Terror colonial en Cisjordania

Los jóvenes bailaban en medio del salón. Los mayores intentaban conversar, a pesar de los decibeles. Ninguno sabía dónde estaban los dos hermanos Hamayel. La modesta fiesta organizada en Ramala en honor a un bachiller estaba en pleno apogeo aquella noche de verano cuando se supo la noticia del arresto de los hermanos por parte del ejército israelí. Ambos vivían cerca de la ciudad donde tiene su sede la Autoridad Palestina. Era habitual que los habitantes de ese pueblo y otros poblados cercanos fueran atacados. Los colonos de los puestos de avanzada –uno de los cuales se estableció recientemente a apenas unos cientos de metros de su granja– les impiden acceder a áreas cada vez más amplias de sus olivares y almendros, de sus manantiales y cisternas y de sus pasturas.

La expresión “puesto de avanzada” alude a los pequeños asentamientos israelíes implantados en los territorios palestinos ocupados desde 1967, en tierras públicas o privadas y sin la aprobación de las autoridades de planificación urbana israelíes. No obstante, reciben apoyo logístico –abierto, extraoficial u oculto– de parte de organismos estatales y donantes privados. Este fenómeno tomó una amplitud considerable desde la segunda mitad de la década de 1990 con el objetivo de obstaculizar la transferencia de territorios de Cisjordania a la autoridad civil palestina. Según datos del sitio web Peace Now, el número de asentamientos alcanzó ahora los 390, en comparación con los 146 establecidos oficialmente desde 1967.¹ De estos puestos de avanzada, 249 se crearon en los últimos cuatro años.

La víspera del arresto habían sido robadas cerca de 100 ovejas de una granja de la familia Hamayel. Los dos jóvenes, su padre y su cuñado se habían movilizado hasta el lugar para recuperar los barriles de aceite de oliva y algunos artículos de primera necesidad, por miedo a que también se los robaran. Pero inmediatamente llegaron los habitantes de un puesto de avanzada cercano, o bien fueron israelíes provenientes de otras zonas, y les sacaron fotos para llamar después a los soldados. Estos últimos arrestaron a ambos hermanos y se los llevaron con los ojos vendados y esposados. Cuando nos enteramos de esto al mismo tiempo que sus familiares, ya habían pasado prácticamente las seis horas durante las cuales un soldado está autorizado a detener a un palestino.

Su familia temía que los soldados los maltrataran –como permiten sospechar los testimonios de quienes sufrieron la misma suerte–. Menos de media hora después de que otro periodista y nosotros mismos enviáramos un pedido de información al servicio de prensa del ejército y de la policía, nos enteramos de que los habían trasladado a una comisaría israelí ubicada en el complejo comercial de una colonia al este de Ramala.

Los arrestos por parte de soldados de palestinos que fueron atacados por civiles israelíes se multiplicaron en los últimos tres años. El Fondo para la Defensa de los Derechos Humanos (HRDF), con sede en Israel, trabaja para ayudar a estas personas detenidas. Creada en 2011, esta organización no gubernamental empezó ofreciendo protección jurídica a los participantes en manifestaciones en Israel y Cisjordania. Hoy en día, también defiende a agricultores y pastores palestinos que son arrestados por el ejército y son el blanco de los colonos. Solamente en agosto el HRDF recibió denuncias de alrededor de 60 personas secuestradas por los militares en circunstancias similares. La organización las puso en contacto con abogados especializados, como hizo en el caso de los dos hermanos Hamayel. Es necesario precisar que el número real de personas arrestadas con esta modalidad es más alto, ya que muchas desconocen la existencia del Fondo o no pueden recurrir a él.

En algunos casos, quienes ejecutan el arresto son colonos conscriptos; en otros casos, los habitantes de los puestos de avanzada acompañan a los jóvenes soldados y les dan instrucciones. Algunos militares saben que a los colonos no les gusta ver pastar un rebaño aquí y allá y, por ese simple motivo, privan al pastor palestino de su libertad. El arresto implica un interrogatorio en el puesto policial y una privación de libertad, breve o de varios días, que puede desembocar en una imputación.

