Las fronteras de la soberanía alimentaria

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Firmado en Montevideo el 6 de diciembre de 2024, como corolario de un “acuerdo de principio” alcanzado en 2019 tras décadas de negociaciones, el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur genera grandes resistencias en Francia. Este artículo profundiza en esas discrepancias con lo actuado por Bruselas.

Neumáticos frente a las sedes de las prefecturas, fardos de heno en las rotondas, tractores en el centro de las ciudades: ¿escenas como éstas se están convirtiendo en Francia en un ritual del invierno boreal? Hace un año, un gran movimiento social sacudió el mundo agrícola francés y europeo. Arrancó en el suroeste de Francia y se extendió con rapidez al resto del país, apoyado por el principal sindicato del sector, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA). Algunas medidas de urgencia aplacaron de manera temporal el descontento, pero no resolvieron los problemas de fondo. Los agricultores no esperaron demasiado tiempo para retomar la senda de la protesta y volvieron a tomar las calles en noviembre de 2024, centrándose una vez más en la imposibilidad de vivir de forma digna de sus explotaciones debido a la presión sobre los precios ejercida por los productos agrícolas importados.

En la dirigencia política, todos denuncian ahora la competencia “desleal” de los países de bajo costo. Lo hacen incluso aquellos cuyos partidos, durante los últimos 30 años, han apoyado de modo sistemático los acuerdos de libre comercio y han contribuido a la penetración cada vez mayor de las importaciones agrícolas: si Francia tiene un superávit en este ámbito –7.800 millones de euros en 2019– se debe únicamente a las exportaciones de vinos y licores y de cereales; excluyendo estos dos rubros, el déficit asciende a 11.000 millones de euros, casi el doble que en 2010¹. Las importaciones han pasado de 28.000 a 56.000 millones de euros desde el año 2000, y representan actualmente el 20 por ciento del consumo alimentario nacional, el 45 por ciento del consumo de aves de corral, el 56 por ciento del de carne ovina, el 63 por ciento del de proteínas oleaginosas para ganado y el 71 por ciento del consumo de frutas². Francia depende, pues, de socios europeos con mano de obra más barata, entre otros. Un tercio de las aves de corral y una cuarta parte de la carne de cerdo transformada industrialmente en Francia proceden de Países Bajos, Bélgica, Alemania y Polonia, así como de Ucrania, que se beneficia de condiciones de exportación muy ventajosas a pesar de no ser miembro de la Unión Europea.

Mientras que en Europa la liberalización de los intercambios se logró con las reformas de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 1992 y la entrada en vigor del mercado único en 1993, a nivel mundial fue el resultado del Acuerdo de Marrakech de 1994, por el que se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se puso fin a la regulación de los mercados agrícolas por los precios. La Unión Europea (UE) renunció a precios superiores a los mundiales, sustituyó medidas de regulación interna –como la financiación pública de las existencias por pagos directos a los agricultores– y ratificó la reducción en curso de los derechos aduaneros. En los últimos 15 años, la UE ha firmado acuerdos de libre comercio con Canadá, Japón, Vietnam, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Costa de Marfil, Malí, etcétera.

El truco de los tratados "virtuosos"

Ursula von der Leyen pretende ahora imponer el acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur)³. El 6 de diciembre de 2024, en Montevideo, la presidenta de la Comisión Europea y los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay concluyeron 25 años de negociaciones. En Francia, el acuerdo suscitó duras críticas por parte del mundo agrícola y, tras él, del mundo político en su conjunto: como gran productora de productos alimentarios, en particular de carne, la región sudamericana tiene el potencial de desequilibrar el mercado francés. En cuanto a costos de producción, entre las explotaciones vacunas francesas y brasileñas hay una relación de uno a dos⁴. La carne vacuna procedente del Mercosur representa ya el 70 por ciento de las importaciones europeas; la de ave, el 50 por ciento. ¿Qué ocurrirá si el acuerdo entra en vigor?⁵. Poco les importará a los negociadores europeos, totalmente comprometidos con la teoría ricardiana –así llamada por el economista inglés del siglo XVIII David Ricardo– conocida como “ventaja comparativa”, según la cual todas las partes tienen interés comercial, siempre que elijan una especialización adecuada. Para obtener una reducción de los derechos de aduana sobre los productos industriales europeos, el comisario europeo de Agricultura y luego de Comercio, Phil Hogan, asumió que había “concedido un poco de carne [a los países del Mercosur] porque había que hacer concesiones” (Le Monde, 4-7-2019).

