No vayas solo

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El limonero afuera de la casa de Estela Rivero no solo da sombra. También da frutos, limas gorditas color esmeralda que aportan un toque de acidez a los platos que surgen de la cocina de la dueña de casa. Hoy fue un locro cremoso, con tripa, chorizo y copos de maíz, amarillento como un atardecer de verano. Estela y su esposo Ricardo son los anfitriones de una reunión que parece familiar, pero es otra cosa.

«Esto es una lucha constante», remarca Ricardo Rivero, en una suerte de bienvenida. Ya están todos sentados alrededor de una gran mesa en el estar de su casa.

Vinieron de todas partes de Buenos Aires y del conurbano. Una caravana en autos compartidos, coordinando puntos de encuentro y negociando rutas, hasta llegar a esta casa del barrio La Matanza. Traen gaseosas y agua en botellas. Pan para compartir. Algunos se vieron hace un mes. Un par llevan las caras de sus hijos asesinados en remeras, reclamos sobre sus corazones.

Para Estela y Ricardo, el homenaje es fijo y contundente: la cara de su hijo Marcelo, quien fue asesinado por la Policía en 1989, está pintada sobre un muro que encierra su patio. Nunca hubo una condena por el crimen. El fiscal cerró el caso pocos años después, y ya prescribió.

«Son un ejemplo», dice Betty Stancatti, madre de Matías, quien también fue asesinado por la Policía, en su caso en 2025. Matías Barrionuevo tenía 32 cuando un policía fuera de servicio le disparó a él y a su amigo Pablo Oliva en la madrugada del 30 de marzo de 2025 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. La excusa que dio el policía para haber disparado es que estaban robando ruedas de un auto.

«Si ustedes pueden, yo también puedo».

Todos forman parte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una organización independiente que denuncia y combate políticas represivas del Estado argentino. Sus integrantes son familiares de víctimas, abogados y militantes de derechos humanos. Surgió al inicio de los noventa, cuando un grupo de egresados de Derecho se involucró en casos de represión policial que cobraron fuerza mediática. A ese reclamo se unió una vertiente de familiares como los Rivero, quienes se sentían gritando al vacío después del asesinato de su hijo.

Ahora es una mezcla de militancia callejera, asesoría legal y abrazo colectivo para familiares de víctimas navegando un mundo desconocido y abrumador de pérdida. Militan para visibilizar a los muertos. Ponen en evidencia lo que puede crecer entre la llanura de opresión y duelo. Mundos dados vuelta.

«El duelo es muy íntimo, es muy difícil», dice Oscar Villaverde, primo de Juan Gabriel González, un hombre de 45 años que fue asesinado por la Policía en Buenos Aires el año pasado.

«Le decía a mi hijo “vení conmigo, porque en la calle te van a matar”. Y así fue», lamenta Claudio Enrique, otro integrante de Correpi. «Hay gente que piensa que si matan a un pibe es porque es un delincuente, pero es el Estado quien lo hace».

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Desde su creación, en 1992, Correpi ha intervenido en cientos de casos. Además de brindar apoyo legal y emocional a las familias, organiza talleres en barrios de bajos recursos, donde ofrece consejos a jóvenes sobre cómo rebajar la tensión en los encuentros con la policía. Su posicionamiento político está muy claro: «Entendemos que todo Estado que represente y defienda los intereses de la clase dominante sobre las mayorías oprimidas deberá ejercer la represión, sea por la forma abierta de la coerción o por la más sutil de la imposición de consenso. Es nuestro objetivo, a través de variadas herramientas, caracterizar, denunciar y combatir esas políticas represivas».

Asimismo, supervisan manifestaciones, reciben denuncias sobre personas detenidas y envían abogados a las comisarías en que estas se encuentran retenidas. Con escasos recursos, demuestran agilidad a la hora de movilizar a vecinos para exigir información y reclamar justicia con marchas que inundan las calles de barrios humildes. Cuentan con más de 100 integrantes, mayormente familiares de víctimas, quienes se reúnen una vez al mes para organizar activaciones y estar juntos. Cuidan su independencia, no reciben recursos del Estado.

