La extravagante fachada del “milagro”

Editar

Los colombianos acudirán a las urnas el 29 de mayo en primera vuelta. La izquierda de Gustavo Petro podría lograr un inédito triunfo pero, a pesar del resurgimiento de un fuerte movimiento social, gobernar el país no será fácil. La alianza histórica entre los poderes económicos y las mafias es un obstáculo importante, como lo ilustra el caso de Medellín.

Al llegar desde el aeropuerto internacional de Rionegro a la ciudad de Medellín, que cuenta con dos millones y medio de habitantes, la ruta atraviesa las frescas montañas del Oriente Cercano, donde se encuentran algunas de las quintas más costosas del país, entre ellas las del expresidente Álvaro Uribe (actualmente juzgado por corrupción y manipulación de testigos). Al costado de la ruta se suceden restaurantes chic, bares lounge y centros comerciales cuyos estacionamientos están llenos de SUV (vehículo utilitario deportivo, por sus siglas en inglés) y autos descapotables. Hay flores por todas partes, árboles también y, cada tanto, campos. El aire es ligero, con aroma a pino y la temperatura rara vez supera los 24 grados celsius.

Es fácil entender por qué las capas medias y la clase alta de Medellín prefieren los alrededores de la ciudad a la ciudad misma. Tanto si se toma la primera ruta, que asciende por las exclusivas localidades de Envigado y El Poblado para luego descender unos 600 metros hasta el valle, como si se elige la segunda, que pasa por el barrio obrero de Guarne y los barrios marginales del noreste de Medellín, el resultado es el mismo desfile de camiones de residuos, tractores, autos y motos, a los que los ojos, nariz y garganta responderán con estornudos, tos, lagrimeo y congestión.

Dependiendo de la estación, la constante contaminación del aire oculta el valle o, alternativamente, las colinas que lo rodean. El ruido de los transportes y las obras es ensordecedor y la pobreza omnipresente, incluso en las calles de los barrios residenciales vigilados por guardias de seguridad privada. Héctor Abad Faciolince, novelista reconocido, compara el valle de Medellín con uno de los nueve círculos del infierno descritos por Dante, aquel donde están confinados los pobres.¹ Y, sin embargo, goza de una excelente imagen en el mercado mundial. Courrier International, por ejemplo, elogia la transformación “de la ciudad más violenta a la ciudad más innovadora”.² Por su parte, The New York Times celebra “la ciudad de la eterna primavera”, una de las urbes “más progresistas de América Latina”, gracias a “sus proyectos de infraestructura que introducen parques y bibliotecas arquitectónicamente muy interesantes en los barrios pobres y sus creativos medios de transporte”.³

Este pequeño paraíso turístico ha sido arrasado recientemente por una gran movilización popular, que se extiende poco a poco al resto del país. En términos de escala, duración y determinación, este movimiento no tiene precedentes en la historia de Colombia. Nacido en setiembre de 2018 en las asambleas generales de estudiantes –en particular en la Universidad de Antioquia, la más importante de la región–, se enfrentó rápidamente a la represión de la Policía antidisturbios. A esto le siguió una huelga nacional que paralizó Medellín con una serie de manifestaciones masivas, unas quince en pocos meses, para exigir el respeto al derecho constitucional a salir a la calle y una financiación adecuada para la educación pública. A pesar de los esfuerzos desplegados por el gobierno y los principales medios de comunicación dominantes por presentarlos como vándalos o terroristas, los estudiantes despertaron una amplia ola de simpatía en los barrios populares, de los que a menudo proceden, pero también en las oficinas, almacenes y talleres del centro de la ciudad.

Los huelguistas consiguieron sus principales reivindicaciones, en particular sobre el presupuesto de la enseñanza superior, exangüe tras años de reformas neoliberales y sobreendeudamiento estudiantil. Sin embargo, no extraña que el gobierno no cumpliera sus promesas, lo que llevó a los manifestantes a reanudar el movimiento. A fines de 2019, la huelga general se extendió a todo el país, relevada por los sindicatos, asociaciones y partidos de la oposición.⁴

Mientras que en 2018 el movimiento se centró principalmente en los estudiantes, en 2019 se extendió a toda la sociedad. En las marchas confluyeron jóvenes no estudiantes de los suburbios, trabajadores de todas las categorías, defensores de los derechos de las víctimas, comunidades indígenas y afrocolombianas, activistas queer, pacifistas y ecologistas. Al comienzo de las vacaciones de Navidad, el gobierno se encontraba contra las cuerdas, a pesar –o a causa– de la desmedida represión a los manifestantes. La huelga se reanudó en marzo de 2020.

