El Pacífico Sur lucha por la justicia climática

“Si salvamos el Pacífico, salvaremos el mundo”, declaró António Guterres en Tonga, el 25 de agosto de 2024. Al señalar los archipiélagos oceánicos como centinelas del desastre que se avecina, las palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante el Foro de las Islas del Pacífico adquieren un tono profético. Pero también sugieren que la salvación vendrá de los poderosos, en particular de las potencias industriales; como si los habitantes del océano Pacífico, que siempre estuvieron bajo el yugo de los imperios francés, británico o estadounidense, siguieran condenados al papel de víctimas. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que los isleños dejaron de vivir a la espera de una toma de conciencia internacional. El Pacífico se ha convertido en un laboratorio donde se imaginan nuevas formas de concebir y ejercer la justicia climática.

Sus pequeños Estados insulares se encuentran entre los que menos contribuyen a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (alrededor del 0,03 por ciento),¹ principal causa del cambio climático global que provoca, entre otras cosas, un inexorable aumento del nivel de los océanos y una intensificación de las catástrofes medioambientales. Pese a esto, son ellos quienes sufren las consecuencias más brutales: ciclones cada vez más violentos y frecuentes episodios de sequía prolongada, crecidas repentinas, alteraciones en el ciclo de las estaciones, salinización de las tierras, erosión de las costas y destrucción de los ecosistemas de coral. Todos estos fenómenos afectan de forma directa el hábitat, las cosechas, el acceso al agua y los recursos económicos.

Esta injusticia estructural alimenta una profunda ira. ¿Cómo aceptar, en efecto, que unas poblaciones cuyo modo de vida sigue basándose en gran medida en la agricultura de subsistencia y en formas de sobriedad heredadas de siglos de adaptación ecológica sean las primeras víctimas de un sistema industrial construido en otros lugares? ¿Cómo aceptar que los habitantes de Samoa, Vanuatu, Fiyi o Kiribati paguen el precio de una prosperidad de la que nunca se han beneficiado? Estas preguntas ponen en tela de juicio los propios cimientos del orden internacional y de la justicia.

Convivir con la vulnerabilidad

La constatación de este grave desequilibrio se verifica en casi todo el Pacífico. Naulas Iwai, cuya familia vive en el barrio popular de Blacksands, en Port-Vila (capital de Vanuatu), nos había advertido incluso antes de nuestra llegada: “Como verás, ya no es como antes; no contamos más con los huertos para vivir y ganar lo suficiente para pagar la escuela a los niños”.

En 2023, tres potentes ciclones (Judy, Kevin y Lola) atravesaron el archipiélago destruyendo, en cada ocasión, las viviendas y las escuelas que apenas se habían reconstruido, y arruinando las cosechas futuras al arrasar, en especial, con toda la fruta (papayas, mangos, paltas, plátanos, frutos del pan) que no resiste vientos de tal intensidad.

Cabe anotar que las llamadas catástrofes naturales no son ni desconocidas ni recientes en esta región tropical, caracterizada, por lo demás, por una intensa actividad volcánica y sísmica. A primera vista, Vanuatu, con su exuberante vegetación, sigue siendo un “paraíso” donde todo parece crecer sin esfuerzo. Pero la intensidad y la recurrencia de los fenómenos climáticos constituyen ahora una plaga casi insuperable para los habitantes de Oceanía y sus gobernantes. En el pasado, las tormentas tropicales de muy alta intensidad solían producirse más bien una vez por década, y tanto su nombre como el año en que pasaban quedaban grabados en la memoria (Uma en 1987, Béti en 1996). La situación ha cambiado desde el paso del megaciclón Pam en 2015, el ciclón más fuerte jamás registrado en el mundo hasta entonces.

Iwai trabaja actualmente en Te Puke, la “capital mundial del kiwi”, en Nueva Zelanda, uno de los mayores exportadores de productos frescos. Es la tercera vez que se marcha así, junto con otros miembros de su familia, para trabajar en la viticultura o la horticultura. El dinero que gana lo quiere destinar a montar un pequeño “negocio”: adquirir un vehículo para dedicarse al transporte o comprar un terreno con el fin de garantizar el bienestar de su familia, originaria de la isla de Tanna, en el sur del archipiélago, donde la actividad constante del volcán Yasur dificulta la vida. Pero, cada vez que regresa a Vanuatu, tras estancias de ocho meses, la mayor parte de lo que ha podido ahorrar lo utiliza para la compra de chapas onduladas tras una nueva tormenta, para aquellos –y sobre todo aquellas– de su comunidad que se han quedado en el país, a la espera de recibir las remesas. Las economías del Pacífico dependen en gran medida de estas transferencias de fondos realizadas por los migrantes, que suponen un gran negocio para Western Union.

