Sermonear y castigar

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Condenas en un 95 por ciento de los casos, prisión firme para seis de cada diez, una pena promedio de ocho meses. Es el primer balance de la repuesta penal a las revueltas que sacudieron a Francia al comenzar el verano boreal, cuando 600 personas ya se encontraban en la cárcel. ¿Qué suerte les espera? La represión de las revueltas de 2011 en el Reino Unido permite hacerse una idea.

El abogado comienza: “Es estudiante de Ingeniería, sus exámenes son en diez días. Nunca fue condenado, está dispuesto a llevar una pulsera electrónica, a someterse a cualquier condición mientras pueda rendir sus exámenes”. Uno de sus colegas lo reemplaza cuando la Corte convoca para el caso siguiente: “Mi cliente quiso ir con sus amigos a ver qué había pasado en el negocio, quiso averiguar, como los periodistas”. En el cubículo reservado a la prensa, se mofan. “Está avergonzado. Quiere reparar el mal hecho con trabajos de ayuda a la comunidad. Trabaja en una tienda por departamentos, está en segundo año de la universidad, quiere seguir estudiando”. Pero el juez descarta esas solicitudes. Mantiene la detención preventiva. Uno de los dos hombres baja la cabeza, con la mirada vacía. Su madre se pasa las manos por la cara para no llorar. “Quieren medidas ejemplarizantes –protesta el padre del otro–, condenan a todo el mundo con mucha severidad.”

Pareciera que la escena se vivió en un tribunal francés. Una comparecencia de revoltosos al comienzo de este verano. Pero fue en Inglaterra, hace más de diez años, en 2011, para ser más precisos: durante los juicios organizados de urgencia por –según la expresión del gobierno– los “disturbios del orden público”. El 4 de agosto de ese año, Mark Duggan, de 29 años, fue asesinado por un policía con una bala en el pecho tras la intercepción del taxi en el cual circulaba en Tottenham, en el norte de Londres. Las autoridades lo vigilaban. Tenía un arma al momento de su muerte. Sus allegados marcharon dos días después hasta la comisaría principal del vecindario. Al comenzar el evento, unos policías aporrearon a una niña de 16 años que habría lanzado una piedra. La situación degeneró. Dos vehículos policiales ardían antes de que se propagara la violencia en el vecindario y luego, durante los días siguientes, en la periferia de la capital y en grandes ciudades inglesas, Birmingham, Liverpool, Manchester...

Inglaterra 2011, Francia 2023: las similitudes no faltan. Cuando el presidente francés denunció el 30 de junio la “instrumentalización de la muerte de un adolescente [...] para intentar crear desorden y atacar nuestras instituciones” y llamó a los padres “a la responsabilidad”, cuando el ministro del Interior Gérald Darmanin indicó el 3 de julio “hay que ser firmes con los delincuentes y no ver una excusa social allí donde no la hay”, sus palabras se hacían eco de aquellas pronunciadas 12 años antes por el entonces primer ministro británico. El 15 de agosto de 2011, el conservador David Cameron lamentó un “derrumbe moral”, que había generado “irresponsabilidad, egoísmo, inconsecuencia, niños sin padre, escuelas sin disciplina, recompensas sin esfuerzo, crimen sin castigo, derechos sin responsabilidades, comunidades sin control”. A comienzos de octubre de 2011, la ministra del Interior, y futura primera ministra, Theresa May, había insistido: “Los disturbios de este verano no estaban vinculados con la pobreza o con la política. Se trataba de codicia y de criminalidad, alimentadas por una cultura de la irresponsabilidad y del asistencialismo”. Para ponerle fin, el viceprimer ministro, el liberal-demócrata Nicholas Clegg, propuso que los condenados realizaran sus trabajos comunitarios en traje naranja, sin duda para que se los considere para siempre como parias, en el seno mismo de su propio vecindario. Es una intensificación de la humillación a la cual remite la iniciativa tomada recientemente en Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). “Esos chicos no tienen cerebro, pagarán, las familias tendrán que pagar”, afirmó en un primer momento el alcalde del municipio, antes de colocar en toda la ciudad una cinta amarilla sobre los carteles de promoción de la efímera playa de “Beach Mesnil”: “Cancelado. Los ahorros realizados permitirán reparar los destrozos provocados por los revoltosos”.

