La asesora de políticas penitenciarias del Ministerio del Interior (MI), Ana Vigna, dijo a La mañana de la diaria que Uruguay tiene unas 16.600 personas privadas de libertad, aunque el país está en un “proceso de crecimiento exponencial de la población penitenciaria que viene hace décadas” y “año a año vamos superando nuestro propio récord”.
La proyección que tenían las autoridades era que se llegaría a 20.000 presos “a fines de esta administración”, pero “afortunadamente la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo un poco en este último tiempo”. Lo vinculó a decisiones que se tomaron desde la gestión penitenciaria, como que las personas con las condiciones adecuadas para redimir pena por trabajo y estudio lo puedan hacer, o apostar por “un fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas” para que las personas cumplan su condena fuera de las prisiones.
Consultada por la cárcel para reclusos primarios con penas cortas, Vigna explicó que “es uno de los tres nuevos establecimientos que se empezaron a construir durante la administración anterior” en la zona de Libertad, un nuevo complejo carcelario compuesto por las unidades 27, 28 y 29 separado del Penal de Libertad.
Primero se abrió la 29, destinada a personas formalizadas por delitos sexuales. A su vez, cuando egresen las próximas tandas de agentes y operadores penitenciarios en octubre, se abrirá la 28, pensada para personas condenadas por delitos de violencia basada en género, mientras que “en el primer semestre del año que viene tenemos pensado abrir esta tercera cárcel, la Unidad 27, destinada para individuos primarios con penas cortas”.
Vigna señaló que “un 40% de las personas que están presas están por penas menores a dos años”. En ese sentido, llamó a preguntarse “a qué tipo de delitos estamos destinando” las cárceles y, además de evitar el hacinamiento junto con el “contagio criminal”, permite pensar en “intervenciones diferenciadas”, y “mucho más en el afuera”, para “tender puentes” con los actores que recibirán a las personas tras su egreso.
“Sabemos que gran parte de la reincidencia se concentra en los primeros meses después de que la persona es liberada. Entonces, el trabajo para el afuera tiene que arrancar en el adentro. No podés esperar que la persona salga y eventualmente se vincule a la Dinali (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado)”, sostuvo.
El último dato sobre reincidencia, que data de 2023, indicó que el 65% de las personas liberadas reincide, pero Vigna indicó que se está por publicar un nuevo informe y la cifra “baja un poco”, aunque “la tendencia se mantiene bastante estable”. “Esas personas que están muchas veces vinculadas a delitos poco sofisticados y delitos contra la propiedad, como los hurtos o la receptación, son también las que tienen mayores tasas de reincidencia en los primeros meses de la liberación”, afirmó.
Medidas alternativas: hay “un debe” en mostrar su efectividad
Vigna consideró que existe “un debe en poder mostrar los resultados” de las acciones que se implementan, ya que hasta hace poco se desconocían los niveles de reincidencia, pero se demostró que la cárcel “en la mayoría de los casos no sirve” para evitarla y que está “asociada a la consolidación de trayectorias y grupos delictivos”.
Asimismo, no existe mucha información sobre los resultados de las medidas alternativas, por lo que se construyó un sistema para digitalizar los datos. “Las medidas alternativas son mucho más baratas que la cárcel y, según nos muestra la evidencia internacional, mucho más eficientes”, sostuvo, y agregó que esa es la línea que siguieron muchos países. “Pueden estar en libertad, por ejemplo, con tobilleras, o sujetas a controles policiales que hagan que disminuyan los niveles de prisionalización, que puedas enfocar los recursos que tenés a tratar con más intensidad a los individuos que tienen mayores riesgos y hacer un uso más racional de los recursos”, indicó.
En suma, demostrar “la efectividad de formas alternativas de responder ante el delito” podrá generar un cambio en la legitimidad percibida “tanto por la opinión pública como también por los operadores del sistema de justicia”.
Amenaza de Parentini: el MI trabaja en anticiparse a las situaciones
Vigna abordó las amenazas del delincuente Erwin Coco Parentini al titular del MI, Carlos Negro, y la titular del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche. Señaló que es “extremadamente preocupante”, pero no se trata de “la primera vez que se materializan este tipo de amenazas” sobre las actuales autoridades ni jerarcas de gestiones pasadas.
“Es un tema cada vez más recurrente, es preocupante, y está enmarcado dentro de un incremento de la complejidad criminal a la cual nos enfrentamos como país, y que eso se traduce también en los perfiles criminológicos que acaban dentro de los establecimientos de reclusión”, afirmó.
Sobre las medidas, dijo que el aislamiento “es una de las respuestas posibles”. Sin embargo, también trabajan para anticiparse a estas situaciones a través de “procesos de formación del personal penitenciario, procesos de formación en términos de inteligencia penitenciaria, vinculación más aceitada entre el sistema penitenciario y la Policía nacional, en particular en la inteligencia policial”, listó.
“Contrario a lo que se pensaba hace algunos años –que bastaba con poner a la persona tras las rejas para que estuviera incapacitada de cometer delitos–, lo que nos muestran la evidencia nacional y la evidencia internacional es que las cárceles son mucho más porosas de lo que imaginábamos”, indicó. Así, la cárcel “ha dejado de ser vista como la solución definitiva del problema de la criminalidad” y ahora “es parte” del problema.
