En 2014, cuando se votó la ley en el Parlamento; en 2017, cuando comenzó la juntada de firmas para impulsar un plebiscito; en 2020, cuando se debatió la ley de urgente consideración (LUC); y en 2021, cuando comenzó la campaña de cara al referéndum contra 135 artículos de la LUC. En todos estos momentos hubo una discusión repetida respecto de la ley de inclusión financiera, la obligatoriedad o no de los pagos con tarjeta y la bancarización de las operaciones en desmedro del efectivo. Una nube de palabras ligada al tema mostraría expresiones grandilocuentes como “libertad” y un debate peculiar –porque por las posiciones rompe los esquemas tradicionales– sobre el rol de los bancos y el poder que tienen en el siglo XXI, en pleno auge del mundo tecnológico y la digitalización de servicios.
La normativa aprobada siete años atrás estableció distintas disposiciones para fomentar el acceso a servicios financieros y un cronograma gradual de medidas ligadas a ese objetivo. En la visión de las autoridades económicas del gobierno de la época, del Frente Amplio (FA), Uruguay estaba atrasado en su incorporación a las nuevas tendencias de pago, y lograr un mayor acceso posibilitaría reducir los costos y los riesgos del efectivo, evitar que las personas tomen créditos a tasas de usura en el mercado informal y fortalecer al Banco República (BROU) como líder del sector.
Hay números que muestran que esas metas se cumplieron (ver recuadro), aunque eso no zanja el debate sobre la ley, y las voces críticas cuestionan los efectos para la población, y en particular para los comerciantes, de este aumento de la bancarización.
Entre otras medidas, la ley de inclusión financiera incorporó la obligación del pago de los sueldos en dinero electrónico, brindó al trabajador servicios gratuitos, puso un tope para las transacciones en efectivo y reguló otros pagos, como los honorarios profesionales o a proveedores del Estado. Entre sus objetivos también estaba lograr una trazabilidad del dinero, lo que posibilita un mayor control en pos de evitar la evasión.
Números de la tendencia digital
- Un índice del BCU que compara el monto de pagos electrónicos respecto de los tradicionales (IPET) se mantuvo por debajo de 15 ‒sobre 100‒ hasta 2015, cuando comenzó un crecimiento ininterrumpido hasta que en el primer semestre de 2020 por primera vez lo digital superó al efectivo. Este año el IPET se elevó a 64.
- En una década las operaciones con tarjeta de débito pasaron de ser unas 300.000 en un trimestre y por 17,5 millones de dólares, a 121 millones por más de 3.300 millones de dólares.
- Del primer semestre de 2018 al último de 2020 aumentó 90% el número de tarjetas de dinero electrónico, llegando a casi 2,3 millones; durante el mismo período, las operaciones crecieron 79%.
- En el año de la pandemia (2020) se alcanzaron casi 17,5 millones de operaciones de pagos web y cerca de 3,3 millones vía celular. Respecto de dos años atrás, el número de transacciones creció 128% y 94%, respectivamente.
Desde 2017 la resistencia a la inclusión financiera se tradujo en acciones concretas. El entonces senador del Partido Nacional y líder de la oposición, Luis Lacalle Pou, presentó un proyecto para cambiar los aspectos que se establecían como obligatorios por la expresión “podrá”, esto significaba mantener los incentivos pero sin que hubiera un mandato. En aquel año también los comerciantes de Maldonado y Rocha, desde sus gremiales, impulsaron una juntada de firmas en busca de convocar un plebiscito y revertir la normativa.
De ahí en más, la polémica y la discusión en torno a la inclusión financiera, la bancarización obligatoria o cualquier otra expresión relacionada no paró. Ni tampoco lo hizo cuando se votó la LUC, que revirtió distintas condiciones establecidas en la ley de 2014 en un capítulo llamado “Libertad financiera”, que contiene 12 artículos, de los cuales seis proponen derogar quienes impulsan el futuro referéndum.
Martín Vallcorba (archivo, octubre de 2019).