Son muy conocidos por mantener un archivo sobre las muertes y las violaciones de derechos humanos causadas por las fuerzas de seguridad. Es un trabajo minucioso de recopilación de datos que surgen de información de familiares de víctimas, los medios, organismos estatales u otras organizaciones. Este año publicaron su 30.ª edición.

La represión estatal, por cierto, no es una novedad en Argentina, que tiene una larga y sangrienta historia de dictaduras militares, terrorismo de Estado y desapariciones forzadas aún no resueltas. En democracia, los datos sobre violencia estatal son opacos y de difícil acceso. Correpi intenta llenar ese vacío con su archivo. El grupo define una muerte a manos del Estado como todo caso en que las políticas represivas estatales —directas o indirectas— terminan con la vida de una persona, independientemente de si el agente estatal haya ido a un juicio o no. Esto incluye casos de gatillo fácil y muertes de personas detenidas, durante movilizaciones, intrafuerza o intrafamiliares y causas que son consecuencia de otros delitos, como una desaparición.

Sus datos han provocado una respuesta estatal. Por ejemplo, en 2019, cuando la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó sus cifras argumentando que una cantidad correspondía a «legítima defensa». Correpi también refutó esa caracterización y criticó la tendencia a tomar como verdadera la versión de las fuerzas de seguridad.

Varias organizaciones sociales registran un recrudecimiento de la violencia policial bajo el gobierno del presidente libertario Javier Milei, quien promueve la búsqueda del «orden» y que «el que las hace, las paga». Su administración convirtió cualquier manifestación pública que disminuya la circulación de vehículos en un delito y habilitó la represión, el desalojo y las detenciones, sin orden judicial, por parte de las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, las fuerzas locales y federales despliegan operativos a gran escala destinados a erradicar el crimen organizado y a los migrantes indocumentados, y ahora tienen mayor discrecionalidad en el uso de armas de fuego.

En 2024, el primer año completo de mandato del presidente Milei, 134 personas fueron víctimas de gatillo fácil en el país de 47 millones de habitantes, según datos contabilizados por Correpi. En 2025, la cifra fue 148. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), otro organismo social que contabiliza represión estatal, registra un aumento de 40% en las muertes causadas por las fuerzas de seguridad entre 2023 y 2025 en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Las denuncias de violencia policial (cometida durante detenciones y sin incluir muertes) recopiladas por la defensoría pública de Buenos Aires pasaron de 1.632 en 2023 a 2.670 en 2025.

El CELS señala que la mayoría de los fallecimientos en los que intervinieron agentes policiales se derivaron de situaciones en las que estos alegaron haber sido víctimas de un robo estando fuera de servicio, afirmaciones que, en algunos casos, resultaron ser falsas. En Argentina, los policías tienen permitido portar su arma reglamentaria fuera de servicio, y muchos lo hacen por considerar que tienen el deber de intervenir en determinadas situaciones, una práctica que, según argumenta el CELS, supone un peligro tanto para la ciudadanía como para los propios agentes.

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«En el barrio, la Policía es el enemigo», dice María del Carmen Verdú. Mejor conocida como la Negra, con su pelo largo y oscuro como la noche y una voz gruesa y contundente, ella es la cara más visible de Correpi.

Hija de un médico progresista amigo de Salvador Allende, se formó como abogada en la Universidad de Buenos Aires durante la última dictadura militar. Aprendió de joven cómo hacer militancia entre las sombras. Es un tesoro de historias, entre ellas los meses en los cuales funcionó como un correo clandestino, escondiendo volantes políticos en el yeso que le protegía una pierna quebrada para ingresarlos a la facultad. «Al rato esos volantes aparecían en el bar».