Un año más tarde, la crisis económica y social agravada por la covid-19, unida a la corrupción y la desidia gubernamental frente a la pandemia, alimentaba el descontento de la calle. En mayo de 2021, la cólera estalló y derivó en un levantamiento en todo el país. Esta vez, fueron los pobres, los jóvenes precarizados de las periferias urbanas y sus familias quienes tomaron la delantera. Nunca antes en la historia del país la movilización de los barrios populares había alcanzado una intensidad tal. A excepción de algunas figuras de la oposición, los representantes políticos parecían haber perdido toda autoridad y legitimidad. El ejercicio de la soberanía popular duró dos meses. Al final de una feroz represión estatal que dejó casi cincuenta muertos y tres mil heridos, el gobierno finalmente se impuso.

Si bien la resistencia popular sorprendió por su audacia y tenacidad, y no solamente entre los jóvenes, aún es demasiado pronto para establecer si se traducirá en una representación política formal o en una mayor participación en la planificación urbana y la acción pública. El candidato de izquierda Gustavo Petro obtuvo 22 por ciento de los votos en Medellín en las elecciones presidenciales de 2018⁵ y parece que mejorará este resultado el 29 de mayo, a pesar de que el candidato de derecha presentado por Álvaro Uribe, el exalcalde Federico Gutiérrez (2015-2019), obtuvo el triple de votos que Petro en las elecciones primarias del 13 de marzo.

En el caso de que la izquierda gane las elecciones presidenciales, algo que los encuestadores consideran creíble, se plantea la pregunta de hasta qué punto el nuevo gobierno de Bogotá podrá entenderse con el movimiento social de Medellín para enfrentarse a las elites económicas de la ciudad, por no hablar de las mafias locales y regionales. Como admite Petro, si la transformación de Colombia ha de ser algo más que retórica de campaña electoral, tendrá que empezar en Medellín.

Inusual y concentrada

¿De dónde viene la singularidad de Medellín y su aglomeración (cuatro millones de habitantes) en el siglo XXI? ¿A quién beneficia? La economía de Medellín se caracteriza por niveles extremos de concentración de capital. El Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) es uno de los conglomerados más poderosos no solamente de Colombia, sino de toda América Latina. Antes de adoptar su forma actual a fines de los años noventa, durante la edad de oro industrial del siglo XX, el GEA controlaba la política de la ciudad, las autoridades públicas, los regímenes jurídicos, los derechos de propiedad y las políticas económicas. Más recientemente ha ampliado sus actividades a América Central, el Caribe, América del Sur y Estados Unidos. Entre 1980 y 2004, el número de compañías que el grupo absorbió se triplicó con creces, mientras que sus ingresos se multiplicaron por ocho. Esta hipertrofia se resume en una cifra: en 2021, el GEA representó por sí solo 7,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Colombia. El propio GEA está formado por varios conglomerados, vinculados entre sí por un complejo sistema de participaciones cruzadas, en el que cada compañía posee acciones de otra.⁶

El buque insignia del grupo, Bancolombia (que conserva una cuarta parte de los depósitos de Colombia en sus bóvedas), no sólo es la institución bancaria y financiera más poderosa del país. Desde 2013 también se ha consolidado como el principal proveedor de servicios bancarios y financieros en América Central y el Caribe. El Grupo Suramericana (Sura), que domina el sector de los seguros en Colombia, también ha ampliado su alcance en todo el hemisferio durante la última década, incluido Estados Unidos. El grupo Argos, principal subholding de GEA, está presente actualmente en unos veinte países. Inicialmente especializada en la producción de cemento, Argos ha diversificado sus inversiones en los sectores de la energía, la minería, el inmobiliario, las obras públicas y las concesiones de autopistas. Por último, el grupo Nutresa, líder colombiano en productos alimenticios procesados, posee 30 fábricas en el país y otras 16 en el subcontinente y Estados Unidos. Estos cuatro conglomerados operan como subholdings de GEA, que los reúne en un holding gigantesco.