Foto: Alessandro Maradei
Libertad, política y bancos
Martín Vallcorba lideró desde su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el programa de inclusión financiera y no tiene dudas de que hubo una maniobra política tras la reproducción de críticas a la ley de 2014. Lo definió como “una campaña de desinformación muy grande y orquestada, que sigue hoy en el marco del debate de la LUC”, y señaló: “Los argumentos que se escuchan hoy no son distintos. Uno es el tema de la libertad, cuando es falso que los comerciantes estuvieran obligados a aceptar medios electrónicos. Lo otro, que parte de una cuestión cierta, como la falta de infraestructura física en algunas pequeñas localidades, es falso también, porque atendiendo eso la ley no obligaba a pagar [por vía bancaria] en lugares de menos de 2.000 habitantes”.
Esta ligación política la rechaza José Pereyra, presidente hoy y también en esos años de la Cámara Empresarial de Maldonado, que lideró la recolección de firmas para impulsar un plebiscito y dejar sin efecto la ley de inclusión financiera. El impulso surgió desde Crece, gremial que nuclea a comerciantes de varios departamentos del este, y tras pasar las 200.000 firmas y acercarse al objetivo, decidieron dejar de lado el planteo porque tras el cambio de gobierno recibieron un compromiso de Lacalle Pou de revertir la normativa.
En diálogo con la diaria, Pereyra se mostró “95% conforme” con los cambios que impulsó la LUC, aunque faltó la libertad total para el uso del efectivo, y si bien reconoció que la tendencia a los pagos por vía electrónica es irreversible ‒él mismo utiliza tarjeta‒, consideró que lo relevante es “tener la elección”.
También recordó cómo comenzó la idea del plebiscito, en una gira por el interior para tener charlas con comerciantes: “Un día mientras esperábamos a un almacenero, entró una señora y le pidió un litro de leche para pagar con débito; él le dijo ‘lléveselo mejor y me lo paga otro día’, y le explicó que tenía que poner plata, si no, para venderle”. La cuestión detrás de esto son los aranceles que pagan los comerciantes, tema no incluido en ninguna normativa y que según indicó Vallcorba sufrieron una relevante baja en los últimos años, no sólo en su guarismo sino también en su dispersión ‒era mucha la diferencia entre lo que cobraba un sello emisor de una tarjeta a un supermercado y a un pequeño almacén‒.
La comisión cobrada por las entidades financieras al comercio por los pagos con POS pasó de 7% a 1,15%, dijo el exasesor del MEF, quien añadió que el cronograma pactado con las empresas para bajarlo hasta 0,85% “sigue aunque con menos control” por parte del actual gobierno.
A esto el representante de los comerciantes del este ‒hoy también candidato a director del Banco de Previsión Social (BPS) por el orden empresarial en los comicios de noviembre‒ respondió: “El acuerdo era fácil: Uruguay le da tantos más clientes al sistema financiero y a cambio bajan los aranceles. Los bancos no arriesgaron nada para la inclusión financiera”. Agregó que por el hecho de obligar a pagar los sueldos vía bancaria “tenían dentro [del sistema] al mejor cliente”, y si bien los comercios no estaban obligados a aceptar pagos electrónicos, como gran parte de las personas tiene su dinero en una cuenta esto se vuelve más habitual para hacer pagos. “Sacaron los cajeros de la mayoría del país y así obligaron a los comerciantes” a adherirse al sistema, indicó.
Según datos del Banco Central del Uruguay (BCU), hay en el entorno de 7.000 cajeros y dispensadores de dinero en todo el país ‒cinco años atrás eran 1.500‒ y en ningún departamento del interior la relación por cada 10.000 habitantes baja de 20 lugares para extraer efectivo.
Los artículos en debate
215: la ley original planteaba que el pago de salario “deberá” ser por vía electrónica y la LUC lo modifica por “podrá”, y agrega “sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo”. Esto “le otorga discrecionalidad al empleador en una situación ya de por sí asimétrica en la relación laboral”, indica la Comisión Nacional Prorreferéndum en su sitio.
