Los límites del modelo Bukele

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Durante mucho tiempo sinónimo de guerra civil y escuadrones de la muerte, El Salvador se hizo famoso posteriormente por la violencia de sus pandillas. Pero también esta imagen está a punto de quedar obsoleta. Bajo la presidencia de Nayib Bukele, en el poder desde 2019 y reelecto por otros cinco años en 2024 con casi el 85 por ciento de los votos, las dos principales pandillas que desgarraban el país –la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 con sus dos facciones, los Revolucionarios y los Sureños– han sido derrotadas. Sus miembros están en la cárcel o han desaparecido sin dejar rastro. En la década de 2010, la violencia podía alcanzar en ocasiones niveles comparables a los de Irak o Siria en guerra, pero en 2024 la tasa de homicidios había descendido un 98 por ciento con respecto a mediados de la década anterior. Detrás de esta transformación se encuentra un método de choque –la encarcelación de tres de cada 100 hombres adultos– gracias al cual Bukele se jacta de haber “convertido la capital mundial del asesinato en el país más seguro del hemisferio occidental”.

Para liberar a El Salvador de su reputación de anarquía y, al mismo tiempo, otorgarle el primer puesto en la clasificación mundial de tasas de detención, era necesario hacer caso omiso de las normas jurídicas.¹ Desde que la Asamblea Legislativa, por pedido del presidente, declaró el estado de emergencia en marzo de 2022, las garantías que ofrece la Constitución han quedado suspendidas. Cualquier persona puede ser detenida sin motivo y sin comparecer ante un juez. Y Bukele no se ha frenado ahí. Muchos de sus opositores fueron encarcelados o exiliados. Tras restablecer el monopolio del Estado sobre la violencia, el joven dirigente –autoproclamado “el dictador más cool del mundo”– se la ha arrogado para su propio beneficio. Y al permitir que Estados Unidos utilice su sistema penitenciario como un gulag offshore para los migrantes expulsados de su territorio, se ha convertido en el niño mimado de la derecha estadounidense.

Lejos de ser un outsider, el jefe de Estado centroamericano encarna la trayectoria típica del privilegiado que, por oportunismo, se presenta como candidato antisistema. Nacido en 1981, es el quinto hijo del empresario millonario Armando Bukele Kattán (1944-2015), que amasó una fortuna en varios sectores (publicidad, textil, farmacéutico, automovilístico). Tras estudiar en la Escuela Panamericana, una institución bilingüe que recibe a los hijos de la élite local, el joven dio sus primeros pasos en la política gracias al puesto de director que ocupó en diferentes agencias de publicidad familiares. Desde la década de 2000, estas agencias gestionan la imagen y las campañas electorales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido de izquierda que le sirvió como trampolín para lanzar su carrera.

En 2015 se convirtió en alcalde de la capital, San Salvador, y adquirió una importante relevancia nacional. Dos años después, el FMLN lo expulsó por varios motivos, entre ellos sus repetidas críticas públicas a los dirigentes del partido, al gobierno (el FMLN estuvo al frente del país entre 2009 y 2019) y al presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Para Bukele, esta fue la oportunidad para escenificar su ruptura con la formación en el poder, que ya en 2016 anunció que no sería su candidato para las presidenciales de 2019. Ese año ganó las elecciones al frente de su propio partido, Nuevas Ideas (NI).²

El devenir de las pandillas

Hoy, casi diez años después, Bukele, en la cima de su gloria, se felicita por el “milagro” de su victoria sobre las maras. A diferencia de los [llamados] cárteles de droga latinoamericanos, más conocidos y que prosperan gracias al tráfico de cocaína hacia Europa o Estados Unidos, las pandillas salvadoreñas eran sobre todo bandas callejeras dedicadas al control de su feudo más que al contrabando. Imponían su ley extorsionando a pequeños comerciantes, conductores de minibuses y “vendedores de vicios” de todo tipo, y se enfrentaban en grandes guerras territoriales. La MS-13 y el Barrio 18 nacieron en Los Ángeles, Estados Unidos, donde fueron a parar muchos salvadoreños que huían de la guerra civil (1979-1992). Buscando sobrevivir en medio de un mundo criminal dominado por la mafia mexicana, los refugiados formaron sus propios grupos criminales. A partir de la década de 1990, el gobierno estadounidense comenzó a expulsar a los salvadoreños en masa (Barack Obama expulsó a 150.000 salvadoreños durante sus dos mandatos, entre 2008 y 2016). Las bandas trajeron a El Salvador el sistema de control local que habían perfeccionado en California, imponiéndolo a un Estado debilitado y devastado por la guerra.