La crisis climática tiene, por tanto, efectos destructivos también en la moral de la población: además de las cosechas que se ven asoladas con frecuencia y los cementerios sumergidos por la subida del nivel del mar, hay que reubicar pueblos enteros; se instala un enorme cansancio ante la necesidad de reconstruir de modo constante las viviendas. ¿Cómo, en efecto, es posible construir una casa o plantearse el futuro de un país cuando la vulnerabilidad y la incertidumbre se convierten en la norma en las zonas tropicales?

Es cierto que en este continente poco poblado (unos 15 millones de habitantes, sin contar Australia y Nueva Zelanda), pero cuya superficie abarca un tercio de la superficie del planeta, las tragedias humanas pueden parecer menos extremas que en el África subsahariana, donde la crisis climática provoca el desplazamiento forzoso de millones de personas que ya se ven amenazadas por las epidemias, la inestabilidad política y los conflictos armados. Sin embargo, el cambio climático también representa un peligro existencial para los Estados y las poblaciones del Pacífico. Ante el riesgo de una inundación total de aquí a finales de siglo, Kiribati y Tuvalu han emprendido gestiones legales para negociar el mantenimiento de su soberanía en caso de desaparición física de su territorio. Una hipótesis totalmente inédita en la historia de la humanidad, y que hasta ahora se creía reservada a las quimeras de la Atlántida.

David contra Goliat

Estas naciones insulares se enfrentan a dos grandes retos. En primer lugar, a nivel global, ¿cómo lograr que se reconozca la responsabilidad de los Estados del hemisferio norte (responsables del 92 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero) en los fenómenos climáticos que azotan casi sin cesar el Pacífico, y cuyas causas –y responsables– se conocen desde hace tiempo? A continuación, ¿cómo mantener un modo de vida basado principalmente en la autosuficiencia, que evite las hambrunas o los graves daños al medioambiente, aparte de los que ya sufren hoy en día por causas externas?

Desde hace algunos años, los Estados independientes del Pacífico Sur han emprendido una larga batalla jurídica. En mayo, esta culminó con la aprobación de una resolución de la Asamblea General de la ONU que reconoce la responsabilidad jurídica de los Estados en materia climática. Aunque “no es vinculante”, el texto constituye un hito histórico y un logro diplomático si tenemos en cuenta que fue impulsado principalmente por la República de Vanuatu, un archipiélago con 330.000 habitantes considerado el país más vulnerable del mundo.

Dejando de lado el tono compasivo y pedagógico, los dirigentes y activistas oceánicos trasladan el debate al ámbito de los derechos humanos. De paso por Berlín en junio de 2025 para asistir a la enésima conferencia sobre el clima, el ministro de Adaptación al Cambio Climático de Vanuatu, Ralph Regenvanu, nos confesó en privado: “Estoy harto de estas discusiones estériles. ¿Qué esperan sus gobiernos para hacer algo? Los hechos se conocen desde hace tiempo; lo que quiero ahora son acciones”. Unas palabras que se hacían eco de un artículo de opinión publicado en 2023, en el que se anunciaban las futuras batallas legales: “Perder mi país no es una opción. [...] Nuestros derechos humanos fundamentales se ven vulnerados, cada minuto de cada día, por nuestra dependencia colectiva de los combustibles fósiles”.² Se alude indirectamente a la Conferencia de las Partes (COP), que reúne cada año a los Estados signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde 1995 da sustento a un número incalculable de asesores y expertos que nunca han puesto un pie en las regiones más afectadas, sin llegar jamás al consenso necesario para adoptar medidas contundentes: basta con que se oponga un solo Estado miembro, de los 196, para bloquear todo el proceso.