Cada tanto, los abogados también logran que se libere algún detenido. Fue el caso de la abogada Riham Nasra en el asunto de los hermanos Hamayel, quienes fueron liberados al día siguiente sin condiciones ni cargos –una suerte de confesión implícita por parte de las autoridades de que se trataba de un arresto abusivo–. Sin embargo, son pocos los abogados tan comprometidos y que, por otra parte, no les cobran nada a las víctimas.

En marzo, tres habitantes del pueblo donde vive la familia Hamayel murieron en un ataque perpetrado por habitantes del puesto de avanzada instalado poco tiempo atrás.² Las víctimas intentaban defender sus huertos y sus casas. Un colono disparó y mató a una de ellas. Los testigos oculares tuvieron dificultades para determinar si el disparo que alcanzó a la segunda provino de un colono o de un miembro de las fuerzas del orden, que se hicieron presentes para proteger a los atacantes. La tercera víctima murió asfixiada por los gases lacrimógenos utilizados por los soldados contra los pobladores. De hecho, todo palestino es un blanco, y muchos de ellos comienzan a temer que la guerra de exterminio que Israel lleva adelante desde hace tres años en Gaza se extienda a Cisjordania.

La mayoría de los que estaban invitados a aquella fiesta en Ramala tienen familiares y amigos en los pueblos amenazados. Algunos incluso tienen una parcela de tierra que a veces pueden llegar a perder después de una toma violenta de posesión por parte de los colonos o de una orden de expropiación militar para la ampliación de alguna ruta o la extensión de una colonia. El resto sufre ataques de los colonos cuando viaja, o es víctima de controles del ejército –en muchos casos por exigencia misma de los colonos–. En total, en Cisjordania hay aproximadamente 1.000 puestos de control de toda índole que aíslan –o pueden aislar– a estas comunidades palestinas unas de las otras, y obstruyen las rutas principales.³ Por ejemplo, fueron instaladas 450 puertas de hierro en la entrada y salida de pueblos y poblados; los soldados las cierran y las abren según criterios incomprensibles. Recientemente, los colonos también empezaron a usarlas para impedir el paso a los palestinos.

En 2025, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró 1.836 ataques de colonos que hirieron a personas y animales, así como causaron daños materiales (cultivos agrícolas y propiedades).⁴ Ahora bien, solo en los primeros siete meses de 2026 ya se registraron 1.418 ataques similares –lo que confirma el aumento observado desde 2022–. A título comparativo, en 2006, cuando Naciones Unidas comenzó a recopilar datos, el total era de 182 ataques por año. A mediados de 2012, Naciones Unidas incluso convocó una conferencia de prensa para alertar sobre la situación, ya que el número de ataques había subido a 423 en 2011. Según informes de los servicios de seguridad palestinos e informaciones difundidas por los medios de comunicación, el departamento encargado de las negociaciones con Israel dentro de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) contabilizó 3.270 ataques entre enero y julio de 2026. Este recuento incluye incursiones y actos de hostigamiento cometidos por colonos que no necesariamente provocan daños físicos ni materiales –como la incursión que condujo al arresto de los hermanos Hamayel–.

En el origen de estas agresiones se encuentran numerosos judíos israelíes, la mayor parte de los cuales usan kipá, patillas o tzitzit. Algunos fueron identificados como los fundadores y propietarios de los puestos de avanzada. Otros parecen ser simplemente visitantes de fin de semana. Muchos nacieron o se criaron en colonias reconocidas por Tel Aviv. Invaden las tierras palestinas a pie o en vehículos todoterreno proporcionados por el Estado y el ejército –incluso los sábados, cuando la ley religiosa judía prohíbe manejar–. Muchos van enmascarados. Una parte de las armas es suministrada por el Estado. Agreden físicamente a golpes de porras, profieren amenazas, roban ganado (alegando que les habría sido robado a ellos), envían a su propia gente a pastorear y destruir la cebada sembrada por los agricultores, incendian campos y casas, sabotean las fuentes de agua. Se apoderan de las que se encuentran fuera de los poblados, destruyen los canales y vacían los depósitos de las comunidades que no están conectadas a la red de suministro de agua.

