Uruguay alcanzó las 16.570 personas privadas de libertad en diciembre de 2025, lo que implica una tasa de prisionización de 480 personas presas cada 100.000 habitantes. Este valor casi duplica al registrado en 2010, cuando se realizó el primer censo del sistema penitenciario.
Los datos surgen del II Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad que se presentó este viernes en el Ministerio del Interior. El relevamiento fue realizado entre febrero y diciembre del año pasado por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y el Ministerio del Interior, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y parte de una base de 13.182 casos, lo que implica una cobertura aproximada de 80% de la población privada de libertad.
El informe permite caracterizar a la población penitenciaria y saber quiénes son las personas que están presas, cuáles fueron sus trayectorias de vida y cómo viven en los centros penitenciarios. De las personas presas censadas, 92% son varones, 7,4% son mujeres, 0,3% personas trans y 0,1% declaró tener una identidad de género diferente a las anteriores.
En cuanto a la edad, la mayoría son jóvenes o personas en edades adultas tempranas: 40% tiene entre 25 y 34 años y 16% tiene entre 20 y 24 años. El relevamiento indicó que “a partir de los 40 años la proporción disminuye de forma sostenida, y la presencia de personas mayores de 50 años resulta minoritaria”.
La amplia mayoría de las personas presas nacieron en Uruguay (96,4%) y el resto mayoritariamente en Argentina y Brasil (ambos con 1,1%). “En términos generales, en los casos en que responden 'otra' predominan orígenes latinoamericanos, particularmente de Colombia, República Dominicana, Venezuela y Cuba, lo que da cuenta de una presencia extranjera mayoritariamente regional”, se agrega.
En cuanto a la variable de ascendencia étnico racial -que no fue registrada en el censo de 2010-, más de la mitad de la población se autoidentificó como blanca (54,7%), seguida por personas afrodescendientes (20,2%), otras ascendencias (11,7%) e indígena (4,2%). En tanto, 8,6% no declaró o no sabe su ascendencia.
Al respecto, el informe destacó las cifras del censo del Instituto Nacional de Estadística de 2023, que mostró que entre “la población general un 86% se autoidentificaba como blanca, seguido de un 10,4% afro, 6,3% indígena y 6,3% otra, se observa una importante sobrerrepresentación de la autoidentificación de la ascendencia como afro o negra y otra en el sistema penitenciario, dando cuenta del modo en que múltiples desigualdades (como las de género, edad, ascendencia étnico-racial) se intersectan”.
Las trayectorias de vida
“La situación de calle durante la infancia o la adolescencia está presente en las trayectorias de una proporción relevante de las personas privadas de libertad”, se indicó en el relevamiento, que mostró que 20% de las personas privadas declaró haber estado en esa situación. “Esto evidencia que la exposición a situaciones de extrema vulnerabilidad durante etapas tempranas de la vida constituye un rasgo relevante de las trayectorias de la población privada de libertad, tanto en Montevideo y área metropolitana como en el interior”, se indicó.
En cuanto a la institucionalización durante la infancia o adolescencia, “cerca de una de cada cuatro personas entrevistadas declaró haber atravesado alguna de estas experiencias”. En el caso de Montevideo y el área metropolitana, las personas estuvieron mayoritariamente institucionalizadas por infracción a la ley penal adolescente (casi 20% frente a 9,9% en el interior), mientras que en el interior es más grande el porcentaje de personas que fueron institucionalizadas bajo amparo o protección (8,9% frente a 6,6% en la capital).
Por otra parte, 22% de las personas declararon haber estado durante la infancia o adolescencia en presencia de personas del núcleo familiar cercano vinculadas a actividades delictivas o situaciones de violencia familiar.
Casi la mitad cometió el primer delito antes de los 18 años
En cuanto a la trayectoria delictiva, 46,4% de las personas encuestadas declaró haber cometido su primer delito antes de cumplir los 18 años. Dentro de ese grupo, el 12,6% señaló que lo hizo a los 12 años o antes. Sobre este aspecto, existen diferencias territoriales: 51,5% de las personas de Montevideo y del área metropolitana inició su trayectoria delictiva antes de los 18 años, mientras que en el interior solo 37% declaró haber cometido el primer delito siendo menor de edad.
La edad promedio declarada al momento de cometer el primer delito es de 23 años. No obstante, la mediana se ubica en los 18 años, “diferencia que responde a una distribución concentrada en edades tempranas, pero con presencia de inicios delictivos en edades considerablemente mayores, que elevan el promedio”.
Trayectorias educativas: desvinculación temprana
El censo mostró que existe una desvinculación temprana del sistema educativo: “51% de las personas privadas de libertad dejó de asistir por primera vez a la educación formal a los 14 años o antes, mientras que el 42,6% lo hizo entre los 15 y los 19 años. En conjunto, el 93,6% dejó de asistir antes de los 20 años”, se indicó.
“Entre los hombres, la salida del sistema educativo se concentra en mayor medida entre los 10 y 14 años (49%), mientras que entre las mujeres adquiere un mayor peso el tramo de entre los 15 y 19 años (43,8%). Entre las personas con otras identidades de género también se observa una mayor concentración de la desvinculación entre los 15 y los 19 años (52,7%). No obstante, dado el menor número de casos en esta categoría, estos resultados deben interpretarse con cautela”, se agrega en el informe.
Por otra parte, el relevamiento indagó sobre el máximo nivel educativo alcanzado -incluyendo los estudios realizados en privación de libertad- y 28,9% de las personas privadas de libertad no superó la educación primaria y 37,4% tiene ciclo básico incompleto. “En conjunto, prácticamente tres de cada cuatro personas (74,4%) tienen como máximo nivel educativo el ciclo básico completo o incompleto, o niveles inferiores”.
Delitos contra la propiedad
El censo analizó la “presencia de cada tipo de delito entre las personas privadas de libertad”. En ese sentido, los delitos contra la propiedad y, en particular, el hurto (25%) y la rapiña (18%) son los más frecuentes, seguido por delitos asociados a estupefacientes (21%). “Este patrón ya se observaba en el I Censo Nacional de Reclusos, en el que aproximadamente la mitad de las personas se encontraba privada de libertad por delitos contra la propiedad relativamente poco sofisticados, principalmente rapiña y hurto”, se indicó.
Por otra parte, 9,9% de la población está presa por delitos sexuales, 8,9% por homicidios, 7,6% por receptación, 5,3% por lesiones y 4,0% por violencia doméstica. “La comparación por género evidencia perfiles delictivos diferenciados. Entre los hombres predominan los delitos contra la propiedad y los vinculados a estupefacientes, un patrón que, dado su peso mayoritario en la población privada de libertad, se refleja también en los resultados observados para el total. En cambio, entre las mujeres adquieren un peso relativamente mayor los delitos relacionados con estupefacientes, al tiempo que disminuye la incidencia de los delitos violentos contra las personas y contra la propiedad”, se apuntó.
