El militar retirado Juan Manuel Pagola se entregó a la Justicia uruguaya, según informó en un comunicado la organización Hijas e Hijos Uruguay. Según señalaron a la diaria fuentes allegadas al caso, Pagola se encontraba prófugo en Argentina desde principios de 2021 y hacía unos meses que no estaba pudiendo cobrar su jubilación, a partir de la gestión del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe para impedir el cobro de personas requeridas.
Pagola, quien fue jefe de la División Información del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), tiene cinco causas abiertas en nuestro país: por un lado, la que investiga la desaparición forzada del militante comunista Omar Paita, ocurrida en octubre de 1981 en el centro de torturas La Tablada, donde funcionaba la sede del OCOA; la que investiga la desaparición del militante comunista Félix Ortiz, quien fue secuestrado en la vía pública –en la intersección de José Belloni y San Cono, el 16 de setiembre de 1981– y trasladado al centro clandestino La Tablada, y la de la desaparición forzada de Miguel Mato, militante comunista secuestrado el 29 de enero de 1982, y trasladado a La Tablada, y probablemente asesinado el 8 de marzo.
Asimismo, Pagola es investigado en la causa presentada por víctimas del centro de torturas clandestino de La Tablada y en la causa presentada por violencia sexual contra 28 mujeres en la dictadura. De las cinco causas por las que es investigado, Pagola tiene pedido de procesamiento con prisión en la investigación sobre abuso sexual y en la desaparición de Paita, que podría definirse en las próximas horas, dado que desde su detención la Justicia tiene 48 hora para definir su procesamiento. El caso es investigado por la jueza penal de 23º turno, Isaura Tórtora.
En un comunicado publicado este martes, Familiares de Detenidos Desaparecidos destacó el trabajo de la Fiscalía: “Estos avances reafirman que, a pesar del paso del tiempo, los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes y que el Estado tiene la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familias”.
