Sed industrial

Editar

Aunque la mayor parte de los desechos de la producción digital afecta a los países del Sur, Francia vive “en napa propia” la afectación del agua por la industria de alta tecnología. El uso de grandes caudales de agua ultrapura genera oposición ciudadana.

“¡Agua, no microchips!”. Frente a las rejas de la obra de ampliación de STMicroelectronics (ST) en Crolles, Francia, unas 1.000 personas se manifestaron bajo ese lema el sábado 1º de abril. Desde la instalación de la multinacional franco-italiana de semiconductores en 1992 en el valle de Grésivaudan, a 15 kilómetros al norte de Grenoble, los representantes de esta pequeña comuna de Isère (8.000 habitantes) reciben habitualmente más ministros y jefes de Estado que movimientos de protesta. Desde Jacques Chirac (1995-2007), todos los presidentes de la República la visitaron con el fin de celebrar las sucesivas ampliaciones de esta “joya” y de anunciar la distribución de cientos de millones de euros en ayuda pública.

“¡La reindustrialización de Francia sucede acá!”, proclamaba por su parte Emmanuel Macron el 12 de julio de 2022. Acompañado por cuatro ministros, el presidente fue a poner sobre la mesa 2,3 mil millones de euros: la contribución del Estado a la última ampliación de la fábrica de ST, que debería costar, en total, de cinco a siete mil millones de euros. Esta multinacional controlada de forma parcial por el banco público de inversiones Bpifrance y el Ministerio de Economía italiano, se alió con GlobalFoundries, otro gigante de los semiconductores, con domicilio en las Islas Caimán¹. GlobalFoundries tiene como principal accionista al grupo Mubadala, un fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos. “Es la mayor inversión industrial de las últimas décadas fuera de la energía nuclear y un gran paso para nuestra soberanía industrial”, anunciaba el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire. La suma parece colosal con respecto al número de empleos anunciado: un millar, es decir, ¡2,3 millones de euros del erario público por empleo creado! A pesar de la generosidad del Estado francés, ST instaló su sede operacional en Suiza y su holding en los Países Bajos, “país de la optimización fiscal de las multinacionales”², según la revista Challenges.

El anuncio cayó en plena “alerta reforzada de sequía” (nivel 3 de 4), recalificada a mediados de agosto como “crisis de sequía” (nivel 4). Sin embargo, la industria de los microchips electrónicos es particularmente consumidora de agua. Con su crecimiento de acá al 2024, la fábrica ST y su vecina del grupo Soitec, también especializada en los semiconductores, deberían consumir cerca de 29.000 m³ por día, es decir, el equivalente a la ciudad de Grenoble, sus 160.000 habitantes, sus industrias, sus laboratorios de investigación, sus actividades municipales o comerciales. Con la nueva ampliación anunciada, ST prevé devorar a la larga 33.000 m³ por día.

El verano boreal pasado, la contradicción entre las restricciones de agua que afectaron tanto a los particulares como a los agricultores, y las necesidades crecientes de los industriales, llevó a la creación del colectivo STopMicro³ “contra el acaparamiento de los recursos por parte de los industriales de la microelectrónica”. Presentada como una prolongación de la disconformidad contra los mega reservorios de Sainte-Soline, la manifestación de Crolles no recibió, sin embargo, los mismos apoyos, en particular por parte de las fuerzas políticas de izquierda. Los representantes locales de Europe Écologie les Verts (EÉLV) [Europa Ecológica Los Verdes], por ejemplo, no tuvieron la menor reacción pública. No obstante, en el departamento, el movimiento cuenta con dos diputados, un senador y el alcalde de Grenoble, Éric Piolle.

Este último aceptó haberse alegrado por la ampliación de ST: “Para mí, la microelectrónica es el primer lugar donde uno ve una estrategia industrial europea —nos responde—. ¡Es gratificante!”. Para Piolle, la ubicación de ST en Grenoble posee “una función continental. Tiene una dimensión geopolítica de reducción de la dependencia de Europa. Abastecerse sólo en Asia es peligroso”. La diputada de Isère, Cyrielle Chatelain, presidenta del grupo ecologista en la Asamblea Nacional, opina en el mismo sentido: “Sobre esta cuestión de la reindustrialización, no podemos andar diciendo ‘queremos productos de cercanía, buenas condiciones’ y decir que no queremos producir en el país. La producción se llevará a cabo, la cuestión es saber dónde se hará y en qué condiciones”. Para los dos responsables, las críticas que se podrían aplicar a los mega reservorios de la agroindustria, que no benefician más que a “un pequeño número de personas”, no valen para el agua consumida por la microelectrónica, porque “los productos [de ST] les sirven a todos”, asegura Piolle. Por ello, si bien defienden el desarrollo de ST, Piolle y Chatelain también insisten mucho sobre la “reubicación”, “la industria verde” y el derecho de supervisión sobre los usos. “La lógica es hacer tanto low tech [tecnológicamente sencillo] como sea posible y high tech [tecnología de punta] cuando sea necesario”, declara Piolle.