Es cada vez más frecuente que los agresores utilicen a niños y adolescentes que parecen haber sido entrenados para sembrar el caos. Actúan exasperando o agotando a pastores y agricultores humildes, y arrasan campos y huertos acompañados de un rebaño de ovejas. Agresivos, no dudan en insultar o golpear –sea a palestinos o a los voluntarios israelíes e internacionales–. Las personas atacadas saben que, si se defienden, serán arrestadas por violencia contra menores. A fines de agosto, unos colonos secuestraron de esta forma a un activista británico que se encontraba en la aldea de Umm al-Khair, en el sur de Cisjordania, mientras intentaba impedir las incursiones de niños. Acusado de pedofilia por los colonos, fue entregado a la policía y posteriormente deportado.⁵

Nada parece frenar el uso de menores para acosar a los palestinos, ni la movilización de militantes israelíes dentro de los servicios sociales de su país, ni los testimonios difundidos por los medios de comunicación. Hay similitudes en este comportamiento en varias zonas de Cisjordania y se usa un “equipamiento” semejante (los rebaños de ovejas, vacas o camellos con los que se dota a cada nuevo puesto de avanzada). A esto se suma la rapidez con la cual el asentamiento obtiene posteriormente conexión a la red de suministro de agua de una base militar, o la rápida construcción de una ruta de acceso. Todo sugiere la existencia de una mano que dirige, planifica y organiza esta presión cotidiana con pleno apoyo de las autoridades.

Como consecuencia, desde 2022, 74 comunidades y familias que se dedicaban al pastoreo tuvieron que levantar sus escasas pertenencias, abandonar sus hogares de décadas y trasladarse a zonas densamente pobladas. Esto representa aproximadamente 5.000 personas. Quienes todavía se aferran a sus tierras en otras 18 comunidades vieron partir a 500 de sus miembros.⁶ Acá y allá, los restos de una tienda de campaña o una estructura prefabricada que alguna vez sirvió como escuela recuerdan que, hasta hace poco, había gente viviendo en el lugar.

Gracias a las armas de que disponen, a la ayuda militar y a la inacción de las autoridades responsables del orden público, las milicias de colonos lograron en los últimos años expulsar a los palestinos de más de 1.000 kilómetros cuadrados –es decir, casi una quinta parte de la superficie de Cisjordania–. Pastores, agricultores, gente que hacía excursiones, familias que disfrutaban de un pícnic: todos tienen miedo de permanecer en estos lugares que alguna vez fueron el paisaje de su infancia.⁷

La desaparición de las comunidades de pastores en una zona tan extensa otorga a las milicias de colonos mayor libertad para atacar viviendas o terrenos en las afueras de los pueblos y ciudades, e incluso para apoderarse de ellos. En este caso también el ejército, al igual que la policía, simula impotencia. Los colonos usurparon literalmente tres viviendas particulares en el pueblo de Jaloud tras hostigar a las familias que vivían ahí, y siguen asediando casas en el pueblo de Qousra. Ni las críticas del embajador estadounidense en Israel, Michael Huckabee, que, no obstante, es un firme defensor de la colonización, ni las condenas de ciertos oficiales pudieron convencer al ejército de expulsar a estos squatters, a quienes incluso los jueces del Tribunal Supremo calificaron de “amotinados”.