Aunque la extorsión no perdonaba a los barrios más acomodados de San Salvador, las bandas estaban especialmente implantadas en las comunidades (barrios marginales) y en los suburbios obreros densamente poblados, donde ejercían una enorme presión. Los lustrabotas no podían buscar clientes en la plaza Libertad sin pagar un tributo al Barrio 18. En el bulevar Venezuela, bordeado de casillas ajadas de colores turquesa y tierra de Siena, la distribución de los territorios era tan fluctuante que la ruta se convertía en zona prohibida al caer la noche. Más al este, donde se concentra la mayor parte de la población, no era raro encontrar cadáveres en las cunetas cerca de la Autopista de Oro, o enterrados con prisa en las colinas vecinas. Las bandas constituían un gobierno local de facto que imponía el orden de forma brutal allí donde el Estado no podía o no quería intervenir.

La Campanera, un conjunto de viviendas sociales emplazadas en el noreste de la capital, se había convertido en un bastión del Barrio 18. De la arteria central partían, como en un esqueleto de pez, callejuelas flanqueadas por casillas de bloques de hormigón y chapa ondulada, un laberinto de calles sin nombre y casas sin número en el que era muy fácil ocultarse. Las autoridades afirman que casi todos los habitantes tenían alguna relación con el grupo criminal, ya fuera de manera directa o a través de familiares.

Unos meses después de la entrada en vigor del estado de emergencia, esta zona fue objeto de una gigantesca redada. La Policía y el Ejército detuvieron a cientos de personas y las llevaron a un destino desconocido. Requisaron las casas sospechosas de servir como base para las pandillas (casas destroyer) y arrancaron los tejados para impedir que nadie volviera a instalarse de nuevo allí.

Ahora, el gobierno quiere presentar La Campanera como un ejemplo de rehabilitación exitosa. La comisaría que se encontraba fuera del barrio se ha trasladado al interior. A un lado de la calle principal, se ha empezado a renovar o pintar las casas y los pasajes. Se han pintado murales para cubrir los grafitis de las bandas. Se ha limpiado un pequeño parque. Sin embargo, el lugar sigue siendo un gueto para los pobres. El basurero a cielo abierto que se extiende más allá de las últimas viviendas no ha desaparecido, pero la escuela ha sido renovada: nuevos techos, rampas, aire acondicionado.

Presos enjaulados

Si bien la mejora de la situación general de seguridad es innegable, la versión oficial que la atribuye únicamente a la mano dura no se sostiene. En 2019, cuando Bukele asumió el cargo, la tasa de homicidios ya se había reducido a la mitad con respecto a los máximos alcanzados durante la última guerra de pandillas, en 2015. La violencia siguió disminuyendo hasta la instauración del régimen de excepción, pero esta evolución nacional no se debe únicamente a la primera medida contra las pandillas del presidente, el Plan de Control Territorial (PCT), que solo se aplicó en un perímetro geográfico limitado.

Durante sus tres primeros años en el poder, Bukele no se diferenció mucho de la política de sus predecesores: firmeza en los discursos contra las pandillas, pragmatismo en el terreno. Aunque llevó a cabo algunas detenciones selectivas, negoció con ellos en secreto para intentar circunscribir la violencia a los barrios marginales. Por mucho que el presidente no admita hoy haber llevado a cabo tales negociaciones, cuesta creer sus negativas: tuvo que llegar a acuerdos con las bandas armadas cuando era alcalde de San Salvador ya que, de lo contrario, no se habría podido hacer nada en las zonas que controlaban. En mayo de 2025, una investigación publicada por el sitio web de información salvadoreño El Faro reveló, por ejemplo, que sus lazos con el Barrio 18 Sureños se remontan por lo menos a 2014, fecha en la que, según un palabrero (jefe de grupo dentro de la pandilla), su equipo habría pagado 250.000 dólares a la banda para conseguir su apoyo en la campaña para las elecciones municipales.

