Luego de la última audiencia ante uno de los tribunales federales de Virginia, Sebastián Marset incorporó a su equipo de abogados a Gene Rossi, un exfiscal con 30 años de experiencia en litigios vinculados al crimen organizado. Si bien aún no está formalmente presentado ante la justicia estadounidense, el equipo de defensores del narcotraficante uruguayo está integrado también por los uruguayos Santiago Moratorio, Rodrigo da Silva –que está instalado en Miami desde el 2000 y se ha especializado en arbitrajes internacionales, recuperación de activos, litigios comerciales y bienes raíces– y Michael Padula, un exfiscal del Departamento de Justicia, especializado en delitos complejos.
Rossi pertenece al estudio Carlton Fields, con sede en Washington, y está dedicado a volcar su experiencia como fiscal federal en la defensa de investigaciones sobre lavado de activos, fraudes y corrupción. Como fiscal participó en más de 100 juicios, 65 en la misma sede en la que será la causa de Sebastián Marset. Según consta en su CV, publicado en la web del estudio Carlton Fields, entre 1989 y 2001 trabajó en la División Tributaria y formó parte del Grupo de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado (OCDETF).
En 2001 fue nombrado fiscal federal del Distrito Este de Virginia, donde abordó casos de terrorismo, narcotráfico, fraudes tributarios, migración y ambiente. Tuvo un rol destacado en las investigaciones sobre el crecimiento del tráfico de opioides, fue subdirector de la Unidad de Narcóticos y director de la Unidad de Casos Especiales.
Participó en el caso “Cotton Candy”, conocida como la mayor investigación vinculada a los opioides en la historia del Departamento de Justicia, con más de 200 condenas, que involucró a médicos, farmacéuticos, enfermeros, pacientes y traficantes. Otro de los casos conocidos investigados por Rossi fue la condena del exdictador de Guinea Sekouba Konate, por falso testimonio y lavado de activos. Rossi recibió el premio a la Trayectoria Profesional de la Oficina del FBI en Washington en 2016, el premio al Abogado Destacado de la División de Impuestos en 1993 y fue reconocido por la DEA en 2005.
En su trayectoria como abogado defendió a un contador público en la causa contra el exdirector de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, al exabogado de Stormy Daniels en la causa contra el exasesor de Donald Trump Michael Cohen, por violaciones a la ley electoral, a un empresario haitiano acusado de estar involucrado en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, entre otros.
En la última audiencia del caso Maset, celebrada el viernes 20, el juez federal del Estado de Virginia, William B Porter, que oficia como juez de garantía, aceptó la suspensión de la audiencia hasta que el narcotraficante uruguayo pudiera presentar formalmente la defensa y fijo fecha para el 1º de abril. Hasta el momento, Marset ha comparecido con defensa pública.
Hasta ahora, lo que se sabe de la estrategia adoptada por el equipo es que irán contra la legalidad del traslado de Marset desde Bolivia a Estados Unidos, en un avión de la DEA, si bien las autoridades de los gobiernos boliviano y paraguayo, que es el país que tenía prioridad sobre la extradición por ser el primero que pidió su detención, expresaron su acuerdo con que Marset sea trasladado a Estados Unidos para garantizar su sometimiento a proceso, los abogados de Marset señalaron que se procedió a través de una expulsión ilegal, sin el debido proceso, que pone en dudas la legitimidad del proceso en Estados Unidos.
Marset es investigado por la Fiscalía por el delito de “conspiración para cometer lavado de dinero”. El pedido de formalización, fechado en marzo de 2024, marca que Marset en enero de 2021 se habría apropiado de “17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína” y señala que junto al uruguayo Santoro Vasallo, condenado a 15 años por la misma corte, “organizaron la recaudación y el blanqueo de al menos cinco millones de euros, la gran mayoría de los cuales se blanquearon utilizando el sistema bancario de Estados Unidos”.