Las islas se hunden

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Las islas oceánicas, ricas en recursos, sufren un mal terminal: el mar avanza sobre sus territorios. Presas de todas las ambiciones de las grandes potencias, luchan contrarreloj por su supervivencia en medio de las disputas dentro de su estratégica región. Un Indo-Pacífico con futuro para sus habitantes parece hoy una utopía lejana.

Hubo un tiempo en que nuestros dirigentes miraban poco al otro lado de la Tierra, allí donde el océano está en todas partes. Pero la aparición de nuevos retos económicos y de seguridad ha cambiado la situación de manera súbita. Desde hace una veintena de años, en una suerte de reorientación de las relaciones internacionales hacia el lado marítimo del planisferio, el concepto de Indo-Pacífico se impuso o reapareció con una nueva significación. El primer ministro japonés lo utilizó durante un discurso frente al Parlamento indio en 2007; Australia, Indonesia y Estados Unidos lo integraron a su planificación de Defensa entre 2013 y 2017; Francia se ha dado a sí misma, en 2019, una estrategia de defensa en el Indo-Pacífico, fundada en la presencia, entre el océano Indico y el Pacífico Sur, de siete de sus 12 comunidades de ultramar.¹

Desde entonces, el Indo-Pacífico no ha dejado de ganar importancia, hasta llegar a ser un eje crucial en la política exterior de los protagonistas de la guerra de influencias que atraviesa la región. Más allá de la multiplicación de visitas oficiales, Washington ha anunciado, sólo en el curso de 2023, el fomento de un diálogo tripartito en el Indo-Pacífico con Tokio y Seúl, un proyecto de consolidación de su presencia militar en Filipinas, la firma de un acuerdo de seguridad con Papúa-Nueva Guinea –que se hizo eco de un acuerdo alcanzado un año antes entre China y las islas Salomón–, la apertura de una nueva embajada en Tonga, la reapertura de la sede en las Salomón y el proyecto de nuevas representaciones diplomáticas en Kiribati y en Vanuatu. Por su lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, también en 2023, visitó Nueva Caledonia, Vanuatu, Papúa-Nueva Guinea, pero también Sri Lanka, Bangladesh, India, Japón y China. En diciembre de ese año, la visita a Australia de Catherine Colonna, entonces ministra de Relaciones Exteriores de Francia, debía relanzar la cooperación con Canberra –después de que Australia hubiera roto, en 2021, un contrato para la compra de submarinos con el grupo francés Naval Group–, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de París anunciaba la apertura de una embajada en Samoa.²

Si esta escalada es relativamente reciente, hace ya largo tiempo que los representantes de las islas oceánicas –el corazón del eje estratégico señalado– buscaban hacerse escuchar en el seno de los organismos internacionales para dar visibilidad a quienes fueron los primeros en sufrir todo el peso de los efectos de la crisis climática, no tanto para ser considerados un trozo de tierra víctima de los apetitos territoriales de las grandes potencias, sino para que se las reconozca, en su justa medida, como naciones insulares expuestas a un peligro sin precedentes. Y, de hecho, los impactos del cambio climático –el desplazamiento de los bancos de peces, la acidificación de los océanos, las sequías, el agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos y el ascenso del nivel de las aguas– constituyen la principal amenaza a la seguridad de la región. Un peligro de naturaleza existencial.

Los más comprometidos son los países atolianos, cuyo territorio está compuesto por formaciones coralinas de baja altitud, de rígidas porciones de tierra en las que no existe ningún lugar alto donde refugiarse. A excepción de las Maldivas, en el océano Índico, esos territorios se sitúan todos en Oceanía. Se trata de Kiribati, las islas Marshall, Tuvalu y Tokelau –un archipiélago autónomo de Nueva Zelanda–. La base terrestre de estos Estados probablemente será inhabitable antes de verse sumergida. Sin ser amenazados de forma directa de desaparición, los territorios de otros numerosos Estados de la región podrían sufrir alteraciones sustanciales.

En Oceanía, no todas las poblaciones implicadas gozan del mismo grado de seguridad en cuanto a las opciones de retirada de que disponen. Según los territorios de donde provengan, los isleños del Pacífico pueden (o no), por elección o por obligación –y sin que eso pueda ser considerado como una respuesta satisfactoria a la crisis climática–, migrar hacia tierras más seguras donde instalarse y trabajar. Por su historia, esta parte del mundo concentra una variedad comparable a un verdadero laboratorio jurídico, de todos los estatus constitucionales posibles. Los Estados que se independizaron durante la ola tardía de descolonización (como Vanuatu o las islas Fiyi) conviven con territorios subestatales (análogos a los franceses o estadounidenses de ultramar). También existe una modalidad original de relaciones acordadas: la libre asociación. Los nativos de Micronesia, de las islas Marshall y de Palaos pueden establecerse en suelo de Estados Unidos en el marco de los acuerdos establecidos con Washington. Los de las islas Cook y los de Niue, asociadas a Nueva Zelanda, son ciudadanos neozelandeses. Otros todavía no pueden, en cambio, más que contar con el sistema de visas (en particular, los paquetes elaborados por Canberra y Wellington, que funcionan mediante un mecanismo de lotería).

