La iniciativa del senador colorado Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, para otorgar la prisión domiciliaria a mayores de 70 años, que según anunció presentará como artículo aditivo en la Rendición de Cuentas, no cayó bien en el grupo colorado Unión de Jóvenes Reformistas (UJR), que forma parte de Unir para Crecer, el sector liderado por el senador colorado Andrés Ojeda. En un comunicado publicado este sábado, la agrupación reafirmó “los principios que históricamente han inspirado al batllismo: el respeto irrestricto al Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, la igualdad ante la ley y la defensa de la dignidad humana”.
En el comunicado se subraya que el batllismo construyó una tradición política basada en instituciones fuertes, en la separación de poderes y en la convicción de que “la Justicia debe actuar con independencia, libre de presiones políticas y de soluciones dictadas por coyunturas o conveniencias circunstanciales”. “Los delitos de lesa humanidad constituyen algunas de las violaciones más graves que puede sufrir una sociedad. Las víctimas, sus familias y la búsqueda permanente de la verdad y la justicia merecen el compromiso indeclinable del Estado uruguayo y de toda la sociedad”, se agrega.
La UJR –grupo al que pertenece el único edil que tiene el Partido Colorado en Montevideo, Federico Paganini– subraya que la legislación uruguaya “ya contempla la posibilidad de conceder prisión domiciliaria cuando existen razones humanitarias o de salud debidamente acreditadas”. Se señala que, en esos casos, no existe un beneficio automático, ya que “es un juez independiente quien analiza las circunstancias particulares de cada persona, valora la prueba, considera los informes médicos y resuelve conforme al derecho vigente”. “En nuestro país ya hubo condenados por delitos de lesa humanidad que cumplieron prisión domiciliaria”, se resalta.
La agrupación agrega que ese sistema “expresa un principio republicano fundamental: la confianza en el Poder Judicial y en la capacidad de sus magistrados para decidir cada caso de manera imparcial, ponderando los derechos en juego y las circunstancias concretas”.
“La propuesta actualmente en discusión altera esa lógica. En lugar de confiar en el análisis individual realizado por el juez, establece un criterio automático basado exclusivamente en la edad. Cumplidos los 70 años, el beneficio se otorgaría por imperio de la ley, prescindiendo de la valoración judicial sobre la existencia de razones humanitarias que lo justifiquen en el caso concreto”, se subraya en el comunicado.
Entonces, para la UJR, la iniciativa no trata “de ampliar una herramienta humanitaria inexistente, porque esa herramienta ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico”, sino de “sustituir la decisión fundada de un juez por un automatismo legal que elimina la necesaria evaluación de cada situación particular”.
“Nuestra tradición política nunca aceptó que los principios republicanos quedaran subordinados a intereses coyunturales. Así no se construye país. Defendemos la democracia, condenamos toda violación a los derechos humanos y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, siempre dentro del marco del Estado de derecho”, agregan.
Por último, la agrupación colorada señala que el batllismo ha sostenido históricamente que “una República se fortalece cuando sus instituciones funcionan con independencia y cuando las leyes son generales, razonables y respetuosas de la igualdad ante la ley”. Por lo tanto, ese legado los “obliga a defender hoy un sistema en el que las decisiones judiciales continúen siendo el resultado del análisis de cada caso concreto y no de automatismos que desplazan la función jurisdiccional”. “Como batllistas, no creemos en las leyes con nombre y apellido. Creemos en las leyes que fortalecen a las instituciones, no [en] las que intentan sustituirlas”, finaliza el comunicado.
Esta no es la primera vez que la UJR se expresa en contra de una iniciativa de este tipo en el actual período legislativo. A fines de 2025 también lo había hecho, no solo ante una propuesta similar de Bordaberry –el senador viene insistiendo con el tema desde que asumió su banca–, sino también ante un planteo similar del diputado nacionalista Rodrigo Goñi.