Los trovadores de la guerra

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Salvo por algunos juristas de segunda categoría que pululan en las páginas de Le Point,¹ ningún especialista sostiene la legalidad de la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel contra Irán. A falta de autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tampoco fue solicitada, solo la legítima defensa habría justificado un uso de la fuerza tan súbito como masivo. Como la “legítima defensa preventiva” no está reconocida, a pesar de los esfuerzos constantes de Tel Aviv desde hace varias décadas, algunos abogados y profesores de derecho internacional intentaron vanamente promover una nueva hipótesis, la acción militar “preemptiva” frente a una “amenaza inminente” que solo medios militares podrían detener.² A pesar de la sutileza de la maniobra semántica, el derecho permanece inalterado: en ausencia de un ataque existencial inminente e irreprimible que no deje otra solución que la guerra anticipada, el uso de la fuerza está formalmente prohibido. Autor de un libro de referencia sobre el derecho de la guerra, Olivier Corten, profesor de la Universidad Libre de Bruselas, recuerda la constancia y coherencia de los tratados y sentencias judiciales que, desde 1945, confirman una definición estricta de la legítima defensa como respuesta ante una agresión armada.³ El inicio de los bombardeos sobre Irán en plena negociación basta para demostrar la mala fe de quienes sostienen su legitimidad para actuar sobre esta base.

Sin embargo, ¿qué importa? Si el derecho nos prohíbe la guerra, ¡es porque el derecho está equivocado! Al detectar así un inquietante “angelismo jurídico” ajeno a la “complejidad de lo real y a la terquedad de los hechos”, el profesor emérito Denys de Béchillon apela a la moral: “¿Podemos realmente limitarnos [al derecho], como lo hacen algunos comentaristas? ¿Conformarnos con este único prisma? ¿Dar a entender, por defecto, que está mal porque es ilícito, o incluso condenar la intervención armada, sin más, por esta misma razón? No lo creo. Por decirlo de forma sencilla, temo que esta postura absolutista sea frágil ante la historia, nefasta para la defensa del Estado de derecho y, en definitiva, bastante autodestructiva para la universidad –donde se lo adopta de todos modos con bastante agrado–”.⁴ Las normas establecidas deben ceder ante la justeza del objetivo perseguido. Quienes emprenden, en nombre del bien, acciones militares no deberían verse obstaculizados en su misión salvadora por la rigidez de la Carta de las Naciones Unidas.

El sofisticado razonamiento del profesor Béchillon se asemeja a una “charla de bar” en los estudios de televisión. “El derecho internacional es fantástico entre naciones respetables [...] pero con Estados criminales e inescrupulosos es una broma”, declaraba el exministro de Educación Luc Ferry (LCI, 8 de marzo). Este trovador de los crímenes de guerra ya había llamado la atención al justificar los bombardeos sobre Gaza con los precedentes en Dresde y Tokio en 1945, olvidando que precisamente esas acciones habían inspirado la definición de crímenes de guerra adoptada en las Convenciones de Ginebra de 1949. “El derecho internacional no puede ser un tótem de inmunidad para quienes lo incumplen mañana, mediodía y noche –explica por su parte con tono sentencioso el ex primer ministro Gabriel Attal–. Aquellos que no respetan el derecho internacional no pueden recurrir al mismo para estar protegidos de cualquier sanción o intervención. [...] No podemos ser los últimos en respetar normas que ya nadie respeta, porque si no, nos van a pisotear” (CNews, 3 de marzo).

Del juridismo al moralismo bélico

Creyendo hacer gala de imaginación, los nuevos belicistas reacondicionan un concepto de san Agustín: la guerra justa. Atacar un país constituye una mala acción salvo que este encarne el mal. Teniendo en cuenta sus crímenes –que son innumerables (ahorcamientos colectivos, masacres, tortura, etcétera)–, ¿deshacerse del régimen de los ayatolás constituye por ello una causa justa? La respuesta a la pregunta parece tanto más fácil, incluso agradable, cuanto que blandir la bandera de la conciencia universal los coloca en la posición del caballero blanco que repara los agravios. Por eso la idea de librar una “guerra justa” nace a menudo en aquellos que, como Estados Unidos e Israel, tienen una larguísima lista de crímenes internacionales que hacerse perdonar, desde hace décadas. Como señala el jurista Johann Soufi (X, 9 de marzo), la referencia, casi cómica en su sinceridad, a las “naciones respetables” no deja de recordar la de antaño a las “naciones civilizadas” que revestían de superioridad moral sus expediciones coloniales e imperiales. Los defensores de la agresión armada contra Irán reintroducen así una jerarquía entre los pueblos.