En ese entonces no importaba tu color político, dice. «Eran ellos y nosotros».

A finales de los ochenta, con una democracia aún frágil en Argentina, Verdú comenzó a intervenir en casos de personas asesinadas por la Policía o fallecidas bajo custodia policial. Observó un patrón.

«El argumento oficial era el joven delincuente con frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden», señaló. «Y resulta que el tiro estaba en la espalda, en la nuca, no había armas». O, si había, era un «perro plantado», un arma sin proyectiles o una réplica de juguete.

Había una serie de irregularidades en la instrucción judicial que, dice ella, denotaba una cadena de encubrimiento. Simultáneamente, preguntas surgieron sobre qué pasaba con las muertes bajo custodia a raíz de casos de alto perfil, como un incendio en una comisaría de menores en la provincia de Formosa, donde murieron asfixiados ocho chicos de entre 12 y 17 años, o el caso de Walter Bulacio, un joven que murió bajo custodia después de ser detenido luego de un recital de rock de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

«La conclusión a la que llegamos entonces, hoy fortalecidas con la experiencia, es que eran prácticas de control social dirigidas a ejercer ese disciplinamiento sobre los sectores más vulnerables de la sociedad».

Entendieron el proceso como una continuación de las violaciones de derechos humanos que perpetró el Estado contra los nombrados «subversivos». Otras víctimas, el mismo victimario.

«Justamente es el Estado el único victimario, el que define cada etapa, en cada momento histórico, quién va a ser la víctima de ese momento, a quién necesita represaliar».

«Una vez que ordenaste y organizaste y terrorizaste, lo que tenés que hacer es mantener ese statu quo con otro nivel de control».

Han detectado otro patrón: los niveles de violencia policial se disparan durante las crisis económicas.

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«Hablando de Juan Gabriel, se me mezclan el presente y el pasado», dice Villaverde. Está en la sala principal de su casa, en Villa Lugano, sentado en una mesa al lado de un ventanal. Prepara un mate. Afuera hay una pequeña cancha de fútbol con pasto rapado al pelo. En la pared hay fotos de él con su familia y en su juventud, militando por derechos laborales.

Villa Lugano es un barrio popular en los límites de la zona sur de la capital federal. Fue construido, al igual que muchos de los barrios populares que impregnan la gran metrópolis, por migrantes de otras provincias o países limítrofes. Villaverde proviene de una cepa migratoria: su mamá vino de un pueblo de cerca de Villarrica, una ciudad jesuita en el sur de Paraguay, en los años sesenta. En ese entonces, las opciones de vivienda para mujeres que migraban solas era lo que se conoce todavía como «cama adentro»: trabajo de empleada doméstica con una habitación bajo el techo de su empleador. «Poco ha cambiado», dice Villaverde. Su mamá trabajó varios años, hasta que se construyó una casa en Villa Lugano, cerca de su hermana. Después de que se separaran sus padres, Villaverde pasó gran parte de su niñez con sus tíos y primos, entre ellos Juan Gabriel.

Una red de solidaridad brota para acompañar lo que sigue siendo, para Villaverde, docente en colegios secundarios, una «audacia terrible»: trasladarse sin casa, sin parientes, sin plata. En muchos casos con escasas redes. «Yo digo “audaz” porque hay que irse a otro país sin recursos», dice. «La primera necesidad en esos casos es trabajar, encontrar un trabajo que te permita sobrevivir y asentarte».

La solidaridad es una tendencia muy fuerte en su familia y así fue para Juan Gabriel, quien aprendió a ser contratista de su tío. Armó un microemprendimiento de albañilería, con un equipo de trabajo, y ayudaba a la gente del barrio a aprender un oficio, ya que muchos de los migrantes vienen de contextos rurales; en la capital «se urbanizan» con herramientas para poder salir adelante. «Muchos lo conocían a Juan Gabriel», dice Villaverde, no solo por el trabajo sino por su compromiso social. Jugaba en equipos de fútbol del barrio y ayudaba a chicos que no tenían documentos a fichar en un club, actuando como una suerte de padrino para que pudieran jugar. También llevaba a vecinos al hospital a hacerse atender. «Le salía hacerlo», dijo.