“Esta es mi casa”. La frase se repite una y otra vez, bajo diversas formas, durante múltiples ataques. A fines de enero, en las afueras de Bir Zeit, la familia Bourhane la escuchó, pronunciada en un perfecto árabe, de boca de un israelí que hundía la puerta de su casa a golpes de maza. Una de las mujeres de la familia nos contó que un soldado acompañaba al usurpador y que huyeron tras verla hacer el signo de la cruz. Pero el hombre con la maza había tenido tiempo de golpear a su madre de 65 años con una piedra, hiriéndola. ¿Su delito? Haberle pedido a un niño judío que alejara su rebaño de ovejas que había llevado hasta el huerto que rodeaba la casa. El niño –que, según relata la madre, “parecía asustado”– pidió ayuda a los habitantes del puesto de avanzada situado en terrenos pertenecientes al pueblo vecino. Dos familiares de la madre que acudieron en su auxilio fueron arrestados por soldados y después detenidos en un centro militar durante casi ocho horas. Su hijo, que había intentado ahuyentar a los atacantes (uno de ellos lo había grabado lanzándoles piedras), fue arrestado después. Los soldados lo molieron a golpes antes de entregarlo a la policía. Después de cinco días de arresto, el juez militar finalmente lo liberó tras el pago de una cuantiosa fianza que tenía que hacerse en efectivo. El magistrado no pudo ignorar ni las fotos del rostro de su madre tumefacto ni la ausencia de interrogatorios a los agresores de parte de la policía.

Pero esta liberación provocó la ira de los colonos, sobre todo después de que medios de comunicación de extrema derecha informaran de un grave incidente en el que “amotinados árabes” habían atacado a un pastor que hacía pacer a su rebaño. Algunos días después, uno de ellos se presentó en el patio de la casa. Los soldados que venían detrás arrestaron de nuevo al hijo, esta vez con el pretexto de que había incitado a los vecinos a lanzar piedras contra los israelíes. Un vocero del ejército israelí nos aseguró que los colonos no estaban detrás del arresto. También negó que los soldados hubieran golpeado al detenido o le hubieran ordenado barrer y limpiar el puesto militar donde había estado encerrado.

Después de estos incidentes –como ocurre en muchos hogares en las afueras de pueblos y ciudades– la casa de la familia Bourhane se convirtió en una fortaleza, fue rodeada por una valla alta, y se pusieron portones de hierro y cámaras de vigilancia. La familia y sus vecinos ya no se atreven a aventurarse hasta las laderas inferiores de la colina para ocuparse de sus olivos, situados a unas pocas decenas de metros de su casa.

En algunas cuentas públicas en redes sociales, las milicias judías (conocidas con el nombre de “Jóvenes de las colinas”) se jactan de sus actos mientras arremeten contra las muy escasas detenciones de sus miembros por parte de la policía israelí. El 10 de setiembre, el canal de Whatsapp Anshei Shlomeinu (“nuestro pueblo” en hebreo) publicó un “balance de la lucha contra el enemigo árabe en Tierra Santa” correspondiente al año hebreo recién terminado. El mensaje detallaba la “lista de poblados atacados y el número de ataques”. Aparecen al menos 150 nombres, ordenados de forma descendiente según el número de ataques. La ciudad de Bir Zeit fue atacada dos veces, la aldea vecina de Attara cinco veces, Jaloud diez veces, mientras que Qousra y Khirbet Abu Falah sufrieron 15 ataques cada una. Los autores de la publicación también se atribuyeron otras hazañas: “Número de vehículos palestinos quemados (en Cisjordania): 436. Número de edificios quemados: 201. Mezquitas quemadas: 15. Número de árabes heridos: 409”. Y siguen: “Además, se rompieron decenas de miles de ventanas, se talaron miles de olivos, se pincharon cientos de neumáticos y se quemaron decenas de miles de dunams [1 dunam = 0,1 hectáreas] de campos y huertos. ¡Feliz y próspero Año Nuevo a todo el pueblo de Israel!”. Sin embargo, hay una omisión: desde principios de año, civiles israelíes asesinaron –durante sus ataques– a 15 palestinos. Otros ocho murieron en circunstancias similares, pero no se pudo determinar si estos actos fueron cometidos por soldados o colonos.⁸

