Paliza a los bomberos

El 27 de julio, durante un viaje a una Gironda bruscamente puesta a prueba, Emmanuel Macron declaró: “Hoy la situación es la más difícil que jamás hemos enfrentado, la más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes estuvieron en el combate. Ganaremos juntos esta batalla”. El discurso del poder, retomado por muchos dirigentes políticos, celebra que “nuestro sistema de seguridad civil a la francesa” haya resistido, incluso en pleno apocalipsis. ¿Celebrar, en serio?

Existen dos perfiles de bomberos: los zapadores-bomberos profesionales (SPP; todas las siglas están en francés), que dependen de la función pública territorial, y los zapadores-bomberos voluntarios (SPV), que son ciudadanos comprometidos que además tienen otro oficio. El cuento de hadas mediático nos explica que los voluntarios “dan una mano” a los SPP y que media una retribución o compensación que “varía entre ocho y 13 euros por hora”. La complementariedad de esos dos perfiles originaría un servicio contra incendios capaz no solo de intervenir cotidianamente en todo el territorio, sino también de hacer frente a las catástrofes. Por lo tanto, todo iría bien... Sin embargo, con ese nivel de generalidades, se roza la deshonestidad.

Los SPV representan en realidad el 80 por ciento de los más o menos 250.000 bomberos franceses y se encargan de cerca del 70 por ciento de las intervenciones. Por lo tanto, no constituyen una “fuerza de apoyo”, sino sin lugar a dudas el corazón del sistema. En cuanto a su remuneración, los oficiales (que representan el cuatro por ciento de los SPV) perciben 13 euros por hora; los rasos (60 por ciento de los efectivos), por su parte, son compensados con un máximo de ocho euros.¹ Además, debe precisarse que la regla es aplicable cuando la tasa por hora llega al 100 por ciento, es decir, durante una intervención. Cuando los SPV están de guardia, en formación (algunas de las cuales son obligatorias, teniendo en cuenta la peligrosidad del oficio) o en el cuartel, su remuneración cae al 30 por ciento de ese monto.

Cualquiera que haya frecuentado a diario a zapadores-bomberos voluntarios puede señalar que en realidad una parte de ellos solamente tiene empleos precarios (suplente, emprendedor autónomo...) o poco remunerados (chofer repartidor, obrero...) y que pertenecen a clases populares relativamente estabilizadas o a las pequeñas clases medias. Hoy todavía es difícil disponer de datos confiables y globales sobre los perfiles socioprofesionales de los SPV, pero las encuestas tienden a mostrar que la compensación financiera de ese acuerdo no es solo un detalle. Por esa razón, sin duda, los SPV en situación más precaria también son los que están más presentes en el cuartel, hasta tal punto que a veces son apodados “prolontarios” porque su tiempo de trabajo en ocasiones supera el de los profesionales.

Si el voluntariado resulta tan crucial para la seguridad civil francesa —que los poderes públicos engalanan con todos los méritos—, también es porque los SPV más experimentados y con rango pueden dirigir tanto intervenciones como cuarteles, dar órdenes a profesionales o estar afectados a servicios de la estación de bomberos para garantizar el mantenimiento de los vehículos, realizar los inventarios de materiales, organizar el cronograma de las guardias, etcétera. Para muchos SPV, una guardia fija implica llegar a las ocho, proceder a la verificación del material, a las maniobras, a la instrucción, a hacer ejercicios y... a garantizar las intervenciones. No perciben ningún plus según el encuadre, de fuego o de riesgo, y cuando tienen ciertas especialidades (por ejemplo, rescate acuático), estas no dan derecho a ningún incremento de su compensación. Esa es la razón por la que muchos de los SPV actúan como profesionales, pero sin estatus, sin protección real y sin perspectiva de carrera.

Tal cuadro difiere de las imágenes de Épinal que se repitieron continuamente este verano, que celebraban a los “héroes voluntarios”: a menudo los SPV son una suerte de profesionales baratos, muchos de los cuales intentaron aprobar el examen profesional. Este es el motivo por el que las contrataciones masivas de SPP no solamente serían una respuesta a crisis excepcionales —aunque el cambio climático y su cortejo de catástrofes ya no tienen mucho de excepcional—, sino la única solución para salvar un sistema que se basa en el compromiso y la dedicación de personas a menudo en situación precaria. Pero cuando los sindicatos reclaman, reciben más porrazos por parte de la policía que euros del Estado, como sucedió durante las manifestaciones de 2019.²

Además, focalizarse en los incendios en verano o en las inundaciones en invierno anula el 85 por ciento de las intervenciones de los bomberos, dedicadas al auxilio de personas. Entre ellas, una gran parte no involucra emergencias, estrictamente hablando (como los accidentes de ruta graves, los paros cardiorrespiratorios, los casos de ahogamiento...), sino que aparecen como una respuesta, insatisfactoria incluso en opinión de los bomberos, a los males de nuestra sociedad. Durante todas las guardias afrontan violencias intrafamiliares, “casos psicológicos”, personas solas, a menudo mayores y en situación de gran precariedad, indefinibles malestares de las vidas destrozadas; los bomberos parecen una solución universal a los sufrimientos de la vida moderna. En un mundo en el que faltan trabajadores sociales y médicos, donde el hospital público está colapsado (en particular, en psiquiatría), donde las protecciones colectivas son atacadas por políticas cada vez más agresivas, el número de intervenciones aumentó un 30 por ciento en 20 años.

Podría resultar sorprendente que un servicio que cumple tantas misiones estatales, solicitado en todas las crisis, ya sean climáticas o sociales, sea tan poco respaldado. Así, un reciente informe parlamentario llega a una conclusión contundente: “Ese servicio público representa aproximadamente 7.000 millones de euros en gastos anuales y sigue siendo uno de los menos costosos de nuestro país. A título comparativo, las inversiones dedicadas a los zapadores-bomberos ascienden aproximadamente a 100 euros por habitante y por año, es decir, un monto de dos a tres veces más bajo que las sumas dedicadas a los desechos. Esta situación se traduce en un evidente déficit de medios: se dispone de menos aviones hidrantes que en 1983, menos camiones-cisterna para incendios forestales que a comienzos de los años 2000, hay insuficiencia de voluntarios y la Federación Nacional de Zapadores-Bomberos de Francia estima que harían falta 50.000 adicionales. Sin embargo, el gobierno sigue haciendo recortes. Así, a pesar de los incendios de Aude del año pasado, decidió gastar menos en 2026 de lo que gastó en 2025”.³

La seguridad y la solidaridad tienen un precio: hay maneras de pagarlo de otra forma que por medio de la precariedad y el agotamiento de aquellos a los que las fuerzas del orden dan una paliza cuando reclaman más medios.

Romain Pudal, sociólogo, director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), ex bombero voluntario. Traducción: Micaela Houston.