“Es injusto, no son los que llevan a sus hijos al parque los que quemaron todo, todo el mundo paga por algunos culpables”, reaccionaron los habitantes, enojados tanto con el alcalde como con los revoltosos¹. A largo plazo, estos enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas del orden, y los discursos que inspiran, contribuyen a modificar la mirada sobre las clases populares, incluso en su propio seno.

Los otros

BritainThinks publica desde hace muchos años estudios sobre la identificación con las clases sociales en el Reino Unido. En 2011, Deborah Mattinson, a cargo de las investigaciones en el seno de esa consultora, ya constataba: “Hago la misma pregunta, en lo que se refiere a la identidad social, desde fines de los años 1980. Sin embargo, desde hace poco, la casilla ‘clases populares’ parece representar un insulto”². Y, en el espacio de diez años, la tendencia se acentuó de forma considerable. Según la entrega 2021 de la encuesta, el 54 por ciento de las personas interrogadas se percibían a sí mismas como pertenecientes a las clases populares, es decir, ocho puntos menos que en el 2011.

Pobres contra pobres: los comentarios de las autoridades o de los expertos sobre los desórdenes en los vecindarios desfavorecidos respaldan esa lectura. “La respuesta política habitual a los disturbios es tratar de identificar a las personas implicadas como si se tratara, en cierto modo, de ‘otros’ –explicaban los investigadores en 2018–. Las concentraciones sediciosas son presentadas como masas irracionales o simplemente como grupos que no tienen nada más que intenciones criminales”³. En Francia, la referencia a los revoltosos dentro de lo inquietante y extraño procedió, por supuesto, de la denuncia de sus orígenes. Siguiendo los pasos de François-Xavier Bellamy, de Les Républicains [Los Republicanos, centroderecha], o de Éric Zemmour , de Reconquête [Reconquista, ultraderecha], algunos medios de comunicación como BFM o L’Opinion publicaron listas o clasificaciones de los nombres más frecuentes entre las personas detenidas: en orden, Mohammed, Yanis, Enzo, Maxime...⁴

Sin embargo, en aquel 2011, las divergencias de análisis en el Reino Unido habían aflorado casi desde un primer momento, incluso en un diario conservador como The Telegraph. El 12 de agosto, su editorialista Peter Osborne estimaba que los revoltosos seguían “simplemente el ejemplo mostrado por las figuras de mayor edad y más respetadas de la sociedad”. El periodista resaltaba el “declive aterrador de la elite gobernante británica en cuyo seno se tornó aceptable mentir y hacer trampa”⁵. En 2009, de hecho, el “escándalo de las rendiciones de gastos”, que había sacado a la luz el desvío de dinero público por parte de los parlamentarios, no había conducido más que a tres condenas a penas de prisión. El diputado laborista Gerald Kaufman simplemente tuvo que devolver el televisor Bang & Olufsen que había adquirido a costa de los contribuyentes (8.750 libras esterlinas, cerca de 10.000 euros). En 2011, Nicolas Robinson, un hombre de 23 años sin antecedentes judiciales, pasó seis meses en prisión por haber levantado del suelo una botella de agua mineral de un valor de 3,50 libras (cerca de 3,70 euros) unas horas después del saqueo de un negocio.

The Guardian y la London School of Economics, por su parte, realizaron una investigación basada en 270 entrevistas a revoltosos⁶. El informe publicado en diciembre de 2011 ponía en evidencia “la ira ampliamente difundida hacia la policía y la frustración causada por el comportamiento cotidiano de los agentes de la policía en su contra”. El 73 por ciento de las personas interrogadas habían sido cacheadas durante los doce meses precedentes. Solamente el siete por ciento de ellas estimaban que la policía hace un “buen” o “muy buen” trabajo, contra el 56 por ciento de la población británica. La situación social también se mostró determinante: sólo el 51 por ciento de los participantes se consideraban integrados a la sociedad, contra el 92 por ciento de los británicos. Y mientras Cameron había indicado en un discurso del 11 de agosto de 2011 que “las bandas estaban en el centro de la violencia” y habían “coordinado los ataques contra la policía y el subsiguiente saqueo”, las investigaciones de los periodistas y de los académicos mostraban que las bandas habían tenido un rol marginal.