Entre el 1° de enero y el 8 de setiembre, 88 palestinos fueron asesinados en Cisjordania por disparos israelíes. Entre ellos había 21 menores, y el más joven tenía menos de 1 año de edad. En Hebrón, un soldado abrió fuego contra un automóvil en el que viajaban un padre y sus hijos. En su defensa, alegó que creía que su vida corría peligro. La amenaza a la propia vida es algo que se invoca con frecuencia –sobre todo cuando se alega que las personas asesinadas lanzaron piedras o artefactos incendiarios, especialmente durante incursiones militares en barrios residenciales palestinos–. Hasta la fecha, la organización de derechos humanos B’Tselem solo pudo investigar 49 de estas muertes palestinas.⁹ Los testimonios recabados son sistemáticamente no corroborativos de la versión de los hechos del ejército y, en la mayoría de los casos, haber recurrido a una fuerza letal parece desproporcionado.

En los hechos, la agresividad de las autoridades siempre supera la de los colonos. Durante los primeros meses de 2025, el ejército, por orden del ministro de Defensa Israel Katz, expulsó de sus hogares a todos los residentes de los campamentos de refugiados de Yenín y Tulkarm: es decir, a más de 33.000 personas. Desde entonces, anduvieron deambulando entre casas de familiares, departamentos alquilados y centros de alojamiento temporario. La justificación esgrimida es la “eliminación de las infraestructuras terroristas”.

En estos mismos campamentos, el ejército demolió un número significativo de viviendas. También arrancó, y sigue arrancando, miles de árboles frutales pertenecientes a palestinos por diversos motivos de seguridad y punitivos. Prohíbe a cientos de familias de agricultores acceder a sus tierras ubicadas más allá del muro de separación. En el transcurso de los primeros ocho meses del año, las autoridades demolieron 1.129 construcciones palestinas, la gran mayoría (1.087 para ser exactos) con la excusa de falta de permisos de construcción. Según la OCHA, aproximadamente 1.500 personas se quedaron sin techo. De hecho, Israel conserva el monopolio de la planificación y la entrega de permisos sobre más del 60 por ciento del territorio de Cisjordania, así como en toda Jerusalén Este. Desde 1967, con el inicio de la ocupación, Tel Aviv aplicó una política restrictiva en cuanto a la concesión de permisos de construcción a palestinos; esto dio lugar a construcciones en terrenos privados, que las autoridades, después, consideraron ilegales.

Los medios de comunicación rara vez mencionan las otras formas de hostigamiento cotidiano que sufren los palestinos. Cada noche, y con cada vez mayor frecuencia también durante el día, aparecen unidades militares que hacen redadas en los barrios residenciales de pueblos y ciudades de Cisjordania para efectuar arrestos, demostrar su fuerza e intimidar a la población. Las tripulaciones de los jeeps irrumpen en las viviendas en plena noche. En otras ocasiones, interrumpen el tráfico en los centros urbanos durante una hora, a veces más, disparando gases lacrimógenos y balas reales. El departamento de negociación de la OLP registró 1.358 redadas e incursiones de este tipo solamente en agosto. Cada sección de su informe cotidiano da testimonio de la vida de los habitantes de Cisjordania: “muertos”, “heridos”, “detenidos”, “redadas militares”, “disparos con balas reales”, “toma de posesión de viviendas (por parte del ejército)”, “hostigamiento de las fuerzas de seguridad palestinas”, “ataques contra equipos médicos”, “trabas al sistema educativo”, “bloqueo permanente de los puntos de paso y rutas”, “controles militares inesperados”, “ataques de colonos”, “daños materiales”, “confiscación de bienes”, “intrusión en lugares de culto”, “ataques aéreos”, “demolición de casas”, “nivelación de tierras” (erradicación de la vegetación), “confiscación de tierras”, “toque de queda”, “arrestos”.