Los monjes guerreros del siglo XXI olvidan que en la expresión “guerra justa” hay... guerra. Si, para alivio de sus víctimas, se elimina un ayatolá por aquí, un dictador por allá, también se mata gente, mujeres y niños (como las 168 víctimas de la escuela de Minab asesinadas por un misil Tomahawk, el 28 de febrero), se destruyen hospitales, edificios clasificados por la Unesco... ¡sin contar que no debe ser muy bueno para el medioambiente!

La guerra como último recurso

Lejos de todo angelismo, el derecho internacional formalizado después de 1945 establece que la guerra es el último recurso cuando todos los medios de solución pacífica de controversias han fracasado. El conjunto de herramientas, descrito en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, está a nuestra disposición: “Las partes en cualquier controversia cuya prolongación pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el procedimiento judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”. En el caso de Irán, las negociaciones estaban a punto de concluir cuando comenzaron los bombardeos. Ya en junio de 2025, Estados Unidos e Israel no dudaron en causar víctimas entre los negociadores durante la “guerra de los 12 días”.

A la agresión armada –delito que las grandes potencias cometen más a menudo de lo debido, como Rusia contra Ucrania– se suma ahora la violación de costumbres seculares, confirmadas por tratados, como la inviolabilidad de los diplomáticos o la inmunidad de los jefes de Estado (secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro). El respeto de estos principios tiene por objeto, independientemente de la naturaleza de los regímenes o de las afinidades entre los dirigentes, permitir un mínimo de relaciones internacionales y de ahorrarle al planeta el caos nacido de la desconfianza y la incomprensión.

“Jamás ningún conflicto se ha resuelto gracias al derecho internacional”, sostiene el exministro Hubert Védrine, que parece a veces seducido por una suerte de estética de la renegación (Le Figaro TV, 5 de marzo). La tentación de enterrar el derecho internacional, o incluso de negar su existencia, se extiende. Sin embargo, no solo se encuentran ejemplos que contradicen esta afirmación, como la situación de Kuwait e Irak en 1990 resuelta por el Consejo de Seguridad de la ONU, sino que, sobre todo, ¿para qué sirve este tipo de declaración si no para añadir desorden y alentar la guerra?

Sin duda, el hecho de no haberla experimentado nunca hace a la violencia militar más amable. Los redactores de la Carta de las Naciones Unidas sabían, a veces en su propia carne, qué es una guerra. Los dirigentes de Alemania y Japón de su tiempo, Adolf Hitler y el emperador Hirohito no les habían dejado elección. Al igual que los incendios, los conflictos se despliegan de manera a menudo imprevisible y destructiva. “No crean nunca, jamás, que una guerra es simple y sin contratiempos, o que aquel que se embarca en este extraño viaje mide las mareas y las tempestades que encontrará. El hombre de Estado arrastrado por la fiebre de la guerra debe comprender que, una vez dada la señal, ya no es el amo sino el esclavo de acontecimientos imprevisibles e incontrolables”, advertía Winston Churchill, a quien el uso de la fuerza no lo asustaba para nada.⁵

Las operaciones en Irán ya han causado cientos de muertos y decenas de miles de refugiados. La magnitud de las destrucciones afecta con dureza a la población, a menudo víctima de su régimen como en Irán, o perfectamente ajena a los acontecimientos, como en Líbano. La represalia de Teherán extiende a los países vecinos la onda expansiva del conflicto. Frente a estos daños, la ausencia de condena de una guerra que está reconocida como “fuera del derecho internacional” por Emmanuel Macron y su gobierno no puede sino aumentar la confusión, legitimar las lógicas de fuerza y favorecer el colapso de las relaciones internacionales. Esto es lo que se llama abrir la caja de Pandora.

Anne-Cécile Robert, Redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Redacción de Le Monde diplomatique, Cono Sur.