La jueza en lo penal de 42° turno, Viviana Galletto, imputó con prisión a una mujer de 49 años y a otra de 46, responsables del residencial ubicado en Comercio y Mateo Cabral, en la Unión. Allí fueron encontrados 22 ancianos que estaban encerrados y en estado de abandono, algunos con síntomas de deshidratación y desnutrición.
La fiscal del caso, Silvia Lovesio, calificó de “paupérrimas” las condiciones en las que estaban encerradas las 22 personas, en su mayoría con deterioro cognitivo y problemas de movilidad. Según el relato de la fiscal, las responsables del residencial recibían a los familiares en el local de Comercio y Mateo Cabral, donde había condiciones adecuadas para el cuidado de los ancianos, pero, una vez que eran ingresados, los trasladaban a una casa ubicada a una cuadra, que no tenía ningún cartel identificatorio, donde no tenían acceso a cuidados elementales. Según declararon los familiares de las víctimas, en ningún momento les informaron que había otra casa, por lo que suponen que cuando concretaban las visitas –siempre con coordinación previa– sus familiares eran trasladados al local que era utilizado como pantalla.
Uno de los familiares declaró ante la Fiscalía que llevó a su suegra de 83 años al residencial en abril de 2023, y que en estos años nunca le hablaron de la existencia de otro local. Además, señaló que en los últimos dos meses le negaban la visita diciéndole que no estaba en condiciones de salud para recibir visitas. Tras el allanamiento, fue encontrada con síntomas de desnutrición y no alcanzaba los 30 kilos de peso.
Las responsables del residencial guardaban en una caja fuerte las cédulas de identidad y las tarjetas de débito que utilizaban para cobrar la jubilación de los residentes, a quienes cobraban unos 30.000 pesos por mes.
Fachada de la sede principal de residencial de adultos mayores, el 13 de julio
Foto: Guillermo Legaria
El operativo que descubrió el residencial clandestino
El caso comenzó en la noche del viernes, cuando tres ancianas empezaron a pedir auxilio, gritando hacia una abertura alta que daba hacia una casa lindera. Las mujeres advertían que estaban junto a ancianos caídos que necesitaban atención médica y que no tenían acceso a agua. Los vecinos, que dijeron a la Policía que desconocían que allí funcionaba un residencial, llamaron al 911 y la Policía llegó a la casa sobre las 23.00.
Según el relato de la Fiscalía, la Policía estuvo golpeando la puerta de la casa más de 30 minutos, mientras hacía averiguaciones para encontrar a los responsables. Un vecino les dijo que la dueña de la casa también era dueña del residencial de la esquina, pero cuando la Policía fue a consultar al residencial, un empleado les dijo que en esa casa no tenían ningún vínculo con el residencial, por lo que regresaron a la casa.
Finalmente, los vecinos permitieron que la Policía ingresara a una casa lindera y desde allí pudo ingresar a la casa donde estaban las ancianas a través de una azotea. Una vez en el lugar, forzaron una puerta e ingresaron al altillo de la casa, donde encontraron cinco ancianos en colchones en el piso, sin sábanas, con algunas colchas defecadas y orinadas.
Cuando la Policía comenzó a bajar hacia los otros sectores de la casa, encontró a un hombre, también mayor de edad, que estaba hablando por teléfono con la dueña del residencial. “Cómo no los voy a dejar entrar si ellos se metieron por la azotea”, expresó el hombre en la conversación, según el relato de la fiscal, que surge de las grabaciones de las cámaras personales que llevaban los policías en el operativo.
El hombre dijo que hacía seis días que estaba allí. Primero alegó que no tenía responsabilidad sobre los ancianos, pero luego reconoció que estaba al cuidado de ellos a cambio de que se le permitiera vivir allí.
En las habitaciones de la casa la Policía encontró varios ancianos que pedían agua, personas con problemas de movilidad tiradas en el piso y sin acceso a higiene o baño. Además, encontraron a otros dos que estaban postrados en el garaje de la casa. Cinco de los ancianos fueron trasladados en ambulancias a centros asistenciales, mientras que el resto fue distribuido a otros residenciales, por intermedio de la dirección de Inmayores, del Ministerio de Desarrollo Social, y otros quedaron con sus familiares.
La versión de las responsables del residencial
La versión de la defensa de la dueña y la encargada del residencial es que el hombre –de unos 70 años– que se identificó como “colaborador” de la casa se durmió y por eso no abrió la puerta a la Policía ni proporcionó las tareas de cuidado a los ancianos. Además, negaron que se encontraran deshidratados, lo que será contrastado con los informes médicos realizados a los ancianos que debieron ser asistidos en ambulancia.
En cuanto a las denuncias de los residentes, el abogado de las imputadas, Emiliano Loureiro, señaló que se trata de personas con problemas de salud mental y que lo denunciado no condice con la realidad que vivían en la casa. Sobre la clandestinidad del residencial, la dueña manifestó a la Fiscalía que había iniciado el proceso para habilitarlo, en principio, para nueve personas, pero que luego fueron llegando más.
Las imputaciones y las medidas cautelares
Las indagadas fueron imputadas por reiterados delitos de privación de libertad, omisión de asistencia, abandono de personas incapaces y estafa en calidad de autoras. Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.
“Estas personas estaban privadas de libertad, no tenían forma de salir, salvo que subieran por una escalera caracol y saltaran de la azotea hacia la casa de los vecinos”, señaló la fiscal Lovesio. Destacó el despliegue policial que implicó el ingreso de la Policía a la casa, así como los testimonios de familiares que señalaban que no se les permitía visitar a los internos, ya que permitieron fundamentar la formalización de la investigación por privación de libertad.
“Acá se violaron los derechos humanos fundamentales de estas personas, la dignidad, el derecho a la vida, a la integridad física”, señaló la fiscal, y mencionó el artículo 7 de la Constitución de la República y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificado por Uruguay en 2016.
En cuanto a la estafa, Lovesio planteó que se constituye en la medida en que se les presentaba un lugar para el alojamiento y luego eran trasladados a otro, y que retenían las tarjetas de débito de las víctimas.
La prisión preventiva que fue concedida por la jueza Galletto fue fundamentada por la fiscalía en función de la posibilidad de entorpecer la investigación, debido a que las imputadas tienen acceso a documentación útil para la investigación, además de que hay pericias pendientes, como los informes médicos de los ancianos, la respuesta de oficios remitidos al Banco de Previsión Social y otros informes para saber si se solicitaron préstamos a nombre de las víctimas.