La mayor parte de las veces estos perjuicios están vinculados entre sí. Una incursión militar se acompaña de disparos con balas reales, a veces de heridos o muertos, y con frecuencia de arrestos. Los controles inesperados en las rutas pueden derivar en el robo de dinero o la confiscación de un vehículo. Según el Departamento de Negociaciones de la OLP, en agosto se registraron 4.485 incidentes relacionados con la ocupación. Sin embargo, estos informes no dan cuenta de la política de estrangulamiento económico que aplica el gobierno israelí. Esta política se ejerce de tres maneras –y cada una de ellas merecería un análisis exhaustivo–: el robo (eufemísticamente llamado “apropiación” o “retención”) de los ingresos de la Autoridad Palestina procedentes de los derechos de aduana y las tasas de importación –entre el 60 y el 70 por ciento del total de los ingresos–; la prohibición de que unos 120.000 trabajadores palestinos puedan recuperar sus empleos en Israel, y las restricciones cada vez más severas a la libertad de movimiento dentro de la propia Cisjordania. Combinados, estos obstáculos empobrecen tanto a los empleados del sector público como a las familias trabajadoras o a los propietarios de pequeñas empresas. Además, afectan de modo grave a los sistemas públicos de salud y educativos. Su funcionamiento pone en peligro la vida de miles de pacientes e implica un descenso tangible en la calidad de la enseñanza.

El gobierno de Benjamin Netanyahu es responsable de este estrangulamiento económico, así como de la proliferación de puestos de avanzada y su violencia crónica. Y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, encarna a la perfección estas políticas. Apoyado por otros ministros y diputados de su facción –el sionismo religioso, cuyos partidarios son en su mayoría colonos–, este decidido planificador está definiendo, con palabras y hechos, el futuro de los palestinos. Su plan, lanzado en 2017 bajo el nombre de “Plan Decisivo”, no presenta ambigüedad alguna: los palestinos deben aceptar que jamás podrán consumar su proyecto nacional “entre el río y el mar” (el Mediterráneo y el Jordán), una tierra reservada exclusivamente a los judíos. Según Smotrich, los palestinos que quieran permanecer en la región tendrán que aceptar las condiciones impuestas por Israel.

La violencia de los colonos, facilitada y respaldada por el establishment israelí, debe entenderse a la luz de los objetivos del plan de Smotrich. Durante décadas, una sofisticada maquinaria militar-burocrática restringió u obstaculizó la actividad palestina en la mayor parte de Cisjordania: especialmente en la construcción, la ganadería y la agricultura. Se inviste con los atavíos de la legalidad, apoyándose en un amplio sistema de leyes y reglamentos, en cláusulas de los Acuerdos de Oslo, en razones de seguridad y en sentencias del Tribunal Supremo, y se beneficia del poco efecto de las protestas –que, en cualquier caso, siguen siendo tímidas e inofensivas– de la “comunidad internacional”.

Puede que no esté muy lejos el día en que los colonos ya no se conformen con invadir las afueras de los poblados, sus tierras y las comunidades de pastores, sino que se adentren también en el corazón mismo de una ciudad o un pueblo palestinos, con o sin el ejército a su lado, con el objetivo explícito de demostrar quién es el amo. Estas incursiones desafiarán el aparato de seguridad de la Autoridad Palestina, que, por el momento, tiene las manos atadas. Los colonos buscarán provocar una respuesta palestina (resistencia activa, estallidos de ira individual, uso de armas blancas o de fuego) que permitiría al ejército tomar medidas todavía más drásticas contra el conjunto de la población. Todo esto apunta a lograr el objetivo de los agresores y de los altos funcionarios que los sostienen: la expulsión de los palestinos de su patria.

Amira Hass, periodista radicada en Ramala, Cisjordania. Traducción del inglés: Akram Belkaïd.