La fiscal de Estupefacientes de cuarto turno, Angelita Romano, solicitó la formalización del proceso contra 11 personas que fueron detenidas por estar vinculadas a la construcción de un túnel en Ciudad Vieja, con el objetivo de robar un banco. La Justicia dio lugar al pedido de la fiscal y determinó como medida cautelar la prisión preventiva para los imputados, por un plazo de 180 días, mientras continúa la investigación.
Los imputados son de ciudadanía uruguaya, brasileña y paraguaya y habían comenzado a cavar un túnel en un local comercial en desuso, ubicado en 25 de Mayo y Colón. El objetivo era avanzar hasta el alcantarillado para llegar a la sucursal del banco Itaú de la calle Zabala, a dos cuadras de distancia del inicio del túnel, de 200 metros de largo.
Por esta causa, este miércoles fueron imputadas cinco personas en calidad de autores, tres en calidad de coautores y uno en calidad de cómplice por un delito de asociación para delinquir y un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación en grado de tentativa.
Por otra parte, se imputó a una persona por un delito de suministro de sustancia estupefaciente usando su hogar como venta y a otra persona por el mismo delito, sumado a un delito de porte y tenencia de armas de fuego y otro de tráfico interno de municiones.
En la tarde de este miércoles, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que el martes “se desbarató a una organización que tenía un plan definido, organizado, para perpetrar delitos de diversa naturaleza”. El ministro explicó que los “grupos o bandas organizadas se diversifican en sus actividades” y “no monopolizan un tipo de delito”. “Este es un ejemplo de una banda o grupo de personas que se organizaron para cometer varios delitos, entre ellos, la tentativa de hurto, la asociación para delinquir y el tráfico de estupefacientes”, señaló.
Negro destacó, además, que la operación tuvo un “componente muy específico”, que es haber evitado un “atraco a una institución financiera, lo cual hubiera ocasionado un duro daño y golpe a todo el sistema financiero del país y, en defintiva, a la economía nacional”. También dijo que era necesario “trascender las categorías de micro y macrotráfico”, porque “todas constituyen modalidades dentro de la organización criminal y todas son partes o eslabones de organizaciones criminales de alta complejidad”.
Julio Sena, director de Investigaciones, dijo que la pesquisa se inició en setiembre de 2025, a raíz de una denuncia anónima que se ingresó telefónicamente a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, en la que se establecía que existía un lugar de microtráfico en Neptunia. En ese caso comenzó a trabajar la Fiscalía de Estupefacientes de primer turno, que está siendo subrogada por Romano, en una investigación que llevó al allanamiento del local comercial en Ciudad Vieja, en el que se apuntaba a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.
En paralelo, a mediados de diciembre del año pasado, la Policía recibió “información de un posible ataque o vulneración de una entidad financiera de nuestro país, que podría llegar a ser a través de un túnel. A raíz de eso se dispusieron distintas órdenes de operaciones que hicieron que nuestro personal trabajara con horas de recargo durante las fiestas tradicionales, tratando de prevenir ese tipo de situaciones”, señaló.
En los últimos días ambas investigaciones “colidaron”, dijo Sena, y agregó que en total se hicieron cinco allanamientos. De las 11 personas detenidas, ocho son hombres y tres mujeres; siete son extranjeros y cinco uruguayos.
Sena también dijo que varias de las personas imputadas no tienen registrado un ingreso formal al país, al haber ingresado por Brasil. Asimismo, señaló que la Policía tiene conocimiento de que el local comercial allanado estaba alquilado desde julio y que por lo menos hace tres meses que comenzaron las tareas para realizar el túnel.
Consultado por la prensa sobre si existe una eventual vinculación entre los imputados y el Primer Comando Capital, Sena respondió que están “intercambiando información” con la Policía de Argentina, Brasil y Paraguay y han “obtenido algunas respuestas”. Además, explicó que “los procesos de identificación de las personas son por intercambio de impresiones dactilares” y eso lleva “un tiempo”, por lo que no se tiene “la certeza de decir que los documentos que portaba cada uno sean auténticos o no”.
También señaló que, de los primeros intercambios que han tenido con autoridades de otros países, “hay algunos ciudadanos brasileños que tienen antecedentes en su país por hechos similares y que podrían estar vinculados a algún grupo de crimen transnacional”.