El fiscal Ricardo Perciballe, miembro de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), se refirió al conflicto que enfrenta su gremio debido a las recientes resoluciones de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, que, consideran, “afectan” el uso de las licencias de los fiscales y el pago de las subrogaciones establecido por ley, y que se enmarcan, además, en un contexto de malestar por la falta de respaldo de la jerarquía ante los ataques provenientes del poder político.
“Lo que nos molestó más de la doctora Ferrero es que, frente a toda la problemática que estamos viviendo, no sólo no nos haya respaldado contra los ataques que hemos sufrido en estos últimos días, sino que además dicta resoluciones que perjudican nuestros derechos totalmente asumidos, totalmente incorporados dentro de nuestra realidad”, sostuvo Perciballe en diálogo con Nada que perder de M24.
El accionar de la institución fue cuestionado por parte del Partido Nacional y sus integrantes, en el marco de la imputación al exintendente de Soriano y candidato para ese departamento Guillermo Besozzi por delitos como peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. Al respecto de esos hechos, Perciballe sostuvo: “Uno espera siempre que un jerarca respalde la función de un subalterno. En este caso no ocurrió, y no sólo no ocurrió, sino que se dictaron medidas de protección hacia otros actores”, en referencia a la decisión de la Fiscalía de prohibir la difusión de los pedidos de formalización que los fiscales presentan ante la Justicia.
Sobre esta última resolución, Perciballe expresó que “contraría absolutamente el principio de publicidad, que es uno de los principios básicos del nuevo [Código del] Proceso [Penal]”, y “claramente atenta contra la transparencia”.
Perciballe acotó que, antes del caso Besozzi, “los dictámenes se publicaban, porque los dictámenes es importante que se publiquen para que la ciudadanía conozca el trabajo de los fiscales”. A partir de este caso, “se negó sin argumentos jurídicos” la publicación, dijo el fiscal.
El magistrado aclaró que la etapa de “investigación pura y dura” sí es reservada y “no debe haber filtraciones”, y afirmó que “si las hay, no son de los fiscales, porque toda filtración en una investigación perjudica la actuación de la fiscalía”. Cuestionó que se culpe a los fiscales de las filtraciones “sin ningún fundamento” y apuntó a que los abogados tienen acceso a la información de la carpeta investigativa y no son pasibles de responsabilidad administrativa y penal, como sí lo son los fiscales y policías. “¿Un colega se va a estar jugando su puesto o su carrera por filtrarle a un periodista una información? Parece muy descabellado”, consideró Perciballe.
El conflicto de la AMFU comenzó por la falta de acuerdo con la jerarquía en torno al horario para la lactancia de las fiscales y se vio agravado por las resoluciones de Ferrero, que la asociación ha solicitado que se dejen sin efecto. “Ante la negativa de la Fiscalía de revertir estas resoluciones y considerar un convenio colectivo sobre licencias por cuidado familiar, decidimos entender agotada la vía del diálogo y solicitar una reunión tripartita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, entre otras medidas manifestadas por los fiscales en un comunicado este martes.
Sobre la respuesta de Fiscalía, que emitió un comunicado en el que remarca que en la institución “siempre se tuvo actitud de diálogo y se realizaron varias concesiones que no fueron valoradas positivamente por la asamblea” de la AMFU, Perciballe consideró que el “diálogo existió”, pero “un diálogo bastante particular”, que se ha convertido en “monólogos” de la fiscal Ferrero, sostuvo.
“Las resoluciones que sacó la doctora Ferrero perjudican nuestros derechos”, afirmó el fiscal, y agregó: “Teníamos unos derechos establecidos y ella los cercenó”. Perciballe explicó que las resoluciones significan “un perjuicio muy grande”, especialmente para los fiscales del interior, “que son los que están más desprotegidos en estas situaciones, porque están trabajando en condiciones bastante complejas”.
El fiscal también desestimó que las medidas adoptadas por el gremio generen “daños en la seguridad de las personas o fallas en el sistema de justicia”, como manifestó la institución. “Las medidas tomadas son mínimas y son hasta el 14 de abril”, aseguró el fiscal, y apuntó que, “si hablamos de riesgo y si hablamos de problemática, deberíamos hablar de muchas más cosas”.
“Si hay riesgos, hay riesgos en muchos ámbitos, y fundamentalmente en [la Fiscalía de] Delitos Económicos, donde nunca existieron contadores, donde siempre exigimos que el presupuesto votara para contadores. No tenemos ningún contador”, aseveró Perciballe.
El representante de la AMFU criticó que hoy se preocupen por “medidas de este tenor, que son absolutamente mínimas”, cuando no se aborda “el problema de la seguridad pública”, en el cual la Fiscalía cumple “un rol muy importante, porque los fiscales somos los que dirigimos a la Policía. Y hace tres años y medio que estamos sin fiscal de Corte, y eso no le importa a nadie”, cuestionó.
En cuanto a los ataques del sistema político, Perciballe sostuvo que “afectan la institucionalidad y el sistema democrático” en tanto ponen en duda al sistema judicial y “la credibilidad de este pierde terreno”, lo que configura “una situación muy compleja, porque el sistema judicial es el último bastión que tienen las personas para defenderse del avasallamiento de los derechos”.
“Es inadmisible porque viola el principio de independencia técnica y es inadmisible porque actores de primer nivel no pueden decir las cosas que han dicho”, aseveró Perciballe. El fiscal consideró que los políticos son quienes “más tienen que cuidar la forma”, porque “detrás de ellos hay mucha gente que los votó, mucha gente que cree en ellos, y si ellos realizan las opiniones que han realizado, bueno, eso no es bueno para la institucionalidad”.