Alerta roja para los opositores

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La represión transnacional hace referencia al conjunto de técnicas que un Estado emplea para perseguir a sus opositores más allá de sus fronteras: asesinatos selectivos, secuestros y actos de violencia contra familiares que se han quedado en el país. Los regímenes autoritarios también recurren al uso indebido de instrumentos jurídicos, como las solicitudes de extradición. Según el Parlamento Europeo, diez países concentran por sí solos el 80 por ciento de estos casos: China, Turquía, Tayikistán, Rusia, Egipto, Camboya, Turkmenistán, Uzbekistán, Irán y Bielorrusia. Tres Estados de Asia Central ocupan el tercer, séptimo y octavo puesto de la clasificación.¹ En esta región, las libertades públicas están sufriendo, en general, un retroceso, ante la relativa indiferencia de los Estados europeos. Prueba de eso es el caso de Abdoullohi Chamsiddin. En enero de 2023, Berlín devolvió a la frontera a este activista vinculado al Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán (PRIT), formación opositora. A su regreso, fue condenado a siete años de prisión, al igual que Dilmourod Ergachev, miembro del movimiento anticorrupción Grupo 24, que cumple una condena de ocho años tras haber sido expulsado en noviembre de 2024. Por su parte, Austria aceptó devolver a Hizbullo Chovalizoda a Tayikistán, tras haber denegado su solicitud de asilo en marzo de 2020. Posteriormente, el Tribunal Supremo del país reconoció que la extradición había sido ilegal, al considerar que la decisión se basaba “en información obsoleta sobre la situación en Tayikistán”. Por su parte, Francia expulsó a un solicitante de asilo uzbeko en noviembre de 2023, haciendo caso omiso de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El individuo fue detenido apenas llegó a Taskent.²

Persecución disfrazada

En Asia Central, las acusaciones de terrorismo o extremismo sirven para perseguir a personas cuya práctica religiosa las autoridades consideran demasiado rigorista, así como a opositores –ya sean activistas anticorrupción o usuarios imprudentes de las redes sociales–. Algunas minorías étnicas se ven afectadas con mayor dureza desde que se rebelaron en 2022: es el caso de los karakalpaks, concentrados en una república autónoma al oeste de Uzbekistán, que se opusieron a un proyecto de reforma constitucional, así como el de la minoría pamirí de la región autónoma del Alto Badajshán, en Tayikistán. Desde entonces, sus representantes han sido detenidos, a menudo torturados y encarcelados, mientras que quienes han huido son perseguidos en el extranjero.

Consciente de que las acusaciones de terrorismo islamista ponen en alerta a los países europeos, y aprovechando el hecho de que algunos de sus ciudadanos son responsables de atentados (como el del Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, en 2024), Tayikistán recurre a Interpol para localizar a los ciudadanos indeseables, sin dudar en presentar solicitudes de extradición contra toda una familia. Creada en 1923 con el nombre de Comisión Internacional de Policía Criminal, y rebautizada como Interpol en 1946, la organización cuenta hoy con 196 Estados miembros y tiene como objetivo fomentar la cooperación policial a escala internacional contra el crimen organizado, el terrorismo o el tráfico de drogas. Sin embargo, algunos regímenes autoritarios se aprovechan de sus funciones con fines indebidos. Estos abusos explican en parte el aumento vertiginoso de las “notificaciones rojas”: aunque solo cuenta con diez millones de habitantes, Tayikistán era el tercer país con más notificaciones vigentes en 2024,³ después de Rusia y Perú. Estas notificaciones de búsqueda son enviadas por un miembro de la organización al resto de miembros para solicitar la localización y detención de una persona buscada con vistas a su extradición.

En diez años, el volumen de alertas emitidas prácticamente se ha duplicado, pasando de 10.904 en 2015 a 19.568 en 2025.⁴ La base de datos cuenta ahora con más de 86.000 perfiles identificados. Se supone que la Secretaría General de Interpol debe verificar que el procedimiento no se utilice por motivos políticos, militares, religiosos o raciales, pero los Estados también tienen la posibilidad de emitir “difusiones”, que son avisos de búsqueda dirigidos directamente a los países de su elección, utilizando un mecanismo de vigilancia menos riguroso. A fines de 2021, había 105 difusiones vigentes. Tanto las fichas como las difusiones se publican sin que se informe a las personas afectadas; estas pueden descubrirlo por casualidad cuando quieren salir de un país. Incluso cuando no dan lugar a una extradición, estos procedimientos pueden, mientras tanto, alterar de forma considerable las condiciones de vida de una persona, lo que conlleva restricciones a su libertad de circulación, dificultades para abrir una cuenta bancaria o para encontrar trabajo.⁵ Y, cuando Interpol acaba por reconocer un abuso y eliminar una ficha de su base de datos, algunos opositores siguen siendo detenidos por error en el extranjero, debido a que figuran en otras listas de delincuentes o infractores.

Interpol ha reaccionado con la creación de un grupo dedicado al examen de las notificaciones rojas, cuyo objetivo es distinguir los abusos de los casos legítimos. El reglamento interno prevé asimismo que una persona a la que se le haya concedido asilo no pueda ser objeto de dicho procedimiento. La organización también ha establecido una lista de países sometidos a un control reforzado. Así, el número de anulaciones de notificaciones por uso indebido también ha alcanzado un máximo (cerca de 2.550 anulaciones en 2025, lo que supone un aumento del 60 por ciento en dos años).⁶

Sin embargo, no todos los regímenes autoritarios parecen ser objeto del mismo nivel de vigilancia. Rusia, el principal emisor de notificaciones rojas, fue incluida en la lista de países que requieren un control reforzado en marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania –antes de que dicho control se suavizara sin explicación–,⁷ pero Tayikistán, por su parte, nunca ha estado sujeto a este régimen más estricto. Así, los casos de expulsión de rusos siguen siendo escasos. Y, cuando se producen, afectan sobre todo a personas originarias del Cáucaso ruso, como los chechenos, sobre los que pesa la sospecha de terrorismo: tanto en su caso como en el de los disidentes centroasiáticos, las autoridades europeas no siempre se molestan en distinguir a los verdaderos yihadistas de los objetores de conciencia y otras personas que buscan refugio por motivos políticos.

Judith Robert, periodista. Traducción: redacción de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.