«Hoy es diferente crecer en la calle. Nosotros crecimos en la calle con mucha libertad. El peligro éramos nosotros, en términos de todo lo que podíamos inventar de travesuras. Pero no teníamos miedo de que pudiera haber un tiroteo, un robo. Eso no estaba presente», dice Villaverde. «No es el contexto de ahora, en que hay narcos, hay enfrentamientos. Está la Policía también como un factor de peligro. Hay drogas. Yo creo que hay una empatía natural entre nosotros con los chicos del barrio. Es como un código de pertenencia».

Fue precisamente algo de eso —de pertenencia, barrio y códigos— lo que se vio reflejado en la respuesta de vecinos a un enfrentamiento entre la policía y Juan Gabriel el 25 de diciembre de 2025. Los informes judiciales indican que miembros de la Unidad de Pacificación Barrial y una comisaría vecinal, ambos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, respondieron a una discusión entre dos mujeres por música fuerte.

En medio de esa disputa, Juan Gabriel encontró que el acceso a su casa estaba bloqueado.

Lo vio pasar su amigo, Anastasio Néstor Chávez. Se acercó a saludarlo por Navidad. Juan Gabriel le dijo que no podía acceder a su casa y que la policía le estaba hablando mal. Lo que pasó después está detallado en un documento de querella por parte de Chávez, Nelly Portillo, la pareja de Juan Gabriel, y Dante, hijo de ambos. Chávez pregunto por qué le hablaban así a su amigo y una policía les gritó: «Váyanse para allá, negros de mierda».

«Ante esa agresión, ambos nos dimos vuelta para no tener problemas, pero en ese momento la mujer policía que había llegado en un cuatriciclo le pegó con el casco en el hombro a Gabriel», dice Chávez. «Él preguntó por qué le había pegado y ella volvió a repetir la misma frase. No había ningún tipo de actitud que justificara la agresión policial. Ante la falta de respuesta, nos dimos vuelta para irnos. Un oficial, aprovechando el momento de indefensión, le pegó con la tonfa a Gabriel en la espalda. En ese momento Juan Gabriel se comenzó a cubrir la cabeza mientras varios policías le pegaban».

Juan Gabriel se sacó las ojotas, la gorra y la remera para mostrar que no tenía nada encima, dice su amigo. Con Nelly, Chávez trató de separar a la policía de Juan Gabriel. «La respuesta a esto fue pegarnos a Gabriel y a mí y gritarnos nuevamente “negros de mierda”».

Videos grabados por vecinos muestran a la policía pegándole a Juan Gabriel con un bastón. Luego llega otro policía, identificado como Darian Gastón Miño, en una camioneta, saca un rifle marca Benelli y le dispara a Juan Gabriel a apenas cinco metros de su cuerpo, según dice el procesamiento del oficial. Según Chávez, Juan Gabriel levantaba las manos y decía «ya está, ya está» cuando los disparos salieron. Mientras tanto, la policía seguía pegándole a Chávez. Le apretaron la cabeza contra el piso para que no pudiera ver y lo subieron a un patrullero, donde le decían «qué le hiciste a tu amigo», «lo mataste a tu amigo», «qué hiciste con el cuchillo».

«Aclaro que nunca tuve un cuchillo en mi poder, ni tampoco Juan Gabriel», dice Chávez.

