Hace ya unos meses, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, siendo todavía presidente del Congreso de Intendentes pero expresamente a título personal, propuso “ir afianzando el concepto de que el que rompe paga” con relación al uso de la caminería rural, sobre todo, por parte del sector forestal. En aquella oportunidad, el dirigente nacionalista dijo que “la actividad forestal se ha desmadrado en cuanto a su planificación” y agregó que “cuando se planta donde uno quiere, cuando se dan autorizaciones para plantar donde quieran, salen por donde quieren y rompen lo que quieren”. Esto provocó una respuesta inmediata por parte de la Sociedad de Productores Forestales.
A instancias de la diputada del Frente Amplio Susana Camarán, el tema resurgió días atrás en el Parlamento, en ocasión de la comparecencia del Congreso de Intendentes ante la comisión de la Cámara de Diputados que tiene a estudio la Rendición de Cuentas. Camarán recordó el planteo que había hecho Olivera de evaluar “alguna forma de cobrarles a las empresas que hacían uso intensivo de esas rutas, como una forma de devolución”, y preguntó si el Congreso de Intendentes “como tal, como colectivo, ha iniciado un debate de este tipo”, que, a su juicio, “parece bastante pertinente”.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Carlos Enciso, intendente de Florida y flamante presidente del Congreso de Intendentes, informó que actualmente se está tratando de generar junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) un fideicomiso “para dar respuesta a la nueva caminería rural, vinculada a la presión, a la carga forestal y a los ejes forestales que hoy no tributan en los departamentos”.
El también dirigente del Partido Nacional dijo que en este momento se precisan “algunas obras importantes de sustitución de estándar de balastro por carpeta asfáltica”. “Lo que ocurre es que una carpeta asfáltica de un kilómetro vale 900.000 dólares, por lo que hay que tener claro, en parte, toda esta problemática. Además, las intendencias no tenemos esos recursos directamente”, remarcó.
“Esquivan balanzas y peajes nacionales”
Enciso, que había adelantado su postura sobre este tema en la diaria Radio, señaló que, cuando se instalaron las distintas plantas de celulosa en Uruguay, el sistema político “en general” otorgó “las condiciones para que esa madera saliera al puerto”. “Pero de lo que todos nos olvidamos, como gobiernos, como dirigentes principales del país en estas épocas, en estos años históricos de desarrollo –desde el 80 y pico hasta acá–, es de cómo llega esa madera a las plantas”, en referencia al traslado de los troncos desde las plantaciones hasta las industrias, ubicadas en Río Negro, Colonia y Durazno.
El intendente de Florida señaló que “la gran mayoría” de la madera no llega por las rutas nacionales, que son competencia del MTOP, sino por “caminos vecinales o secundarios”. “Y esos caminos los tienen que mantener las intendencias con los recursos genuinos del contribuyente agropecuario, que paga contribución urbana y tiene su campo allí”, apuntó.
“En muchos departamentos hoy nosotros no tenemos ninguna posibilidad de recaudar por el uso de esa infraestructura, que vaya si se rompe, ya que por esos caminos secundarios pasan 40 o 50 toneladas diarias, cada 20 minutos o media hora”, señaló Enciso. Mencionó que “muchas veces” la madera es trasladada por estas rutas “porque es más cerca para llegar a las plantas”, pero también “porque esquivan balanzas y porque esquivan peajes nacionales”. “Y eso, evidentemente, no deja nada en el departamento, porque la madera, muchas veces, es sacada en otro departamento. Ni siquiera son montes extraídos en el propio departamento; si fuera así algo dejaría, por más que, históricamente, tuvieron la exoneración de la contribución rural”, añadió.
Se trata de uno de “los debates interesantes e importantes que ahora queremos dar”, resaltó Enciso, y aseguró que entre el Congreso de Intendentes y el MTOP existe “buena sintonía” para “encontrar una solución que no signifique cargar al sector forestal y al sector de los transportistas, porque no queremos presionarlos con impuestos”. De todos modos, afirmó: “Lo que decimos es que algo van a tener que pagar, en función del uso concreto de la caminería en cada departamento”.