Los límites de la pureza

¿Corresponden estas intenciones a la actividad industrial presente en Crolles? En las instalaciones de ST y Soitec se trabaja en la miniaturización de los circuitos integrados, que hoy tienen una escala de algunos nanómetros sobre los “microchips” electrónicos, es decir, son mucho más pequeños que una célula viva. Los principales productos son sensores de imagen y, sobre todo, microcontroladores, es decir, microchips que integran todos los elementos de una computadora. Son “productos de muy alta demanda en los sectores del automóvil, de los objetos conectados, de la inteligencia artificial, de la automatización”, según ST⁴. Así, la “reindustrialización” se concentra en aplicaciones de precisión y mercados emergentes. De esta manera, los microchips producidos en Crolles se encuentran en los satélites Starlink, de Elon Musk, los vehículos autónomos, los teléfonos inteligentes de última generación. También en muchas armas sofisticadas, como los drones rusos que se encontraron en Ucrania, pero ST se conforma con responder que cesó sus actividades en Rusia⁵. Los microchips necesarios para los usos básicos (computadora personal, telefonía 3G), con menor valor agregado, no son producidos en Europa.

Con 29.000 m³ por día, las instalaciones de ST y Soitec vaciarían el reservorio de Sainte-Soline en 22 días. El agua necesaria para el lavado de las placas —que representa el 75 por ciento del agua consumida por estos espacios industriales, mientras el cuarto restante está dedicado, en especial, a la climatización— debe ser agua ultrapura, sin la menor sustancia ni partícula. Su producción requiere un tratamiento de alto consumo energético a base de filtros y bombas, que por lo tanto es menos costoso y más corto si se realiza con agua de buena calidad —la instalación de ST consumió 516 gigavatios-hora en 2021, es decir, el equivalente al de 230.000 franceses⁶—.

La excelente calidad del agua de Grenoble —una de las pocas ciudades de Francia que no tiene necesidad de tratamiento— es una de las principales razones para que los industriales se instalen en este valle de Isère. Problema: los campos de bombeo de Romanche y de Drac que proveen esta agua están situados al sur de la ciudad, a unos 30 kilómetros de Crolles. Durante la implantación de la fábrica hace 30 años, las comunidades locales le construyeron un ducto especial. Estos últimos años, las comunidades volvieron a invertir para instalar compresores que aceleran el rendimiento y para duplicar las posibilidades del ducto.

A pesar de todos los esfuerzos, la obra está llegando a su límite, y los representantes se preguntan cómo transportar cada vez más agua. Si bien el alcalde de Crolles, Philippe Lorimier, promueve una duplicación integral del mecanismo de transporte de agua, la vicepresidenta de Grenoble-Alpes-Métropole, que se dedica al “ciclo del agua” y administra los campos de bombeo, no piensa que sea posible: “29.000 m³ es el máximo que se puede lograr”, asegura Anne-Sophie Olmos. “La declaración de utilidad pública [de 1967] prevé límites de bombeo diarios —añade—. Nos acercamos a la mitad de esos límites. No podemos ir más allá, porque si hay un gran daño o una gran contaminación, un campo debe compensar al otro”.

Napa contaminada

Creyéndose a salvo de los problemas de agua gracias a su entorno de montaña, los habitantes de Grenoble están tomando conciencia de forma repentina de la vulnerabilidad que el desarrollo industrial impone. En enero pasado, descubrieron que la misma napa freática de la ciudad estaba profundamente contaminada. Desde hace varias décadas, dos plataformas químicas situadas al sur del área metropolitana producen cloro, fosgeno, lejía, soda cáustica, agua oxigenada o poliuretanos. Como resultado, la importante reserva de agua disponible bajo los pies de Grenoble presenta “una calidad química degradada en la superficie y en profundidad, relacionada con las numerosas actividades industriales del sector”, según una investigación encargada por la metrópoli⁷. Cloratos, percloratos, hexaclorobutadieno, tetracloroeteno [PCE], compuestos orgánicos halogenados volátiles [COVH], pesticidas, hidrocarburos, sustancias perfluoroalquiladas [PFAS]... muchos componentes químicos convierten a este recurso en inutilizable, incluso para el riego agrícola.

