A un año del triunfo del Partido Nacional (PN) en las elecciones departamentales, este martes, durante la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Maldonado (JDM), la bancada del Frente Amplio (FA) resolvió retirar la confianza política al presidente del órgano legislativo, José Luis Sánchez, por evitar que se discutiera la concesión de ocho hectáreas de terrenos fiscales en el balneario “El Chorro”, a las sociedades panameñas Kalin Assets SA y Arwen Inc., por parte de la intendencia de Maldonado.
El tono de los intercambios entre los ediles del oficialismo y de la oposición comenzó a subir a medida que transcurría la extensa sesión, que culminó a las 05:30 de la mañana.
Al comienzo de la exposición de cinco minutos por partido político, el edil por el Frente Amplio Fermín de los Santos habló sobre el desistimiento del gobierno del intendente Enrique Antía a la propiedad de los padrones 10.108 y 10.109 -de un valor total estimado de cinco millones de dólares-, que fueron cedidos a los accionistas Pablo Reynal y Álvaro Cayol de las mencionadas sociedades, así como a accionistas de la panameña Lenore SA, según informó el semanario Brecha.
Culminado el tiempo establecido, el edil del sector Alianza Progresista solicitó una prórroga para terminar con su exposición, pero los ediles nacionalistas no acompañaron el pedido y evitaron que continuara hablando del tema, con 19 de 29 votos en contra.
Minutos más tarde, ediles nacionalistas intervinieron mientras se votaba la nota presentada por el FA, el 21 de setiembre, en la que reclamaron la presencia de la directora general de Asuntos Legales de la intendencia de Maldonado, Adriana Graziuzo, frente a la Comisión Legislativa para tratar el asunto. Desde filas frenteamplistas observaron que las interrupciones incluían valoraciones y que, por lo tanto, suponían una contravención al reglamento. Sin embargo, el presidente del Legislativo Departamental no lo vio así y permitió que los ediles oficialistas continuaran.
El edil frenteamplista Joaquín Garlo presentó una moción para votar la infracción al reglamento, respaldado por el inciso 2º del artículo 59, que establece que se trata de “cuestiones o mociones de orden que admiten discusión”. Por otra parte, el edil del MPP indicó que al permitir que Varela hiciera sus valoraciones, el presidente admitió la apertura de debate sobre “un asunto entrado”, algo que también es antirreglamentario.
Por esa razón, propuso que se votara una moción de orden sobre el incumplimiento del reglamento, pero el presidente de la JDM decidió hacer caso omiso y, en cambio, pasar a votar otra moción planteada por el edil Adolfo Varela del PN (referente del sartorismo a nivel departamental), quien afirmó que no hubo una violación del reglamento. Posteriormente, el FA le retiró la confianza política a Sánchez.
“Si el edil Varela propuso otra moción se tendrá que considerar después, pero, en primer término, se tiene que considerar la moción presentada por el FA, que es someter a consideración del cuerpo el criterio equivocado por la Mesa”, dijo Garlo durante su alocución.
En respuesta, Sánchez se limitó a indicar que su accionar se amparaba en el inciso 3º del artículo 60, que dispone que no se puede fundamentar, por más de tres minutos, la preferencia por “la discusión de una proposición sobre otras presentadas referentes al mismo punto”. Por su parte, la edila frenteamplista Susana Hernández (Espacio 1946), expresó: “Hay elasticidad y ampliación de plazos para algunos y a otros sistemáticamente se les corta la voz”. Y agregó: “Entendemos que la presidencia no está actuando en representación del cuerpo de la JDM, sino en representación de los intereses de un partido político que forma parte de esta Mesa”.
“Se viola el reglamento porque se quiere que la bancada del FA no se pueda expresar sobre un tema tan importante. Hay un negocio millonario, por algo el PN se niega a que hablemos”, dijo el edil frenteamplista Leonardo Delgado (Alianza Progresista). Por otra parte, señaló que quien “está detrás” del asunto es la directora general de Asuntos Legales de la IDM. Durante su intervención, Delgado fue interrumpido por ediles del oficialismo en varias oportunidades, algo que lo llevó a pedir amparos. “¿Cómo no vamos a poner palos en la rueda cuando quieren hacer negocios extrajudiciales para favorecer a privados por un negocio millonario?”, cuestionó.
Los ediles de Alianza Progresista y del Espacio 1946 difundieron la exposición completa, que De los Santos no pudo culminar. El edil debió interrumpir su presentación cuando iba a referirse a la sentencia de 2016 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ese dictamen arrojó que los “vendedores y adquirentes [de las tierras] reconocieron, en la escritura de 1938 y en su plano adjunto, el dominio público sobre toda la faja ubicada entre el límite sur-sureste de las fracciones” y desestimó los intereses de los sucesores del comprador, Víctor Sagredo.
Luego el edil del FA iba a proseguir con el informe elaborado por los abogados Alejo Fernández Chávez y Guillermo Ahlers, que fundamentaron el dominio público de las tierras en disputa. Según el edil, el análisis de los abogados fue ignorado por el intendente de Maldonado y por los legisladores departamentales del PN, que reconocieron el dominio privado de los padrones “para aprobar un proyecto inmobiliario de volúmen millonario”.
El “cambio de actitud política y jurídica” del gobierno de Antía y su decisión por desistir del carácter fiscal de las tierras demuestra la intención de eludir el pronunciamiento de la Justicia, disparó el edil. “Tanto el gobierno de Antía como los particulares interesados suponen que el pronunciamiento judicial no les va a ser favorable a sus intereses y [que] va a confirmar la dominialidad pública de esos padrones”, continuá el texto al que accedió la diaria.
También reiteró que, en 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó recursos administrativos y acciones judiciales que determinaron que la intendencia de Maldonado no tiene facultades para “transar el litigio” y denunciaron un “posible fraude procesal”.