La fiscal de Corte Mónica Ferrero compareció este martes ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que estudia el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para modificar el Código del Proceso Penal.
El proyecto de reforma del CPP fue el resultado de un proceso de trabajo de seis meses del Grupo Asesor Técnico (GAT) integrado por representantes de la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Defensoría, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados, el Ministerio de Educación y Cultura y la academia.
En diálogo con la diaria, la senadora Graciela Bianchi manifestó que la fiscal de Corte, quien concurrió acompañada por las fiscales Valeria Bovio y Adriana Edelman, que integraron el GAT, planteó la necesidad de acompañar con presupuesto los cambios planteados y advirtió que no es posible cumplir, por ejemplo, con los plazos planteados en el proyecto con los actuales recursos de la Fiscalía.
Uno de los plazos que se acelera es el tiempo para acusar, que pasa de un año a nueve meses cuando los delitos que se están investigando prevén una pena menor a dos años. Además, se plantea la posibilidad de que la defensa pueda pedirle al juez que establezca un plazo para formalizar el proceso, para racionalizar la duración de la investigación preliminar.
“El planteamiento de Ferrero fue que la reforma tiene que estar acompañada de presupuesto, porque si no, no se puede llevar a cabo”, señaló Bianchi, quien preside la comisión. La senadora dijo que Ferrero mencionó el hecho de que se crearon fiscalías, como la de Toledo, sin otorgar los recursos necesarios, tanto desde el punto de vista de la infraestructura edilicia como de recursos humanos. Bianchi dijo que la modificación implica una mejora y señaló que parte de la ineficiencia del sistema es la falta de plazos.
La comisión ya recibió a los integrantes del GAT, responsables del proyecto presentado por el Ejecutivo, y a la Asociación de Abogados Penalistas, que presentó su propio proyecto. Ese proyecto debe ser firmado por los senadores para que ingrese formalmente al Parlamento. Para que no sea identificado con ningún partido político, se buscará que cuente con la firma de senadores de todos los partidos con representación en el Senado.
Entre los cambios planteados que impactan en el trabajo de la fiscalía, está la ampliación de los elementos técnicos con que los fiscales pueden investigar –con la autorización judicial debida si la investigación vulnera derechos de las personas– la posibilidad de tomar declaraciones en la fiscalía a testigos, sin la presencia de las defensas de los imputados en la causa, y otorga un rol más protagónico al juez de garantías en la etapa de la investigación, lo que implica una mayor coordinación que debe hacer la fiscalía.
La delegación de la Fiscalía también se refirió al proceso de elaboración del proyecto y señaló que muchos de los temas planteados en el borrador contenían aspectos que no eran aplicables para el organismo. Muchos de ellos fueron quitados.
En varios pasajes el proyecto hace referencia a la presunción de inocencia del imputado y a la obligación de los funcionarios de no referirse a él como una persona culpable hasta que no se establezca la responsabilidad penal por sentencia ejecutoriada. Además, plantea que la fiscalía tiene la obligación de recoger evidencia aun cuando favorezca a la contraparte y plantea mayores exigencias para la fundamentación de un pedido de prisión preventiva, además de establecer un plazo concreto para presentar la acusación.
En cuanto a nuevas herramientas para la fiscalía, el proyecto amplía el alcance de las figuras del colaborador y el agente encubierto para todos los delitos, algo que estaba reservado para las investigaciones por lavado de activos. Además, facilita los procesos para la incautación y apertura de dispositivos, habilita el uso de drones en las mismas condiciones en que está actualmente habilitada la toma de fotografías y permite a la fiscalía pedir a cualquier persona física o jurídica la protección de datos que sean relevantes para la causa, antes de que esto sea autorizado por el juez.