Este desánimo, unido a una férrea voluntad de defender la cultura y la identidad de su país, fue lo que llevó a Regenvanu –hijo de un héroe de la independencia de Vanuatu y antropólogo de formación– a embarcarse en una batalla jurídica al estilo de David contra Goliat, de la que finalmente salió victorioso. Aunque se apoyan en la legitimidad simbólica que hoy se reconoce a los pueblos indígenas, los activistas oceánicos sitúan en el centro de su lucha argumentos jurídicos y científicos, tal y como hicieron durante el período de las independencias, conquistadas gracias a una lucha por la democracia y el derecho al voto.³

La historia comienza cuando un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico Sur, en Port-Vila, hizo una apuesta tras un examen. Animados por sus profesores y por Regenvanu (por entonces ministro de Asuntos Exteriores), en 2019 decidieron convertirlo en una auténtica batalla jurídica y comenzaron a elaborar un proyecto para presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con el fin de impugnar la inacción climática de los países que más dióxido de carbono (CO₂) emiten. Tras constituirse como movimiento –Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC)–, convencieron a todos los Estados independientes de la región para que apoyaran su causa: “Llevar el mayor problema del mundo ante la máxima instancia judicial del mundo”. La CIJ, que solo emite dictámenes consultivos, se pronuncia, de hecho, únicamente sobre litigios entre Estados.

El 2 de diciembre de 2024, en La Haya, Regenvanu denunció ante ese tribunal el “fracaso total” de la COP a la hora de limitar de una vez las emisiones, cuando más del 50 por ciento de los gases de efecto invernadero producidos desde 1750, al inicio de la era industrial, se han generado después de 1990: “Mido mis palabras cuando digo que este es quizás el juicio con mayores consecuencias en la historia de la humanidad”. Su intervención dio inicio a dos semanas de exposiciones en las que la mayoría de los Estados miembros de la ONU, incluidos los principales productores y consumidores de energías fósiles, se turnaron para exponer, con gran cautela, ante los jueces sus escasos esfuerzos en la lucha contra el cambio climático.

Ante la CIJ, Vanuatu y los demás Estados insulares no están representados por abogados europeos, como solía ocurrir en las luchas que libraban los países colonizados y los pueblos indígenas ante los organismos internacionales. La mayoría de los participantes son oceánicos: Arnold Kiel Loughman, fiscal general de Vanuatu; Julian Aguon, un joven abogado originario de Guam y fundador de Blue Ocean Law, un estudio de abogados conocido por sus luchas medioambientales; o Cynthia Houniuhi, originaria de las islas Salomón, una de las fundadoras de la PISFCC que, entretanto, se ha convertido en jurista y profesora en la Universidad del Pacífico Sur: “Mi pueblo es muy consciente del deber permanente que tienen las generaciones pasadas y presentes de proteger el medioambiente para las generaciones futuras”, declara ante los jueces de La Haya.

Recurrir a la CIJ, sobre todo para un país pequeño como Vanuatu, supone todo un reto y requiere una enorme tenacidad. En primer lugar, hay que obtener el respaldo de las Naciones Unidas. El 29 de marzo de 2023, pocos días después de la publicación de un nuevo y alarmante informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad una primera resolución en este sentido. Esta decisión permitía la celebración de las históricas audiencias que tuvieron lugar en diciembre de 2024. Tras el dictamen emitido por la CIJ el 23 de julio de 2025, en el que se establece que la inacción climática es un “hecho internacionalmente ilícito que puede dar lugar a indemnizaciones económicas”, le tocó el turno a la ONU de aprobar, este 20 de mayo, una resolución que reconoce la responsabilidad de los Estados que no cumplen sus compromisos: 141 países votaron a favor, incluidos algunos de los principales consumidores de energías fósiles (China, Canadá, Australia...), y solo ocho (entre ellos Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita) votaron en contra.

La resolución reafirma la necesidad de limitar el calentamiento global a +1,5 °C con respecto a la era preindustrial (aunque este objetivo ya se considera obsoleto), al vincular por primera vez la cuestión climática con el respeto de los derechos humanos y establecer la responsabilidad de los países contaminantes. Si bien afirma, por otra parte, el papel central de la ciencia, no recoge la idea de un registro internacional destinado a recopilar pruebas útiles para la instrucción de las demandas relativas a los daños, pérdidas o perjuicios imputables al cambio climático.

Daños del colonialismo

La historia de esta increíble búsqueda de justicia tiene sus raíces en una dolorosa experiencia del cambio climático. En el Pacífico, esta crisis no afecta únicamente a los sectores marginales o a las poblaciones más pobres: ahora condiciona la vida colectiva en general. Todo el mundo se ve afectado por igual. Cuando los ciclones destruyen pueblos, también se ven destruidas las casas de los responsables políticos o las de sus familias. Cuando desaparecen las cosechas y se destruyen las infraestructuras, todo el país se ve golpeado. A diferencia de los países occidentales, donde las cuestiones climáticas dividen profundamente a la opinión pública, en las sociedades de Oceanía los gobiernos, las iglesias, así como las empresas y los movimientos sociales, parecen estar ampliamente unidos ante la realidad de la amenaza. Este consenso no surge de una armonía cultural imaginaria. Cuando está en juego la propia supervivencia de los territorios, las divisiones tradicionales se desvanecen.

