La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, solicitó información a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) sobre el estado de declaración de los afiliados pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación (FGN).
La información, dada a conocer por el periodista Eduardo Preve, motivó al senador Eduardo Brenta a proponer a la bancada del Frente Amplio citar a la fiscal de Corte a la Comisión de Asuntos Administrativos de la cámara alta. Según escribió el legislador en su cuenta de X, la fiscal solicitó a la caja “los datos de 320 fiscales, información a la que no puede acceder” y, en particular, pidió información de Gabriela Aguirre Grompone, directora del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio Público, a quien se le habría iniciado “un sumario por mantener aportes a la Caja (aportes que realizaba desde antes de su función pública y que buscaba continuar para asegurar su jubilación, sin ejercer la profesión)”.
El artículo 50 de la Ley Orgánica de la FGN (19.483) establece como incompatibilidad con el desempeño del cargo de fiscal “el ejercicio profesional, remunerado o no, con el desarrollo de actividades industriales, comerciales o agropecuarias y con el desempeño de toda otra función pública o privada retribuida, salvo el ejercicio de la docencia en la enseñanza superior”.
Tras las declaraciones de Brenta, la Fiscalía General de la Nación manifestó en un comunicado que las afirmaciones del legislador “no son exactas”, aunque indicó que no iba a profundizar al respecto “por tratarse de actuaciones vinculadas a un procedimiento disciplinario y por lo tanto de carácter legalmente reservado”.
Lo que dicen las actas
Según consta en las actas públicas de la CJPPU, la información solicitada en un primer momento por la Fiscalía le fue proporcionada por decisión del directorio, pero con la opinión negativa de la Asesoría Jurídica de la caja. En concreto, Ferrero solicitó que se le informara si los funcionarios a su cargo tenían “la calidad de afiliado -con y sin ejercicio- y la fecha desde la que ostenta esa calidad en sus registros”. Asimismo, puntualizó que “si existiera algún caso excepcional en el que la información arrojara declaración de ejercicio, sería fundamental contar con la copia del formulario declarativo.”
El 29 de mayo de este año, la Fiscalía volvió a enviar un mail al directorio de la caja, en el cual señala que de la información remitida se constató que “una de las personas que figuraban en la lista fue detectada en ejercicio de su profesión”. Por lo tanto, volvió a pedir si se le podía enviar la documentación probatoria sobre la declaración de ejercicio.
La FGN designó como instructora a la abogada Claudia Arriaga, quien envió una carta a los directores, en la cual narra que se había “comunicado con el sector afiliados para conseguir la documentación acreditante de dicha declaración de ejercicio, lo cual parecería que no fue autorizado por el Directorio, pero no consta en el oficio referido”. En concreto, la instructora pidió que se le informe “si existe en los archivos de la Caja documentos acreditantes de la declaración jurada de la afiliada Dra. Gabriela Aguirre Grompone respecto del ejercicio profesional”.
El directorio consultó a la Asesoría Jurídica por la negativa a brindarle la información a la fiscalía, que respondió que lo hizo “en base al secreto tributario y a normas de protección de datos personales”. La gerenta de la Asesoría Jurídica, Natalia Gomensoro, respondió que “fue el Directorio, con opinión contraria, que resolvió entregar” la información que solicitó en un primer momento la fiscalía y, “en ese sentido, entiendo oportuno que la presente solicitud se derive a este cuerpo, desde que se trata del mismo asunto, ahora solicitando sobre algo ya informado”. Ante la respuesta de la asesoría, el directorio acordó solicitar un “informe puntual” sobre si correspondía “entregar el documento solicitado en este pedido”.
Al mes siguiente, el 5 de junio, el directorio resolvió no acceder al pedido de la fiscal de Corte, en virtud del informe de la Asesoría Jurídica, que estableció que “correspondería responder el pedido cursado indicando que no resulta posible brindar la documentación solicitada por comprender información alcanzada por el secreto tributario dispuesto en el Artículo 47 del Código Tributario, no estándose ante ninguno de los supuestos de excepción previstos en dicha norma, y no surgiendo tampoco de la comunicación recibida que se cuente con el consentimiento de los titulares para brindar dicha información”.
El 10 de junio, los directores discutieron sobre un borrador de respuesta a la Fiscalía, redactado por el director Gustavo Rodríguez Azcúe, quien señaló que existen “cotizantes o aportantes voluntarios” que tienen “una relación de dependencia con un organismo del Estado o en una empresa privada” y “aportaron voluntariamente a la Caja de Profesionales como forma de una segunda jubilación –un segundo seguro social–, no estando obligados a hacerlo porque su obligación es con el organismo con el que trabajan en régimen de dependencia”.
También se señaló que 40% de los afiliados de la caja son voluntarios, por lo que consideran que es un “capital enorme” que corresponde “defender”. “¿Cómo podemos hacerlo? Con el artículo 10 de la Constitución de la República. El principio es la libertad. Y solo la ley dictada por razones de interés general me puede indicar lo que está prohibido o me puede ordenar lo que tengo que hacer. Solo la ley. En este caso no tenemos una ley que prohíba que existan cotizantes voluntarios”, señaló Rodríguez Azcúe.
“Como recordarán, para los fiscales rige la incompatibilidad de su cargo con el ejercicio liberal de su profesión. Así lo marca su estatuto. De todas formas, esa incompatibilidad no tiene que ver con lo de cotizante o aportante voluntario de la Caja”, indicó.
El seguimiento del tema de la Asociación de Magistrados Fiscales
Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, dijo a la diaria que solicitaron un informe a los abogados de la asociación, a los efectos de analizar si hubo una “anomalía respecto de los derechos a la preservación del secreto tributario y también de los datos personales” por parte de la Caja de Profesionales. El informe, posteriormente, fue enviado a los socios de la asociación.
Según dijo, en el documento se señala que podría dar una “violación del secreto tributario” y se sugieren una serie de acciones a seguir. “Ellos lo que puntualizan más bien es que acá el error fue de parte de la caja, en principio, porque es el custodio del secreto tributario”, señaló.
En cuanto al accionar de la parte de la fiscal de Corte, Rosa señaló que no tienen elementos para sostener o evaluar si existen “visos de abuso de funciones, de pesquisa o algo así”.