El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció el viernes en su cuenta de X que el Poder Ejecutivo resolvió unificar las secretarías de Derechos Humanos y de Derechos Humanos para el Pasado Reciente; ambas dependían de Presidencia.
En ese marco, el Poder Ejecutivo firmó un decreto que confirma la decisión del gobierno, según señaló a la diaria una fuente de Presidencia. “Motivaron dicha decisión razones de mejor servicio y la búsqueda de una mejor gestión”, explicó Díaz en X, y afirmó que “la mayoría de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ya habían sido asignadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos [y Defensoría del Pueblo] (INDDHH)”. De esa forma, sostuvo que la unificación de los organismos “permite racionalizar y optimizar los recursos humanos y materiales asignados”.
Hasta la semana pasada, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos era Collette Spinetti, quien fue cesada por el gobierno. En su lugar se designó a quien hasta ahora se desempeñaba como subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, Iliana da Silva.
Los cometidos que tiene actualmente la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente –dirigida por Alejandra Casablanca– serán asignados a la Secretaría de Derechos Humanos. Según detalló la fuente de Presidencia, el gobierno designará un coordinador para los temas vinculados al pasado reciente, que dependerá “jerárquica y técnicamente” de la Secretaría de Derechos Humanos, y esta, a su vez, dependerá del prosecretario de Presidencia.
Consultados por la diaria, tanto la INDDHH como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol y el PIT-CNT prefirieron no adelantar una opinión sobre la decisión hasta conocer el contenido del decreto.
Para Conrado Rodríguez, la resolución llega en “buena hora”
“¿Tiene sentido que Presidencia tenga dos secretarías de Derechos Humanos? Yo no le encuentro realmente. Hay dos secretarías y aparte está la INDDHH, ¿tiene sentido que el Estado tenga tres lugares donde tratan temas de derechos humanos?”, había cuestionado el diputado colorado Conrado Rodríguez a mediados de junio en una entrevista en la diaria Radio.
Luego del anuncio de Díaz, el diputado colorado dijo a la diaria que la resolución llega en “buena hora”, y recalcó que, a su juicio, no se entiende “la necesidad de tener dos secretarías que tratan prácticamente la misma temática”. “Si bien una estaba enfocada a determinado tiempo del país, nosotros creíamos que se podía optimizar recursos y hacerlo a través de una sola Secretaría de Derechos Humanos con facultades más amplias, que es lo que en principio terminaría ocurriendo”, señaló.
Consultado sobre la figura del coordinador que tendrá la secretaría, Rodríguez consideró que “es lógico” que dentro de una sola secretaría “haya una sección específica sobre el tema y que pueda coordinar las acciones con la INDDHH”.
Los cometidos de la secretaría y el contexto de su creación
En 2003, durante el gobierno colorado de Jorge Batlle, se creó la Secretaría de Seguimiento, cuyo cometido fue “atender y continuar los trámites pendientes iniciados por la Comisión para la Paz”, la cual había sido creada en el 2000 y tuvo como objetivo “dar los pasos posibles para determinar la situación de los detenidos desaparecidos durante el régimen de facto, así como de los menores desaparecidos en iguales condiciones”.
Diez años más tarde, en 2013, el gobierno frenteamplista de José Mujica transformó dicho organismo en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, y le otorgó como cometidos procurar el conocimiento de los hechos y la verdad sobre las desapariciones forzadas, asesinatos políticos y contexto fáctico de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y recibir denuncias sobre nacimientos de niños en cautiverio y sobre personas que fueron adoptadas, entre otros.
En 2015, en tanto, el Poder Ejecutivo le asignó a dicha secretaría la función de “soporte funcional y administrativo del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia”, que había sido creado ese mismo año para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización o apoyo, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado en el período 1968-1985.
Por último, en 2019, una vez ya creada la INDDHH, la Ley 19.822 le encomendó la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas a la institución, por lo que se traspasaron los archivos del grupo de trabajo y se definió que la secretaría continúe con las tareas de digitalización de la información para su entrega a la INDDHH.