La jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, definirá este jueves sobre el pedido de formalización del proceso contra el socio fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, su esposa y socia Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, la viuda de Gustavo Basso, quien falleció en un siniestro de tránsito intencional en noviembre de 2024.
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El fiscal del caso, Enrique Rodríguez, pedirá en la audiencia imputar a Carrasco por un delito de estafa y lavado de activos, mientras que para Iewdiukow y Cabral pedirá una imputación por un delito de estafa. Además, solicitará como medida cautelar el embargo sobre una cantidad de inmuebles de las dos familias, por un monto que asciende a los 16 millones de dólares, que quedarían a disposición de los damnificados, siempre que así lo determine el responsable del proceso de concurso, el juez Leonardo Méndez.
Uno de los puntos críticos del debate será la disposición de medidas cautelares, dado que el fiscal Rodríguez pidió prisión preventiva para Carrasco y prisión domiciliaria total para Iewdiukow y Cabral, algo que en principio será apelado por las defensas de los investigados, que llevan adelante Pablo Donángelo y Eduardo Sassón, por Cabral, y Jorge Barrera y Marianella Melgar, por el matrimonio Carrasco-Iewdiukow, en el entendido de que las medidas vigentes -cierre de fronteras y fijación de domicilio- son suficientes para preservar el proceso, considerando que vienen respondiendo a la convocatoria de la Justicia y la Fiscalía.
La audiencia de formalización fue precedida por un intercambio entre defensa y fiscalía sobre la pertinencia de los delitos imputados, considerados por algunos abogados de los damnificados como insuficientes para los hechos que se analizan en la carpeta, al igual que las medidas cautelares que se solicitaron para Iewdiukow y Cabral, ambas socias del fondo ganadero.
En diálogo con la diaria, el abogado Claudio Chaban, que representa a un matrimonio que perdió 97.000 dólares invertidos en Conexión Ganadera, señaló que presentará un escrito ante la fiscalía planteando su desacuerdo con el pedido de formalización, por considerar que debía haber establecido otros delitos, como asociación para delinquir por el uso de las empresas en la maniobra. “Creo que se quedó corta la carátula; ya existe evidencia para imputar otros presuntos hechos delictivos”, comentó. Además, calificó como “insuficientes” las medidas cautelares pedidas para las socias y marcó la necesidad de asegurar el proceso. “Las medidas cautelares deben tomarse a los efectos de la protección de la víctima, de la sociedad, y en virtud de la magnitud de los hechos imputados; estamos hablando de 250 millones de dólares”, expresó.
Chaban dijo que en una situación de prisión domiciliaria las personas imputadas tienen acceso a un teléfono y a recibir personas sin la necesidad de un registro, algo que no sucede en un establecimiento carcelario. De todas formas, Chaban apuntó que en materia penal el proceso “recién comienza” y confió en que, a medida que lleguen nuevos elementos, se amplíe la formalización con otras imputaciones.
Por su parte, el abogado Juan Pablo Decia dijo que “el mayor avance que se va a dar en la causa” en la audiencia de formalización es el embargo por 16 millones de dólares. “Ese embargo va a ser llevado al fondo concursal para engrosar la masa activa, que es la garantía común de los acreedores”, subrayó y agregó que hay más dinero para embargar.
“La investigación económico-financiera tiene que seguir adelante, porque es la vía que permite identificar bienes, embargarlos y traerlos a la masa. Mañana conoceremos el detalle de esos bienes, quiénes son los propietarios y por qué los propietarios no están siendo indagados, y preguntaremos qué se piensa hacer con esas personas que son los beneficiarios de esos bienes que se embargarían, porque a priori uno entiende que esas personas incurrieron en un delito de lavado de activos”, señaló y dijo que en ese delito el dolo “se infiere”. “Esas personas tienen que ser llamadas a declarar”, agregó.
Decia sostuvo que el nuevo código de proceso penal le da un rol activo a la víctima y consideró que las defensas de los damnificados debieron tener acceso al pedido de formalización, algo que sí tuvieron los indagados. La posición de la fiscalía sobre este punto es que los indagados son los primeros que deben ser informados y que el documento se mantuvo en reserva para proteger los detalles del embargo que se pedirá en la audiencia.