La extravagante concentración de bienes, capital y riqueza en manos de esta junta empresarial tiene como contrapartida unos índices de desigualdad socioeconómica vertiginosos, fruto de la precariedad y la indigencia que impera en las comunas de todos los alrededores de la ciudad. Desde al menos 30 años, los sucesivos gobiernos han intentado reducir la pobreza en Medellín modificando las herramientas utilizadas para medirla. Las proteínas fueron sustituidas por las calorías en los índices nutricionales; las evaluaciones minimizaron el gasto de los hogares; se introdujeron nuevos métodos de cálculo de los ingresos para inflarlos artificialmente. En 2020, el gobierno fijó la tasa de pobreza de Medellín en 19,2 por ciento, justo por encima de la media nacional, mientras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la estimó en 32,9 por ciento. Un tercio de la población de la ciudad ha reducido su consumo de calorías y solamente come una o dos veces al día.

Violencias no dichas

El arcaico sistema fiscal colombiano, históricamente hostil a la idea de gravar a los ricos, es una de las principales causas de estas desigualdades. Las pequeñas empresas tributan a un tipo más alto que las grandes. En 2019, la recaudación del impuesto sobre la renta fue seis veces inferior a la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El importe total de los impuestos alcanza el 19,7 por ciento del PIB, uno de los porcentajes más bajos de América Latina (la media de la OCDE es de 33,8 por ciento).

La concentración y centralización del capital ha provocado un considerable desplazamiento de poblaciones. En 2021, casi 74.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, más del doble que el año anterior.⁷ Las principales víctimas de estos desplazamientos forzados son los pequeños agricultores, que abandonan sus tierras para instalarse en viviendas precarias en la periferia de las ciudades. A pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)⁸, los enfrentamientos o las alianzas entre paramilitares, facciones de la neoguerrilla, el crimen organizado y las Fuerzas Armadas continúan en el campo. Cada una de las partes implicadas en estos conflictos tiene vínculos financieros y logísticos con Medellín. La ciudad se encuentra en la ruta de la droga que conduce al mar Caribe, desde donde la cocaína se dirige a América Central, México y Estados Unidos.

Pero el narcotráfico es solamente un factor entre otros que explican los movimientos de población que alimentan el desarrollo intraurbano de Medellín. El número de personas desplazadas a la fuerza en la ciudad se ha duplicado con creces en 2021 con respecto al año anterior,⁹ según una estimación baja que podría ocultar un fenómeno más amplio. Los principales responsables son las bandas, que han aumentado su dominio en el territorio. En el Bajo Cauca y Urabá, el crimen organizado opera de la mano de los grupos paramilitares y de exguerrilleros disidentes de las FARC. Como resultado de los efectos combinados de las guerras internas, las amenazas de muerte, la extorsión, la tortura, los asesinatos y el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados, no es extraño que las familias en el exilio tengan que huir de sus hogares por segunda vez. El desplazamiento es una realidad común en Medellín, aunque sigue siendo difícil de cuantificar, ya que las víctimas prefieren mantener el silencio y permanecer en el anonimato.

Cinturón verde

No obstante, el narcotráfico no explica por sí solo la magnitud del fenómeno. Entre los culpables también figuran los proyectos de infraestructura “verdes” en los barrios donde viven los desplazados, donde provocan desalojos, reubicaciones y demoliciones en cadena. El “cinturón verde”, que atraviesa la cordillera al este, y los 75 kilómetros de jardines periféricos (Jardín Circunvalar) que se extienden por las laderas del valle, alrededor del centro de la ciudad, ilustran la voluntad de las autoridades políticas y del GEA de maquillar la imagen de Medellín. La ciudad de la violencia y el crimen debe dar lugar a un hub urbano seguro, moderno y orientado al bienestar. Inaugurado en 2012, el cinturón verde pretende mitigar el riesgo de desprendimiento de tierras debido a los episodios meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, en un contexto de adaptación al calentamiento global. Pero también busca evitar el crecimiento de la población y la expansión de los suburbios.

Unas 180.000 casas se aferran a las laderas, muchas de ellas sin título de propiedad. Los residentes de larga data sospechan que la municipalidad exagera deliberadamente el número de zonas en riesgo para justificar el desmantelamiento de las viviendas precarias y dar paso a nuevos complejos inmobiliarios para las clases medias y altas. La creación de enclaves ecológicos en la superficie del terreno y de paisajes embellecidos pretende atraer inversores y hogares de alto nivel a zonas hasta entonces consideradas poco atractivas. En el centro de estas operaciones inmobiliarias se encuentra siempre el mismo puñado de actores: el Departamento de Urbanismo de la municipalidad, gigantes de la construcción y gestores de inversiones. El sector colombiano de la construcción espera crecer 18 por ciento este año, entre tres y cuatro veces más que la economía en general.¹⁰

Las autoridades municipales lanzaron un rutilante programa de granjas urbanas que, entre otras cosas, destruiría los pequeños huertos cultivados por los habitantes desplazados o reubicados. La idea consiste en cultivar hortalizas en un marco formal y regulado, con vistas a vender los productos en los mercados “orgánicos” de los barrios privilegiados como El Poblado y Laureles. Esto supondría el fin de la agricultura comunitaria y la integración de la tierra y el trabajo en la economía capitalista local. La acumulación mediante la desposesión “verde” conduce a reproducir las fracturas espaciales existentes y exacerbar las desigualdades socioeconómicas.

