entre los que se encuentran el exdiputado suplente del sector Ciudadanos del Partido Colorado Nicolás Ortiz, el exjuez de adolescentes Washington Balliva y el empresario Ariel Pfeffer.
Ortiz enfrenta un pedido de condena por parte de la fiscalía de seis años de penitenciaría como autor de un delito de suministro de estupefacientes agravado, dos delitos de retribución a menores de edad a cambio de ejecutar actos sexuales o eróticos de cualquier tipo a título de dolo eventual, previsto en el artículo 4 de la ley de violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces (17.815).
Como parte de la prueba presentada contra Ortiz se encuentra la declaración anticipada de la principal víctima del caso, que fue tomada en abril de 2022 por la jueza María Noel Tonarelli, así como audios, videos y mensajes de texto que surgen de la extracción del celular de la víctima. Además, está previsto que durante el juicio declaren cuatro personas que darán cuenta de su actividad como docente y tres peritos del Departamento de Delitos Informáticos de Interpol que presentarán la prueba documental de la extracción del celular.
Balliva fue acusado por la fiscal Alfaro como responsable de un delito de comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico en el que aparezcan menores de edad, previsto en el artículo 2 de la Ley 17.815, un delito de producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces, previsto en el artículo 1 de la misma ley, y un delito de retribución a personas menores de edad, previsto en el artículo 4. Alfaro pidió una pena de seis años de penitenciaría para el exmagistrado.
Entre las pruebas pedidas por la fiscalía para demostrar la responsabilidad de Balliva se encuentra la declaración de una de las víctimas, quien tenía 15 años en el momento de los hechos y declaró en forma anticipada en diciembre de 2021, a lo que se suman nueve fotografías en las que quedaron registrados los hechos que se denuncian. Además, un testigo dará cuenta de la concurrencia de la víctima a su centro de estudio, en donde fue contactada por Balliva, y también declararán los peritos responsables del informe psicológico de la víctima y los peritos de Interpol que extrajeron las imágenes del celular del acusado.
Pfeffer fue acusado como autor de un delito de retribución a menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo a título de dolo eventual y enfrenta un pedido de condena de cinco años por parte de la fiscalía. Entre las pruebas que la fiscalía presentará contra Pfeffer se encuentran la declaración anticipada de tres víctimas, las conversaciones del celular entre las víctimas y el acusado, además de las pericias por las que se extrajeron archivos de texto e imágenes que documentan los hechos denunciados.
De los otros ocho acusados, cinco enfrentan pedidos de condena de seis años de penitenciaría, en todos los casos por el delito de retribución a personas menores de edad, y en el caso de tres de ellos también por el delito de comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico con menores de edad. De los tres restantes, dos enfrentan pedidos de condena de cuatro años de penitenciaría y uno de tres, todos por el delito de retribución a personas menores de edad.
Las primeras imputaciones por la causa Océano se hicieron en mayo de 2020. Tras dos años de investigación, durante los cuales fueron indagadas 37 personas, la fiscalía presentó su acusación; 17 de los acusados fueron sobreseídos por la fiscalía, nueve alcanzaron un acuerdo abreviado y los otros 20 definieron ir a juicio oral.