Otro análisis redactado en octubre de 2011 dirigido al gobierno por el National Center for Social Research, un think tank [usina de pensamiento] independiente, establecía que los participantes habían visto en esos disturbios “algo emocionante para hacer”, “la posibilidad de obtener cosas gratis” y “la oportunidad de vengarse de la policía”⁷. Según un informe de marzo de 2012 del Panel sobre los Disturbios, las Comunidades y las Víctimas constituido tras los disturbios por el gobierno y la oposición, “no se consideraba que la gran mayoría de esos jóvenes presentaran un riesgo de delincuencia. Ello sugiere que muchos de ellos tomaron malas decisiones porque se dejaron llevar”⁸. La misma suposición podría hacerse en Francia. Este 5 de julio, ante la Comisión de Leyes del Senado, el ministro Darmanin indicó que el 60 por ciento de las personas detenidas durante las noches de violencia no tenían antecedentes judiciales.

Dureza en las penas

A mediados de julio, la abogada Elsa Marcel, miembro del Colectivo de Acción Judicial, temía una segunda fase de detenciones en Francia, del mismo orden, aprovechando no sólo la videovigilancia, sino también las publicaciones en las redes sociales. Informó que en Sarcelles o Saint-Denis tales elementos, reunidos como cargos contra personas muy jóvenes, justificaron allanamientos en los domicilios familiares a la madrugada. Es una estrategia de miedo ante la continuidad de las requisas y de las penas impuestas actualmente al finalizar las comparecencias inmediatas, en particular humillantes para los acusados. “¿Cree que sus padres están orgullosos de usted? ¿Tal vez tengan vergüenza?”, les preguntaron los jueces del Tribunal de Gran Instancia de Bobigny. “Vivimos en una sociedad donde podemos hacer que nos envíen de todo, ¿por qué salieron a comer a un griego en período de violencia urbana?” “Su debilidad intelectual torna necesaria una pena firme.” En Lyon, se impuso prisión firme, de hasta cuatro meses, a cuatro jóvenes de 18 a 19 años por el hurto de caramelos, de jugo de frutas y de cereales. En Nanterre, Ilyes, de 20 años, recibió 12 meses de encarcelamiento con pena en suspenso por haber proferido, durante un vivo de TikTok, “Los vamos a matar, comer como mafé [comida a base de pollo, como se llama a veces a los policías], beberlos como bissap [bebida nacional de Senegal]”⁹.

En el Reino Unido, una expeditiva justicia también pronunció penas de una severidad que pretendía ser ejemplar. “El Servicio de Fiscales de la Corona –dirigido en ese momento por el actual jefe del Partido Laborista Keir Starmer– flexibilizó de inmediato el umbral usado para determinar si había que iniciar actuaciones judiciales –recuerda Tiratelli–. La recomendación según la cual los sospechosos de menos de 18 años no deberían ser juzgados por delitos menores fue suspendida. Actos que era habitual considerados como hurtos, fueron tratados como robos con el fin de garantizar una pena de prisión máxima”. Las estadísticas oficiales lo confirman: el 86 por ciento de los condenados por robo durante los disturbios fueron encarcelados al momento, contra el 68 por ciento de los condenados por el mismo motivo durante todo el año 2010; el 86 por ciento de los condenados por hurto, contra el 41 por ciento en 2010. En total, 1.800 años de prisión fueron otorgados por la justicia para una condena de 17 meses en promedio, resume Danny Dorling, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Oxford. Y en febrero de 2015, 1.593 de las 3.914 personas acusadas o puestas en custodia por la policía metropolitana de Londres a raíz de los disturbios de agosto de 2011 habían sido condenadas de nuevo¹⁰ –confirmando el principio bien asentado según el cual la prisión coproduce a los delincuentes–. Esa tasa de reincidencia podría haber hecho a las autoridades francesas reflexionar sobre su elección de la represión.

Tristan de Bourbon-Parme, periodista, autor de Boris Johnson. Un Européen contrarié, Éditions Les Pérégrines, París, 2021. Traducción: Micaela Houston.