La gentrificación de Medellín se inició en 2004 con la elección de Sergio Fajardo (2004-2008) como alcalde. Aliado del GEA y amigo de los capitales extranjeros, Fajardo abrazó una probada estrategia neoliberal de adecuar la ciudad a la competitividad e innovación empresarial. A partir de allí, Medellín aseguraría su crecimiento económico gracias a sus ventajas en el mercado global de los servicios, las finanzas, el turismo, la medicina y la construcción. Los sucesores de Fajardo persiguen sin descanso la política de “rediseño” de la ciudad, que se supone que debe crear las mejores condiciones para los inversores. Mediante la promoción desenfrenada de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sector en el que dice estar a la vanguardia, y a costa de copiosas exenciones fiscales concedidas a las compañías transnacionales, el antiguo bastión del narcotraficante Pablo Escobar gusta ahora de presentarse como “la Silicon Valley de América Latina”, según la expresión del exalcalde Federico Gutiérrez (2016-2019).

El posicionamiento “verde” de Medellín y su alfombra roja para los inversores van acompañados de una explosión del sector turístico. En 2008 la ciudad creó un departamento especial dedicado al turismo, los negocios, las ferias comerciales y las convenciones, con el objetivo de reforzar los vínculos entre los profesionales de la hostelería y los organizadores de eventos. En la siguiente década el número de visitantes nacionales y extranjeros casi se cuadruplicó, mientras que la participación del turismo en el crecimiento económico se multiplicó por dos.¹¹

Narcoglamour y después

Pero el atractivo de Medellín no descansa únicamente en la buena voluntad de su comunidad empresarial. La capital antioqueña se ha consolidado como uno de los principales centros del turismo sexual de América del Sur, así como un polo del turismo médico, especialmente en el campo de la cirugía plástica. Otra ventaja es la fascinación por Pablo Escobar. Gracias a Narcos, la exitosa serie de Netflix que se estrenó en 2015, y a un amplio abanico de dramas y documentales, la vida del ex líder del cártel de Medellín se ha convertido en una inagotable fuente de lucro. Los narcotours permiten ahora que los turistas se tomen fotos frente a las propiedades y escondites de Escobar. Al especular con una percepción mítica del traficante, la industria del narcoglamour contribuye a banalizar uno de los capítulos más sombríos de la historia del país.

Durante su guerra contra el gobierno colombiano, Escobar había convertido a Medellín en la capital mundial de los homicidios. El pasado sangriento de la ciudad, convenientemente higienizado, ha pasado a formar parte de su imagen de marca –aunque las autoridades municipales, el GEA y la mayoría de los ciudadanos comunes prefieran esgrimir argumentos más positivos, o más adecuados a las nuevas categorías sociales a las que tratan de atraer–.

Desde que el turismo se ha convertido en un elemento clave de la estrategia de desarrollo local, Medellín presenta una cara más segura que muchas grandes ciudades occidentales. A pesar de algunos picos episódicos de violencia, como entre 2007 y 2009 o, en menor medida, entre 2016 y 2021, la tasa de homicidios se ha reducido en promedio casi 90 por ciento. Este espectacular resultado se debe más a los cambios en las alianzas y el personal de la cúpula del crimen organizado que a la previsión de los decisores políticos. En 2015, por primera vez desde fines de los años setenta, Medellín tuvo una tasa de homicidios comparable a la media nacional y muy inferior a la de Baltimore o Chicago (en Estados Unidos), o a la de Kingston (Jamaica) o Caracas (Venezuela).

