La fiscal Angelita Romano alcanzó un acuerdo con dos imputados en la causa que investiga el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del 28 de setiembre, cuando dos personas dispararon contra las ventanas de la casa y lanzaron una granada contra el piso del patio.
La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, deberá controlar la admisibilidad del acuerdo alcanzado, que abarca a los dos autores materiales del hecho y uno de los que participaron en la planificación, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
Uno de los imputados es un hombre de 50 años, que admitió su responsabilidad como autor material del hecho y aceptó una condena por los delitos de asociación para delinquir, incendio, estrago y atentado. El otro imputado vinculado al ataque es un hombre de 52 años, que actuó en calidad de cómplice y será condenado por los mismos delitos.
Se trata de los dos primeros detenidos en la causa: el hombre que ingresó a la casa en la madrugada y uno de los hombres que esperaron en un Volkswagen Bora negro para hacer un cambio de auto para la fuga, que fue detenido horas más tarde en Villa Española.
Además, continúa la investigación de otros tres imputados, uno de ellos vinculado a la planificación del atentado, al que se le imputó asociación para delinquir, atentado y estrago. Otro de los imputados en la causa está vinculado a un taller mecánico en la zona de Nuevocentro, donde fue preparado uno de los autos que participaron en el hecho. Otro de los investigados es un joven de 21 años que fue detenido en el marco de otra investigación y fue imputado como parte de la planificación del hecho. Su padre, que también fue detenido, fue condenado en un acuerdo abreviado por receptación agravada y tráfico interno de armas, debido a que encontraron en su poder municiones pertenecientes a la Policía, pero quedó desvinculado de la investigación por el atentado contra Ferrero.
También se investiga a un hombre que fue detenido en enero de este año en Las Piedras, tras un allanamiento en el que se incautaron dos armas de fuego, cartuchos, estupefacientes, dos automóviles y dinero en efectivo en pesos uruguayos, paraguayos, chilenos, argentinos, reales brasileños y dólares estadounidenses, además de documentos presuntamente falsos como licencias de conducir y cédulas de identidad con su fotografía.
La principal línea de investigación apunta a una represalia por la incautación de dos toneladas de cocaína en una chacra de Punta Espinillo, en agosto de 2024. El jueves, por ese cargamento, fue condenado Luis Fernando Fernández Albín a diez años y tres meses de penitenciaría, pero no fue responsabilizado por el atentado, dado que la investigación apunta a Sebastián Marset.