Esta unidad también se deriva de una preocupación de larga duración por el medio ambiente en el Pacífico, donde dos siglos de explotación colonial han dañado gravemente los ecosistemas: explotación excesiva de los bosques o de las minas (níquel, cobre, oro, fosfato), sobrepesca en las zonas económicas exclusivas (ZEE)... Pero las islas Marshall (en el atolón de Bikini) y la Polinesia francesa (en el atolón de Mururoa) también han sufrido varias décadas de ensayos nucleares atmosféricos, que han dejado tras de sí una epidemia de cánceres y residuos radiactivos cuyas consecuencias se seguirán sintiendo durante miles de años.⁴

Las luchas anticoloniales han convertido desde hace tiempo el respeto por el medioambiente en una cuestión central en Oceanía, desde Pouvanaa a Oopa, diputado polinesio detenido en 1958 y deportado a la metrópoli por oponerse a la instalación del Centro de Experimentación Nuclear del Pacífico (CEP), hasta el ratu (jefe) Kamisese Mara, primer ministro de Fiyi, quien en 1970 defendió ante la ONU el “Pacific Way” (el “camino oceánico”): “El verdadero progreso exige valores morales y espirituales sólidos más que el mero desarrollo económico”. El líder canaco [oriundo de los pueblos indígenas de las islas de Oceanía] Jean-Marie Tjibaou también lo había convertido en un eje central de su lucha política, inspirado por la experiencia de países vecinos que, como Vanuatu y las islas Salomón, acababan de alcanzar la independencia y defendían una forma de “socialismo melanesio”, igualitario y respetuoso con el medioambiente.⁵ Para los activistas de hoy, al igual que para sus predecesores, los daños al medioambiente perpetúan una forma de explotación que es el origen mismo de la colonización.

En 2014, durante una cumbre de la ONU sobre el clima, la poetisa Kathy Jetnil-Kijiner, originaria de las islas Marshall –un territorio no autónomo bajo control estadounidense–, describió el cambio climático no como un fenómeno inédito, sino, por el contrario, como un nuevo episodio de una larga “historia de violencia” en el Pacífico, en forma de una oda dedicada a su hija.⁶ Tanto ayer como hoy, la resistencia oceánica no se limita a la acción política y a los tribunales. También se apoya, y desde hace mucho tiempo, en los recursos locales, y en particular en la cultura.

El Vanuatu Kaljoral Senta (centro cultural de Vanuatu), dirigido durante mucho tiempo por Regenvanu, lleva varias décadas realizando una importante labor de revitalización de los conocimientos consuetudinarios y de la kastom ekonomi (la economía tradicional). Para comprender cómo interpretan –y combaten– los oceánicos de hoy en día el cambio climático, hay que analizar estas políticas culturales. Y es que los melanesios nunca han esperado, ni han conocido, el Estado de bienestar. Antes de la colonización, las comunidades ya tenían que hacer frente a ciclones, terremotos y escaseces, sin una administración central ni organizaciones no gubernamentales que les prestaran ayuda.

Entre el 70 y el 80 por ciento de la población de Vanuatu, al igual que la de Papúa Nueva Guinea y otros Estados insulares, no tiene un empleo asalariado y vive de la economía de subsistencia, así como de la venta de parte de su producción agrícola (en particular, el copra, la pulpa seca del coco de la que se extrae el aceite). Como horticultores, han desarrollado técnicas de conservación de alimentos y han aprendido a diversificar los cultivos seleccionando variedades de plantas comestibles adaptadas, alternativamente, a las sequías o a las lluvias excesivas. Se trata de conocimientos acumulados a lo largo de los siglos por sociedades acostumbradas a convivir con las catástrofes naturales.

Estas prácticas, consideradas durante mucho tiempo un freno al desarrollo económico, se perciben ahora como recursos valiosos y virtuosos. Incluso han hecho que Vanuatu haya sido elegido “el país más feliz del mundo” por el Happy Planet Index, que clasifica a las naciones según su grado de “bienestar sostenible”.⁷ Garantes de su independencia alimentaria y destacadas por su capacidad para mantener la cohesión social al tiempo que preservan el medioambiente, las prácticas de autosuficiencia son hoy presentadas como un ejemplo a seguir por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y algunas ONG.