Una autopsia encontró varias heridas de municiones, entre ellas una de un diámetro de 14 centímetros. «El hecho de que González se hallara semidesnudo, descalzo y visiblemente herido, a la vez que claramente desarmado, puesto que arrojaba golpes de puño, resulta suficiente para afirmar que Miño (que resolvió la cuestión en poco más de una decena de segundos que mediaron entre su constitución en el lugar y el disparo fatal) no fue víctima de una agresión ilegítima por parte de quien terminara muerto que haya justificado su accionar», aseguró el fiscal en el procesamiento de Miño.

Los primeros relatos que circularon ese día por parte de la Policía, informó Correpi, indicaban que Juan Gabriel murió por un arma blanca. Además de a Chávez, la Policía detuvo a su pareja, Nelly, y a su hijo, Dante, y los acusó falsamente de «homicidio en riña» (todos han sido sobreseídos). Pero videos grabados por los vecinos y luego una construcción de Mapa de la Policía, una ONG, reveló la secuencia de eventos. Miño fue imputado por homicidio, agravado por haberse cometido en abuso de su función como miembro de una fuerza de seguridad. En su defensa, Miño declaró que al llegar a la escena encontró a un hombre «sacado» y «agresivo» y que disparó para dispersar la acción de Juan Gabriel «no tirándole de manera directa», a pesar de lo que muestran los videos. El juicio aún no tiene fecha.

«En este caso, el intento de encubrimiento fue tan brutal y crudo que resultó contraproducente», dice la Negra.

Juan Gabriel tenía 45 años.

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Nelly Portillo tenía apenas 18 años cuando conoció a Juan Gabriel. Él 21. Tenían amigos en común y primero fueron amigos, aunque hubo «química» desde el inicio.

«Extraño mucho a mi compañero de vida, todos los días. Lo extraño mucho mucho mucho. Y a la vez lo necesito mucho», dice Nelly una tarde de octubre. «No merecía cómo terminó todo».

Nelly no vive más en la casa que compraron juntos en Villa Lugano. Se mudó a otro barrio, en parte para alejar a su hijo, Dante, quien batalla contra el consumo de drogas. Sus días son largos; tres horas en colectivo para llegar hasta el barrio porteño Palermo, donde trabaja cuidando a un niño. Todavía tiene dos balas de goma en su pierna que le disparó la policía el día que mataron a Juan Gabriel. No es fácil caminar.

«Cambió totalmente mi vida. De vivir en Lugano con una casa y proyectos, tener todo, a ahora salir a rebuscarme yo para poder sobrevivir», dice. «Me mantengo viva porque tengo a mi hijo, también quiero llegar a la Justicia y llegar a la verdad para el compañero que tuve», dice. «Juan era una persona maravillosa. Fuimos muy buen equipo».

Correpi para ella ha sido una contención clave en un momento de mucha confusión. Le dieron ayuda legal y armaron la querella en la cual registraron en un documento legal su testimonio de ese 25 de diciembre. Al igual que a otros familiares de víctimas, el grupo la ayudó a alzar la voz.

Eso quedó muy claro en el almuerzo en la casa de los Rivero. Al finalizar la reunión, un padre, Claudio Enrique, quiso añadir algo. El policía que mató a su hijo Fabián permanece prófugo desde su condena, en 2022.

«Quiero ir a buscarlo a su barrio», dijo Enrique, frustrado. «¡No vayas solo!», gritó un miembro del grupo. Correpi ha logrado localizar a agresores prófugos en el pasado. «Los encontramos gracias a la ayuda del barrio», señaló Verdú.

Natalie Alcoba (Buenos Aires, 1980) es una periodista argentino-canadiense radicada en Buenos Aires. Escribe para numerosas publicaciones internacionales, entre ellas The New York Times, The Guardian, Al Jazeera y The Globe and Mail. Cubre una amplia variedad de temas, como los derechos de la mujer, la política, la economía y los movimientos ecologistas, y ha coproducido varios cortometrajes documentales. Antes de trasladarse a Argentina, trabajó como reportera y redactora en diversas publicaciones de Canadá.