Para las mafias locales, organizadas en una confederación bajo el nombre de Oficina de Envigado, y cuyos vínculos con el poder municipal y el mundo político han permanecido inalterados durante décadas, menos derramamiento de sangre significa más dinero para recolectar.¹² En términos de violencia criminal, Medellín ha cambiado ciertamente desde la extradición del narcotraficante y paramilitar Diego Fernando Murillo a Estados Unidos en 2008. Exmiembro de las fuerzas armadas que capturaron a Pablo Escobar con el apoyo de Washington, Murillo fue el primero en declarar que los asesinatos eran malos para el negocio. Pero en términos de Estado de derecho y seguridad para todos, nada ha cambiado realmente en Medellín desde los años oscuros.

Las redes criminales y las bandas de narcotraficantes siguen gobernando la mayor parte del territorio mediante asesinatos, amenazas, intimidaciones y extorsiones. Mientras los residentes se sienten seguros en sus propios barrios, donde las bandas prohíben las violaciones y asesinatos bajo pena de muerte, siguen siendo vulnerables fuera de ellos. El crimen sigue estando altamente organizado, aunque ahora está descentralizado. La financiación de campañas políticas y el blanqueo de dinero le permiten mantener sus vínculos con la política legal y el mundo de los negocios, especialmente en los sectores de la seguridad privada y la tecnología de vigilancia, donde su experiencia es evidente, pero también en el turismo sexual, la hostelería, la restauración, los bares, el transporte, la construcción y el sector inmobiliario.

Como admitieron implícitamente, en su momento, algunos de los artífices de la desmovilización de los paramilitares, esta fue una broma cruel. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son responsables casi exclusivamente de la reanudación de los asesinatos en Antioquia en 2021. Se benefician de la complicidad de altos mandos militares, incluida la de un oficial, apodado “el Padrino”, que fue detenido recientemente cuando supervisaba un cargamento de cocaína hacia Cauca y Nariño, en la costa sur del Pacífico, cerca de la frontera con Ecuador. Las AGC están asociadas además al crimen organizado mexicano y, más concretamente, a la facción de Loaiza Guzmán de Sinaloa (el Chapo y sus hijos).

Cono de sombra

Entonces, ¿cómo desarticular este paradójico sistema que genera, por un lado, pobreza a una escala industrial, degradación acelerada del medioambiente y una desesperación cada vez mayor y, por otro, capitalismo desenfrenado, gestión “moderna” de los asuntos municipales y dominio del crimen organizado? El problema crucial para el país es la coexistencia de dos formas de capital, una lícita y otra no, y cómo interactúan. El GEA concentra y centraliza el capital de la región, sobre todo en el sector financiero, inmobiliario, de la construcción y de los seguros, y subcontrata parte del mismo en todo el hemisferio. También influye en la cultura popular local, por no hablar de las elecciones, a través de la publicidad y el patrocinio en el mundo de los conciertos y el entretenimiento.

Mientras que el GEA representa el núcleo duro del poder municipal y regional, actuando como un gobierno de facto no elegido e inamovible, es la Oficina de Envigado la que lleva el timón en cuanto a la recaudación de impuestos y tributaciones para los señores de la ciudad y los capitanes de la mafia. Es la Oficina de Envigado, y no la oficina de la alcaldía, la que arbitra las incesantes disputas territoriales por la venta de drogas y la extorsión. Organiza el crimen, supervisa la vida cotidiana, monopoliza el uso de la tortura, el asesinato y el saqueo, y blanquea el dinero del tráfico a través de los canales de la economía oficial, desde las obras públicas hasta la hostelería, los inmuebles, el transporte, las campañas políticas y la seguridad privada.

El GEA proyecta la sombra dentro de la cual opera el cártel de la Oficina. El imperativo de ambos de optimizar sus beneficios dicta la forma en que las autoridades locales diseñan y aplican sus planes de desarrollo. Así, el reparto de papeles es el siguiente: la agencia municipal de urbanismo designa las nuevas zonas verdes, el GEA las promueve, financia y explota, y la Oficina desaloja a los antiguos residentes para hacer lugar a los nuevos.

Sin embargo, hay una variable en esta disposición: la irrupción de un nuevo campo progresista urbano dominado por una juventud presa del desempleo y la precarización laboral, y que exige un cambio profundo en el orden político y económico. ¿Se desplazará el centro de gravedad del país hacia la izquierda quebrando la fachada del “milagro” de Medellín? ¿Es posible un programa más democrático para la ciudad y la región? A Colombia nunca le ha faltado lo imprevisible.

Alcides Gómez, Forrest Hylton y Aaron Tauss: investigadores, respectivamente, de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Federal de Bahía, y de la Universidad de Viena. Traducción: Emilia Fernández Tasende.