Sin embargo, la promoción de la resiliencia como solución milagrosa denota, en el mejor de los casos, cierta ingenuidad, ya que este concepto comodín “convierte a sus víctimas en cogestoras de la devastación”, a las que se insta a actuar para salvarse a sí mismas.⁸ Imaginar que Oceanía podría salir adelante por sus propios medios es olvidar con demasiada rapidez que esos modos de vida ancestrales, ya trastornados por dos siglos de colonización brutal, también se ven amenazados por el cambio climático.

En una cafetería de Port-Vila, cuyas paredes se salvaron de forma milagrosa del devastador terremoto que asoló la ciudad en diciembre de 2024, apenas unos días después de las audiencias de La Haya, Kiel Loughman, fiscal general de Vanuatu, apenas puede ocultar su emoción al recordar esa lucha: “Cuando fuimos a mi isla [Tanna, en el sur de Vanuatu] para recabar pruebas que respaldaran nuestra demanda ante la CIJ, me llamó la atención ver hasta qué punto se había reducido el tamaño de los huertos, y que la mayoría de las variedades de ñame, por ejemplo, ya no se cultivaban: solo se siguen cultivando una o dos variedades muy resistentes y de menor tamaño”. Sin embargo, la economía de subsistencia hortícola se basa precisamente en la diversidad y la combinación de cultivos, lo que garantiza una cosecha abundante independientemente de las condiciones meteorológicas.

La rápida integración de los Estados oceánicos a la economía globalizada, condición sine qua non para la continuidad de la ayuda internacional, tampoco constituye por sí sola una solución viable. Ante la destrucción recurrente de las cosechas y la inseguridad alimentaria que genera, el recurso al trabajo asalariado está ganando terreno, al mismo tiempo que los alimentos procesados, importados y de calidad mediocre. El Pacífico registra hoy índices récord de diabetes y obesidad. En 2012, cansado de la lucha, Vanuatu acabó incorporándose a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Continúan las presiones internacionales para que el país renuncie al régimen particular que tiene respecto de sus “tierras consuetudinarias”, intransferibles, que protegen a las poblaciones indígenas de una mayor precariedad.

Por otra parte, el desarrollo económico, dictado y financiado en gran medida por potencias extranjeras, sigue beneficiando principalmente a los expatriados, que son propietarios de la mayoría de los complejos turísticos y de las grandes empresas de distribución y construcción. Ante la precariedad de los empleos que ofrece la industria turística, cada vez más debilitada por los caprichos del clima, han aumentado las migraciones estacionales.

En algunos barrios populares de los alrededores de Port-Vila, una gran parte de los adultos, y en particular los hombres, están ausentes. La mayoría de ellos trabajan, como Iwai, en grandes explotaciones agrícolas de Nueva Zelanda o Australia durante varios meses, atraídos por los mejores salarios de estos países, que carecen de mano de obra. Aunque a menudo se presentan como una consecuencia del capitalismo global, estas migraciones estacionales se deben en gran medida al cambio climático. Como respuesta al deterioro de las condiciones locales de producción, forman parte de esa famosa “resiliencia” de las poblaciones frente a la adversidad.

El cambio climático no se manifiesta únicamente en forma de catástrofes puntuales. También transforma las trayectorias económicas y sociales de las poblaciones. Modifica las aspiraciones individuales, las estructuras familiares y las visiones de futuro. A principios de julio, en Blacksands, la familia Iwai organizó una gran ceremonia tradicional para celebrar la circuncisión de un niño y, sobre todo, la alianza entre dos familias que esta simboliza. Gran parte del dinero de las remesas enviado por los trabajadores temporales se invierte en ceremonias en las que se intercambian esteras, comida... En estas ocasiones, los discursos contundentes y los bailes sellan la cohesión social en un mundo en el que ya nada concreto resiste a los caprichos del clima. Es, sin duda, lo único tangible para una población que tardará seguramente en sentir los efectos concretos de la histórica decisión de la ONU a favor de la justicia climática.

