Como cada 30 de agosto, este domingo se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Según recordó la Secretaría de Derechos Humanos, organismo dependiente de Presidencia de la República, la fecha fue reconocida como tal por la Organización de las Naciones Unidas en 2010, luego de que desde 1981 la impulsase la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam). Porque fue en América Latina “donde familiares sostuvieron durante décadas la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos bajo las dictaduras de la región”, recordó la secretaría mediante un comunicado.
En la declaración, el organismo ahora encabezado por Iliana da Silva reafirmó el compromiso del Estado uruguayo con la búsqueda de los detenidos desaparecidos, así como con “el derecho de las familias y de la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985”.
También el Frente Amplio (FA) se expresó al respecto. A través de un comunicado, la fuerza política afirmó que, “a más de cinco décadas del golpe de Estado”, la búsqueda de los detenidos desaparecidos sigue siendo “una obligación irrenunciable del Estado y un compromiso democrático de toda la sociedad”. “Conocer la verdad sobre lo ocurrido, determinar el destino de cada persona detenida desaparecida y avanzar en materia de justicia son responsabilidades que tendremos hasta encontrar a la última compañera o compañero desaparecido”, manifestó el FA, que reconoció especialmente la labor de la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, así como la de “todas las personas y organizaciones que durante décadas han sostenido la búsqueda y la lucha por verdad y justicia”.
“Una fecha para recordar, pero también para exigir respuestas”
Este año, Madres y Familiares organizó una actividad especial en la sala Zitarrosa. Allí, en la tarde-noche de este domingo, primero cantó la artista Camila Ferrari y luego expuso la historiadora Magdalena Broquetas, quien abordó el carácter sistemático y coordinado de la represión antes y durante la dictadura cívico-militar.
“Repensar la represión de la dictadura requiere volver a lo que se ha hecho con las consecuencias de esa represión en democracia, a la manera en que se configuró la transición democrática, a la manera en la que se procesaron las responsabilidades y cómo se tramitó socialmente el tema”, expresó Broquetas, antes de darle el micrófono a su colega Jimena Alonso, quien se enfocó en las políticas públicas que se han desarrollado en materia de memoria, verdad y justicia.
En su intervención, Alonso cuestionó la reciente decisión del gobierno de unificar la Secretaría de Derechos Humanos con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. La actividad fue transmitida por el canal de la Asociación de la Prensa Uruguaya.
La encargada de leer la proclama de Madres y Familiares, previo al cierre del evento –que estuvo a cargo de los músicos Pablo Riquero, Daro Riquero y Mario Carrero–, fue Karina Tassino, hija de Óscar Tassino, detenido desaparecido por la dictadura en 1977. “Otro año más nos encontramos aquí en una fecha profundamente significativa para nuestra asociación. Este día es el resultado de una larga conquista de las asociaciones de madres y familiares nucleadas en Fedefam, que desde los años 80 reclamamos no solamente una fecha, sino también una categoría capaz de nombrar esa situación tan particular en la que se encontraban y aún se encuentran nuestros seres queridos”, leyó Tassino.
Madres y Familiares expresó que los 30 de agosto son “una fecha para recordar, pero también para exigir respuestas”. La asociación recordó que “existen archivos, testimonios, registros y personas que saben” acerca de los detenidos desaparecidos, porque “la desaparición no fue casual”, sino “una práctica estatal realizada orgánicamente por las Fuerzas Armadas”, y, por lo tanto, “su responsabilidad permanece mientras no haya respuestas”.
Tassino apuntó que actualmente hay 205 personas detenidas desaparecidas “bajo responsabilidad o aquiescencia del Estado uruguayo”, lo cual “evidencia cuánto resta por conocer y reafirma una responsabilidad ineludible del Estado”.
“Ya no es tiempo de pedir paciencia ni de administrar lentamente las respuestas. Es momento de que el Estado cumpla. Hasta hoy ningún gobierno ha dado la orden que seguimos exigiendo: que el presidente de la República instruya a las Fuerzas Armadas a entregar toda la información que posean sobre el destino y el paradero de nuestros familiares. No estamos pidiendo un gesto simbólico. Es una decisión política, concreta”, expresó Madres y Familiares.