Los Estados náufragos

En el Pacífico, la carrera por la influencia y la crisis climática están ligadas, a tal punto que una no puede ser abordada sin la otra. El cambio climático constituye un elemento creciente de inestabilidad, susceptible, en lo principal, de transformar el terreno militar.³ Pero también es percibido como un factor de oportunidad y un vehículo de influencia. China no se equivoca; ha comenzado a instrumentalizar este tema incluso cuando la región no era objeto de tanta competencia. Desde el Forum Sino-Pacífico de 2006, las autoridades chinas anunciaron el aumento de su ayuda destinada a remediar los desastres naturales. La enorme inversión de China en recursos e infraestructura en la zona ha crecido a lo largo de los años, para, sin embargo, estancarse más recientemente.⁴ La estrategia pareció dar resultado. Sólo tres países de la región mantienen relaciones con Taiwán desde el giro de Salomón y de Kiribati en 2019, y el más reciente de Nauru en enero de 2024, mientras que las elecciones en Tuvalu fueron observadas con interés. Los rivales de Pekín adoptaron la misma conducta, reforzando este aspecto consensuado de su estrategia en el Indo-Pacífico. El mandatario estadounidense, Joe Biden, anunció también 810 millones de dólares de ayuda durante la cumbre Estados Unidos-Países Insulares del Pacífico, en 2022.

De esta amalgama de dinámicas, la firma en noviembre de 2023 de un tratado entre Australia y Tuvalu reviste un valor simbólico. La Unión Falepili, primera convención bilateral de desplazamiento climático, prevé una relocalización progresiva de la población del archipiélago polinesio, al ritmo de 280 permisos de residencia por año según el memorándum de acuerdo publicado el 8 de mayo.⁵ El acuerdo de “buena vecindad” –falepili, en tuvaluano– prevé igualmente una ayuda sustancial para la adaptación y la obligación de asistencia en caso de catástrofe natural. Sin embargo, Canberra no asume compromiso alguno acerca de sus emisiones de gases de efecto invernadero y, sobre todo, anula una ventaja estratégica considerable. El artículo 4 del texto le confiere, en efecto, un verdadero derecho de veto sobre los acuerdos de defensa que Tuvalu consideraría fijar, en particular con Pekín.

¿El gobierno de Tuvalu tiene realmente elección? Esta nación soberana acepta una vía de solución pragmática pero manifiestamente irracional. Los que más contribuyen al cambio climático se erigen en salvadores, mientras que las islas del Pacífico producen menos del 0,03 por ciento de las emisiones de CO2.⁶ Tal acuerdo, que fuerza a los Estados insulares del Pacífico a elegir su bando, pone en debate las intenciones a largo plazo de las grandes potencias fronterizas del continente azul. Detrás de la urgencia climática se perfilan cuestiones políticas y jurídicas nuevas, incluida la de la supervivencia virtual de países cuya población estaría enteramente desplazada y su territorio sumergido por completo. ¿Qué ocurriría en ese caso, por ejemplo, con los espacios marítimos bajo jurisdicción estatal reconocidos en la actualidad por el derecho internacional marítimo? De cumplirse la hipótesis del peor escenario para Tuvalu, ¿quién, en última instancia, controlaría los más de 756.000 km² (29.000 veces su superficie terrestre) sobre los cuales hoy son ejercidos los derechos soberanos de exploración y de explotación de los recursos marítimos? ¿Y qué será de los otros Estados susceptibles de sufrir la misma suerte? Sin especular demasiado, no parece extravagante, ante un acuerdo equivalente a la Unión Falepili, vislumbrar un futuro en el cual aquellos que más han contribuido al calentamiento global se beneficien de las consecuencias de las desapariciones en las que han jugado un papel significativo.

Una frágil esperanza

Los pueblos del Pacífico no se resignan. Sus representantes intentan sacar ventaja, en la medida de lo posible, de esta concurrencia geopolítica de alta tensión. A pesar de que la unidad de la región sea frágil y que importantes obstáculos hayan debido ser superados, la cooperación en el seno del Forum de las Islas del Pacífico (el FIP, la principal organización regional oceánica, de la que son miembros de pleno derecho la Polinesia francesa y Nueva Caledonia en virtud de sus calificaciones internacionales) ha progresado. Esto les ha permitido a los gobiernos locales hacer oír su voz, a través de diferentes declaraciones, como la de agosto de 2021, sobre la preservación de zonas marítimas a pesar de la elevación del nivel del mar.⁷ Además, su lucha por la justicia climática ha dado lugar a importantes desarrollos. De esta manera, la iniciativa formulada por Vanuatu de solicitar la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático –asunto pendiente– ha recibido un importante apoyo regional antes de llegar a un consenso en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en marzo de 2023.

Este cambio de paradigma ocurre también en los discursos. Rechazar lo impuesto, construido y externo al Indo-Pacífico, liberarse de relatos australianos y neozelandeses sobre la “familia del Pacífico” o los “buenos vecinos” con tintes paternalistas,⁸ señala la búsqueda de los Estados insulares, conscientes de las amenazas que penden sobre ellos. Estados, por otro lado, realistas en cuanto a los inmensos recursos económicos necesarios para hacerles frente, pero también legítimamente a la espera de reconocimiento y justicia. Naciones, sobre todo, que no aceptan ser enroladas en una guerra que no es la suya. El despliegue, en el seno del FIP, de la estrategia por un “Pacífico azul” se inscribe dentro de esta perspectiva. El último encuentro de los dirigentes del Forum tenía por eslogan: “Nuestra voz, nuestra elección, nuestra ruta del Pacífico”.

Géraldine Giraudeau, profesora de Derecho Público en la Universidad París Saclay (UVSQ). Traducción: María Eugenia Villalonga.