La ciencia como aliada

En Suva (Islas Fiyi), en las modestas oficinas que el PISFCC comparte con otras ONG, Vishal Prasad, director de campaña del movimiento, sigue saboreando esta reciente victoria: “Ahora ya no se trata de que acudamos cada año a la COP para obtener un apoyo amable o compasión. Desde la sentencia de la CIJ y la aprobación de la resolución por parte de la ONU, podemos actuar para recordar a los Estados sus responsabilidades y su obligación de respetar el derecho internacional”. Sin exagerar el alcance práctico de la resolución, esta tiene, y tendrá en el futuro, consecuencias en las relaciones entre los países del Norte y los del Pacífico Sur. “Durante la Semana del Clima de Nueva York, en setiembre de 2025 [un evento anual que reúne a miles de participantes], ya se podía observar un cambio de tono por parte de algunos grandes países, que de repente se mostraban más cautelosos en sus interacciones con los países del Pacífico Sur”, relata Anne-Sophie Vivier, asesora jurídica del programa de justicia climática de Vanuatu.

Kiel Loughman, ahora jubilado, no cree mucho en la vía judicial para obtener una indemnización directa de los contaminadores: “He pasado 30 años juzgando litigios y veo que no siempre es la forma más eficaz de avanzar, sobre todo para los países pequeños sin recursos frente a gigantes que cuentan con ejércitos de abogados”. El exfiscal general considera, en cambio, que la resolución aprobada por la ONU –culminación inesperada de una carrera al servicio de la justicia– servirá de palanca en las futuras negociaciones: señala la responsabilidad de los Estados y, por consiguiente, su posible inacción frente a las grandes empresas.

En julio de 2025, solo unos días después del histórico dictamen emitido por la CIJ, el Tribunal de Apelación del Estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, ante el que había recurrido un grupo de agricultores locales, revocó la autorización concedida al grupo Glencore para explotar una mina de carbón.⁸

¿Cuál será, pues, la estrategia de los Estados industrializados para seguir contaminando, sin tener en cuenta las consecuencias para las poblaciones, incluidas las suyas propias? En una entrevista realizada en Fiyi a principios de junio, Abdul Shaheed, también jurista y miembro activo de PISFCC, afirmaba: “Ahora nuestro campo de batalla más importante es la ciencia. Hay todo un grupo de países, en particular los productores de energías fósiles, que libran una lucha encarnizada contra la ciencia”. Unas declaraciones que se hacen eco directamente de las del secretario permanente del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Fiyi. Unos días antes, en Bonn, durante las reuniones preparatorias de la COP 31, Sivendra Michael afirmaba, de hecho: “Los científicos son nuestros mejores aliados. Quienes combaten o critican la ciencia no son nuestros amigos”. Y es que, si bien los Estados de Oceanía presionan para que se cumpla el Acuerdo de París y las esperanzas asociadas a la limitación del calentamiento a +1,5 °C, algunos grandes países productores de energías fósiles ya no tienen reparos en desacreditar abiertamente el discurso científico promoviendo teorías que siembran la confusión, enturbiando el debate y reprochando a los investigadores su parcialidad.⁹

Situado en primera línea de la lucha contra el cambio climático, el continente oceánico es también una de las vías de salida a este problema. Las poblaciones de Vanuatu, Fiyi o Kiribati ya están viviendo situaciones a las que pronto se enfrentarán todas las demás. Sus habitantes no son testigos pasivos de una catástrofe mundial: son los primeros estrategas y los primeros opositores. En este sentido, el Pacífico constituye un observatorio avanzado de nuestro futuro.

En el Foro de Innovación del Pacífico sobre el Clima y el Medio Ambiente, celebrado en Port-Vila a principios de julio, numerosos expositores acudieron para presentar soluciones técnicas y estrategias de adaptación: reciclaje de materiales en un mundo marcado por la escasez; transformación de residuos en archipiélagos que carecen de infraestructuras para su eliminación; promoción de principios ecológicos de construcción inspirados en una arquitectura tradicional que ha perdurado a lo largo de los siglos. Empresarios privados, organismos gubernamentales y asociaciones locales se mezclaban alegremente, todos ellos preocupados por la necesidad de mantener la habitabilidad de sus islas. En la gran sala del complejo turístico donde se celebró este evento sin precedentes, el ministro Regenvanu escuchaba con atención a los participantes en el concurso de propuestas de innovación ecológica y medioambiental, procedentes de todos los países de la región. El Pacífico Sur no espera a que lo salven. Nos muestra cómo luchar: “No nos estamos ahogando. Estamos luchando”, afirman los Pacific Climate Warriors.¹⁰

Eric Wittersheim, enviado especial, titular de la Cátedra de Antropología del Estado en Oceanía de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Traducción: redacción de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.