El acuerdo suprime el 92 por ciento de los derechos de aduana sobre las mercancías importadas por la UE procedentes del Mercosur. Prevé igualmente contingentes de productos con derechos reducidos o nulos en el caso de los productos alimentarios, por ejemplo 99.000 toneladas de carne vacuna a un tipo reducido del 7,5 por ciento. Bruselas ha optado por favorecer importaciones que no se ajustan a las normas que ha impuesto a sus propios productores. La normativa brasileña permite actualmente el uso de harinas animales y antibióticos como promotores del crecimiento; exime de las obligaciones de bienestar animal las condiciones de transporte; y no contempla disposiciones sobre trazabilidad desde el nacimiento hasta el sacrificio del animal. El mercado europeo tiene que vender productos elaborados con sustancias activas derivadas de plaguicidas prohibidos en la UE pero utilizados en altas dosis en los países del Mercosur, que se abastecen de fabricantes alemanes, británicos o italianos. Entre 2015 y 2019, los exportadores del Viejo Continente enviaron hacia el área del Mercosur 56.600 toneladas de productos prohibidos en sus propios países⁶.

Las posturas de Macron

En marzo de 2024, después de que la crisis agrícola del pasado invierno boreal convirtiera el proyecto de tratado con el Mercosur en un símbolo de competencia desleal, el presidente francés Emmanuel Macron lo calificó ante una reunión de empresarios brasileños de “muy mal acuerdo”, negociado “como se hacía en los años 1990”, y lo comparó con los virtuosos tratados de “nueva generación” que permitirían el desarrollo mutuo de las partes firmantes. Un año después, el presidente francés presume de plantar cara a la Comisión Europea. “Nuestros agricultores no serán los sacrificados por un mercantilismo propio del siglo pasado”, declaró en Polonia el 12 de diciembre de 2024.

Sin embargo, al cabo de las negociaciones de junio de 2019, Macron había juzgado el acuerdo “bueno en esta fase” y lamentado las reacciones “neoproteccionistas”⁷. El presidente francés dio su primer giro de 180 grados dos meses después, en una cumbre del G7 en Biarritz, en reacción a las escandalosas declaraciones del entonces presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobre el clima. Pero hasta ahí llegó. Francia nunca ha pedido que se detenga el proceso, ni ha sugerido revisar el mandato de negociación otorgado a la Comisión Europea por el Consejo Europeo (que representa a los Estados miembros). En la primavera boreal de 2023, el ministro francés de Comercio Exterior seguía incluso defendiendo la firma de un texto que no había sufrido ninguna modificación, alegando “disposiciones muy favorables para nuestras empresas”. Según explicó el diputado macronista Olivier Becht [ministro delegado de Comercio Exterior de 2022 a 2024], el gobierno nunca llegó a “oponerse a la firma de este acuerdo”⁸.

La oposición de Macron en 2024 parece ante todo un intento desesperado de salvar la política de desregulación comercial sacrificando (¿temporalmente?) el acuerdo con el Mercosur. El 24 de enero de 2024, los diputados macronistas en el Parlamento Europeo aprobaron un texto negociado con Chile. Presentado como “virtuoso”, ese acuerdo aumenta los contingentes de importación libres de derechos para carne de cerdo, carne vacuna, vino, aves de corral, preparados de frutas, aceite de oliva y etanol. Y suprime por completo los contingentes de importación de manzanas y kiwis. Unos meses antes, el 9 de julio de 2023, Francia había aprobado un acuerdo con Nueva Zelanda que aumenta las cuotas de importación de carne ovina (un sector ya frágil en Europa) y de productos lácteos, a pesar del exceso de producción existente en el Viejo Continente.

Los promotores de estos supuestos acuerdos de nuevo tipo alardean de la inclusión de cláusulas de reciprocidad, conocidas como “cláusulas espejo”, que impondrían normas idénticas a los productos importados y a los locales. Pero se trata de un truco, explica Marine Colli, consultora en políticas públicas agrícolas. El sistema no impide en absoluto que Nueva Zelanda exporte productos elaborados tratados con herbicidas e insecticidas prohibidos en la UE. La única prohibición real es la de importar carne de animales alimentados en centros de engorde, una práctica prácticamente inexistente en Nueva Zelanda...

Los defensores del acuerdo llamado CETA –sigla en inglés del Acuerdo Económico y Comercial Global, celebrado entre la Unión Europea y Canadá– también presumen de cláusulas espejo... que tampoco son efectivas, señala Colli. En cambio, este tratado desregula casi en su totalidad el comercio agrícola, ya que elimina el 93,8 por ciento de los derechos de aduana sobre los productos canadienses. Los contingentes libres de derechos se han aumentado a 80.000 toneladas para la carne de cerdo y 65.000 toneladas para la carne vacuna, a pesar de las marcadas diferencias entre los modelos de las dos zonas. “El perfil medio de las explotaciones agrícolas observado en Canadá, y más en general en los Estados o regiones con los que se prevén acuerdos de libre comercio, parece bastante alejado del modelo de explotación familiar francés y europeo”, subraya el senador de Los Republicanos Laurent Duplomb en un dictamen sobre el proyecto de ley que autoriza la ratificación. “El engorde –destaca– se lleva a cabo en enormes corrales de 30.000 plazas, donde los pastos desaparecen rápidamente debido a la densidad de los animales [y] el 80 por ciento de la ración alimenticia se compone de torta de soja genéticamente modificada”. El parlamentario también menciona la existencia de normas mucho más laxas en cuanto al uso de harinas animales, antibióticos e incluso de trazabilidad⁹.