Los responsables: las multinacionales Arkema, Vencorex o Framatome, pero sobre todo el Estado, que autorizó sus emisiones contaminantes. La napa en cuestión se sitúa río abajo de los campos de bombeo del agua potable, pero también se encontraron rastros de contaminantes en pequeña cantidad en aquellos, estando el pozo de Mollots ubicado a menos de 100 metros de uno de los puntos de emisión autorizados por la alcaldía. El hecho de poner en peligro el agua potable condujo a Olmos a presentar informes al fiscal: “Las emisiones contaminantes están prohibidas por la declaración de utilidad pública de 1967 [que se supone que debe proteger los campos de bombeo], ¡pero fueron autorizadas por varios decretos [al menos desde 1986, y los últimos datan de 2007 y 2013]!”. Ni el Estado ni la Dirección regional de Medio Ambiente, Planificación y Vivienda quisieron responder a nuestras preguntas.

Situadas también aguas arriba, las fábricas de microelectrónicos vierten asimismo agua contaminada. En 2021, ST utilizaba 21 toneladas de productos químicos por año, encontrándose en gran parte en sus aguas residuales vertidas en el río Isère. Por más que este “medio receptor” tenga una gran capacidad de absorción y de dispersión, igual recibe cada día 15 kg de fósforo, 120 kg de nitrógeno amoniacal, 70 kg de fluoruros o 150 kg de nitrógeno (entre otros).⁸ Estas contaminaciones deberían seguir la curva de crecimiento de la actividad anunciada⁹. Además, estas emisiones no son objeto de ningún control independiente. ST debe declarar apenas los “indicadores básicos” que “considera más representativos de su actividad”, según el principio de “ecorresponsabilidad” del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (SMEA) que supervisa las declaraciones de este tipo en la Unión Europea desde 2001. Por lo tanto, es imposible conocer las cantidades de otras sustancias utilizadas en el lugar (tungsteno, cobalto, titanio o tántalo) vertidas cada día en el Isère. ST asegura que sus “efluentes son tratados conforme a las reglamentaciones vigentes”. ¿Tal como los de la industria química que contaminó por completo la napa freática de Grenoble?

La empresa insiste en sus esfuerzos por “aumentar la tasa de reciclaje del agua”, defensa en la que coinciden los representantes entrevistados, convencidos de la buena voluntad de la multinacional. Pero las cifras anunciadas, más o menos fantasiosas (40, 50 o 60 por ciento de reciclaje), se topan con los límites inherentes a esos procesos industriales. Gracias a la excelente calidad del agua de Grenoble, STMicroelectronics Crolles ya es una de las instalaciones mundiales que consumen la menor cantidad de agua por placa de microchips producida (1,7 m³). A pesar de las promesas de reciclaje, ST quiere aumentar en un 190 por ciento la cantidad de agua consumida respecto de 2021. El 17 de febrero, la misión regional ambiental Auvergne-Rhône-Alpes emitió una opinión muy crítica sobre la ampliación del sitio, reprochando en particular las “numerosas lagunas” del expediente presentado por la multinacional: “El proyecto mismo no está suficientemente descripto, el estado inicial relativo al consumo de agua, el estado de los recursos de agua, las emisiones acuosas y atmosféricas (...). El expediente no permite comprender de forma correcta las incidencias del proyecto sobre el medio ambiente” (10).

¿Cómo explicar la indulgencia del Estado ante las demandas y los perjuicios de los industriales? En Apocalypse joyeuse [Apocalipsis gozoso],¹⁰ el historiador Jean-Baptiste Fressoz explica cómo el decreto imperial de 1810, que dio origen a nuestra reglamentación actual sobre las instalaciones industriales, moldeó normas ambientales beneficiosas para los empresarios. En cuanto a los perjuicios, pasamos de un régimen de policía local (con sanciones que podían ser penales) a un régimen centralizado, administrativo y basado en expertos. El promotor del decreto mencionado, Jean-Antoine Chaptal, exempresario de la industria química, resumió la ventaja de la situación: “Antes, la suerte de las fábricas estaba, por así decir, a merced de un vecino preocupado”. Con ese decreto, una vez establecida la industria, “el gobierno le debe protección: desde el momento en que existe, ya no se trata de examinar si fue beneficioso introducirla”. Hoy por hoy, toda reglamentación ambiental pasa ante el Consejo Superior de Prevención de los Riesgos Tecnológicos, conformado principalmente por tecnócratas y representantes de los industriales.

Si esta forma de reindustrialización tiene cierto mérito, es el de recordar a los consumidores occidentales los perjuicios bien materiales de la “desmaterialización” y de la economía digital. Aun cuando la mayor parte de los desechos ambientales y sanitarios de ese sector —desde la extracción de los metales raros hasta los basurales de desechos electrónicos— continúa afectando, en primer lugar, a los países pobres.

Raúl Guillen, periodista y Vincent Peyret, periodista y director de la publicación Le Postillon. Traducción: Micaela Houston.