219: hace el mismo cambio de redacción para el pago de honorarios profesionales, que “podrá” ser en efectivo hasta aproximadamente los 110.000 dólares. Lo dispuesto “habilita prácticas ilegales, le quita transparencia e imposibilita la trazabilidad”, cuestionan quienes promueven la derogación.
220: habilita a abonar en efectivo ‒si así se acuerda‒ hasta el mismo tope para los pagos a proveedores del Estado.
221: eleva de 40.000 unidades indexadas (UI) a 1.000.000 de UI el tope máximo para pagos en efectivo, es decir, pasó de un límite de unos 4.000 dólares a 110.000 dólares.
222: deroga nueve artículos de la ley de inclusión financiera, entre ellos los que establecían condiciones para los pagos de inmuebles, vehículos y tributos por vía electrónica; también elimina una disposición que no permitía hacer mayores descuentos para los pagos en efectivo que con tarjeta.
225: modifica la ley integral de lucha contra el lavado de activos e incorpora ‒bajo ciertas condiciones‒ controles simplificados para los pagos que llegan a través de bancos.
“Esto se quiere vender como un proceso de bancarización, porque los bancos tienen mala prensa y lo asocian para generar una opinión contraria. Eso no tiene relación con la realidad, porque desde la ley se crearon 2,5 millones de nuevos instrumentos de pago y 1,7 millones son instrumentos no bancarios, tarjetas de dinero electrónico [como las de Abitab, Redpagos o Anda]. Del resto la gran mayoría fueron a través del BROU; para los bancos privados no fue un gran negocio, y además fueron los primeros que criticaron el proyecto porque los obligaba a dar de forma gratuita servicios por los que cobraban”, evaluó Vallcorba. “Es curioso que quienes se oponen fueran gente que ya accedía al sistema financiero y lo usaba. La ley no estaba pensada para ellos sino para quienes no podían acceder”, agregó.
El diputado colorado Gustavo Zubía toma como “una ironía que la izquierda promueva la bancarización obligatoria” cuando “el discurso setentista era la nacionalización de la banca”, y consideró que frente a eso “la derecha o el centro del panorama político, que toma políticas más liberales”, debe defender “la libertad financiera” del individuo. Sostuvo que también hay cuestiones generacionales ‒él, por ejemplo, no utiliza tarjetas‒, ya que Uruguay “es un país añejado y no nos gusta la intermediación [de los bancos]; eso se debe respetar”, y entiende que en esa línea van los cambios hechos por la LUC.
El legislador dijo a la diaria que la “bancarización obligatoria” promovida por la ley de 2014 “generó perjuicios en muchos casos para negociaciones sencillas, de 5.000 dólares, como comprar un vehículo o una moto”; así como trajo “dificultad para mucha gente, del interior y de Montevideo” que tenía por costumbre la utilización del efectivo. Señaló que la bancarización no trae una certeza “sustantiva para la persecución de los pagos en negro”, ya que en una relación laboral “el empleador puede pagar en negro haya o no el mecanismo de inclusión financiera”.
Para Pereyra, tras los cambios en la LUC ‒que describió como “simbólicos” y que no alcanzaron, a su entender, “la libertad total”‒, “los uruguayos pueden elegir y el sistema financiero estará obligado a mejorar sus servicios con el plástico; porque había un monopolio [antes] y todos sabemos lo que pasa con eso”.
Por el contrario, Vallcorba opinó que el cambio de la LUC que elimina la obligatoriedad de abonar el sueldo con dinero electrónico y habilita a definir en una negociación entre trabajadores y empleador el método de pago “no da ninguna libertad”, y recordó que la normativa permitía al trabajador “elegir dónde cobrar, si en una institución bancaria o no bancaria”. A su vez, consideró el límite de 110.000 dólares para permitir pagos en efectivo “una cifra muy elevada” y “un riesgo” en materia de lucha contra el lavado de activos.