El punto de inflexión se produjo en marzo de 2022, tras una serie de masacres probablemente provocadas por las bandas en respuesta a la ruptura del pacto que las vinculaba al gobierno. Bukele declaró el estado de emergencia. Más de 60.000 personas fueron encarceladas durante el primer año (unos pocos miles fueron liberados posteriormente). La pena por defecto, dictada en juicios simulados en los que los acusados comparecieron sin abogados (cuando hubo juicio), era la cadena perpetua. Las posibilidades de apelar eran escasas. Aunque miles de pandilleros permanecen escondidos en el campo, su sistema territorial está quebrado.

Símbolo de esta nueva era es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Esta megaprisión situada a 75 kilómetros de la capital está rodeada de muros de nueve metros de alto coronados por 19 torres de vigilancia. Vista desde el cielo, se parece mucho a un centro de distribución de Amazon, como muchos de los centros de detención de migrantes que están esparcidos por el sur de Estados Unidos. En su interior, hay ocho edificios penitenciarios con 32 células, cada una de las cuales encierra hasta 80 presos. Estos duermen en literas metálicas, solamente tienen derecho a media hora de paseo al día, siempre encadenados, y se los rapa cada cinco días. Los guardias caminan por encima de sus cabezas por techos alambrados. Desde el momento en que ingresan en el centro, los detenidos pierden todo contacto con el mundo exterior, ya que la red telefónica está bloqueada en toda la zona. Si alguno de ellos muere durante su detención, su familia recupera el cuerpo sin más explicaciones.

El gobierno salvadoreño se complace en abrir las puertas del Cecot a los voyeurs que operan en las redes sociales. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se dejó grabar delante de los presos enjaulados. En Youtube se pueden encontrar videos en español, árabe e inglés que muestran las mismas imágenes de una prisión superpoblada, pero limpia. En una celda, decenas de hombres tatuados de pies a cabeza miran fijamente a la cámara a través de los barrotes; en otra, los reclusos tienen barriga y llevan anteojos. A esto se suman las inevitables tomas de la armería y la celda de aislamiento, pero también, muy a menudo, una entrevista con un preso, siempre el mismo –un tal Psycho–, que cuenta su pasado violento.

Estas visitas cuidadosamente orquestadas ocultan púdicamente la brutalidad carcelaria y las condiciones de detención en los edificios que se mantienen ocultos a la vista. Como sugiere su nombre, el objetivo del Cecot, que se inspira abiertamente en Guantánamo, es asimilar a los miembros de las bandas a terroristas. Pero sabemos que la encarcelación masiva puede, por el contrario, reforzarlos. Las cárceles son excelentes plataformas de reclutamiento, y desde hace décadas los criminales salvadoreños llevan a cabo sus operaciones desde sus celdas en centros penitenciarios más antiguos, como el centro de alta seguridad de Zacatecoluca. Si bien la apertura del Cecot tiene como objetivo limitar esta posibilidad, lo cierto es que, controladas o no, las bandas no han desaparecido.

Razones de una luna de miel

Para Edwin Segura, especialista en encuestas de opinión de La Prensa Gráfica, el principal periódico de oposición, la popularidad de Bukele se explica fácilmente: “El restablecimiento de la seguridad es lo más importante para los salvadoreños, y tienden a atribuirlo exclusivamente al gobierno; en cambio, los resultados económicos les parecen más bien una responsabilidad compartida”.

Aunque no se reduce a un simple efecto colateral de la era que inauguró el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, el mandatario salvadoreño está más cerca de Washington que cualquier otro líder del subcontinente. A principios de 2025, tras una visita a San Salvador en el marco de su gira por América Latina, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo coronó con el título de “campeón de la seguridad en nuestra región”. Independientemente de su legado en otros ámbitos, Bukele será reconocido por haber vencido a las pandillas, aunque el crimen organizado panamericano, del que estas organizaciones no eran más que una ramificación secundaria, siga causando estragos en Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos.

El Salvador se enfrenta hoy a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de sociedad se puede construir en un país donde la mayoría de sus hombres jóvenes languidecen en prisión? ¿Convertirse en un nuevo Alcatraz para los estadounidenses, como parece desear Bukele, es el único horizonte concebible? El pueblo salvadoreño tiene derecho a soñar con un futuro más auspicioso.

Tom Stevenson, periodista. Una versión más amplia de este texto se publicó en London Review of Books el 11 de setiembre de 2025. Traducción: Emilia Fernández Tasende.