Este acuerdo, también muy cuestionado, fue ratificado por el Parlamento Europeo el 15 de febrero de 2017. En Francia, la Asamblea Nacional lo aprobó el 23 de julio de 2019, sólo con los votos del grupo que respaldaba a Macron. El 21 de marzo de 2024, cinco años después que los diputados, el Senado votó en contra de esta ratificación, lo que debería haber provocado el regreso del texto a la Cámara Baja. Pero el gobierno nunca lo hizo. En cualquier caso, la ausencia de ratificación por parte de Francia y de una mayoría de Estados miembros –hasta la fecha, sólo 17 lo han ratificado– no impide que el acuerdo se aplique a la parte que corresponde a las competencias propias de la Unión, es decir, al 90 por ciento de los términos del tratado¹⁰.

Enredada en sus contradicciones

Los partidarios del CETA esgrimen otro argumento sorprendente: que Canadá utiliza actualmente sólo el tres por ciento del volumen de las cuotas que se le han asignado para las exportaciones de carne vacuna. Por tanto, el impacto del acuerdo en este sector seguiría siendo insignificante. En realidad, si los criadores producen, por el momento, carne destinada principalmente a los mercados estadounidense y chino, Ottawa se prepara para la conquista transatlántica: acaba de solicitar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria el reconocimiento del tratamiento de descontaminación de los animales faenados con ácido peroxiacético. Si su pedido es aceptado, Canadá podrá exportar a Europa de forma masiva.

El mecanismo de solución de controversias entre Estados e inversores privados, que permite a estos últimos recurrir a un órgano de arbitraje si consideran que los primeros han tomado una decisión contraria al tratado y perjudicial para sus intereses, aún está pendiente de implementación. Presente en todos los tratados elaborados por la Comisión Europea, este sistema degrada aún más a una democracia ya maltratada por la propia forma de las negociaciones: los debates son llevados a cabo por la Comisión sobre la base de un mandato que no se hace público, tratativas que destacan por su opacidad y en las cuales los parlamentos nacionales juegan un papel secundario.

Al defender el libre comercio para apoyar a determinados sectores exportadores, pero denunciarlo cuando sus efectos se consideran perjudiciales para otros sectores, los líderes políticos se enredan en sus propias contradicciones. Ese fue el caso del presidente de la FNSEA, que respaldó las movilizaciones contra el acuerdo con el Mercosur pero al mismo tiempo afirmó que “el proteccionismo no tiene sentido para la agricultura francesa” (BFMTV, 25-2-2024).

Mientras tanto, el desarrollo de una política coherente –centrada en la soberanía alimentaria, la preservación de los ingresos de los productores y la protección del medio ambiente– continúa en veremos. Desde la crisis del Covid-19, se ha vuelto común pronunciarse en favor de la soberanía: el ex primer ministro Michel Barnier, por ejemplo, eligió para una de las carteras del gabinete el título de Ministerio de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques. “La cuestión del comercio sigue siendo un ámbito intocable [de la Unión Europea]”, explicó sin embargo Jonathan Chabert, uno de los portavoces de la Confederación Campesina, quien no cree “ni por un segundo en una solución dentro del proceso de libre comercio, al ser las medidas espejo totalmente ineficaces”. Por ello, su sindicato exige medidas aduaneras sobre volúmenes y precios. En particular, recomienda el establecimiento de precios mínimos de ingreso aplicados a los productos importados. Según este mecanismo, el precio no debería ser inferior a los costos soportados por los productores nacionales (remuneración laboral, protección social, etcétera).

El 12 de noviembre de 2024, más de 600 parlamentarios franceses pidieron a la Comisión que no sometiera el acuerdo de asociación con el Mercosur a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo. Pero si la agricultura no quiere seguir el camino de la industria –cuya participación en la producción nacional ha caído, después de tres décadas de prácticas desenfrenadas de libre comercio, al 11 por ciento– y pretende impedir que la pérdida de soberanía industrial derive en la pérdida de soberanía alimentaria, la oposición circunstancial al acuerdo del Mercosur por sí solo será insuficiente.

Morvan Burel, sindicalista, ex secretario general de Solidaires Douanes. Traducción: Le Monde diplomatique, edición Uruguay.