El 13 de marzo de 2020 el Colectivo de Artesanos Itinerantes de Maldonado presentó un proyecto de decreto para regularizar la venta ambulante en los espacios públicos del departamento. Desde entonces, el documento continúa a estudio de la Comisión de Legislación de la Junta Departamental y no ha sido aprobado, por lo que los trabajadores tienen prohibido comercializar en Punta del Este y Piriápolis, las zonas turísticas donde pueden obtener una mayor ganancia.
En octubre de 2021 los integrantes del colectivo reiteraron el reclamo y se movilizaron en la explanada de la Intendencia Departamental de Maldonado. En esa oportunidad, solicitaron ser recibidos por el intendente Enrique Antía, pero no lo lograron.
“Representamos una parte del patrimonio del país. Queremos vender en los espacios que siempre hemos ocupado y marcar la diferencia entre el vendedor ambulante y el artesano, que es un representante de la cultura. Buscamos un reconocimiento a la figura del artesano. Es nuestro oficio y lo ejercemos dignamente. No estamos delinquiendo”, manifestó Marcelo Cáceres, integrante del colectivo, en diálogo con la diaria.
El artesano señaló que han concurrido en varias oportunidades al legislativo departamental para dar seguimiento al proceso del expediente. Allí les respondieron que los ediles estaban a la espera de concretar reuniones con los alcaldes del departamento y con la Cámara Empresarial de Maldonado.
En la actualidad los artesanos pueden desarrollar su actividad en los municipios de Maldonado y San Carlos. Cáceres contó que luego de varias reuniones con los concejales y el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, acordaron la venta regulada de artesanías y espectáculos a la gorra en la peatonal Sarandí, en el centro de la capital fernandina. Los artesanos deben tramitar un carné de habilitación en el municipio. “Nos han escuchado y están interesados en que se llegue a algo con el decreto”, valoró. En San Carlos, según indicó Cáceres, los artesanos no han tenido problemas para ejercer su trabajo.
El Municipio de Punta del Este, en tanto, rechazó las solicitudes de los artesanos, aseguró. Como alternativa, la alcaldía propuso hacer una feria una vez al mes dentro del establecimiento. Para solicitarlo formalmente, los artesanos debían mandar una carta. La enviaron, pero finalmente el pedido no fue otorgado.
Por este motivo, Cáceres dijo que los artesanos se han movilizado en la Glorieta de Punta del Este; sin embargo, “apenas” llegaron fueron expulsados por personal del municipio. “Tampoco [pedimos] vender libremente, pedimos que se abra un registro de artesanos y que sea en los espacios autorizados”, alegó.
Piriápolis es otra de las ciudades en las que no pueden comercializar sus productos. “Ahí es más complicado. Ni siquiera puedes pisar la ciudad que ya te mandan a la Policía y te sacan las cosas”, ilustró. Algunos integrantes del colectivo han sido sancionados por la Justicia por vender artesanías en la vía pública del municipio y debieron realizar tareas comunitarias, planteó Cáceres.
Tras la movilización y la denuncia pública, el colectivo logró que el intendente les concediera una reunión, que será dentro de un mes.
Según supo el grupo de artesanos por fuentes de la comuna, el expediente del proyecto se encuentra en la dirección general de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado y para ser aprobado por la Junta Departamental debe contar con la anuencia de todos los municipios. En Punta del Este el proyecto ha estado “retenido” unos ocho meses, aseguró Cáceres.
El martes 24 de mayo, en medio de un extenso debate por la conformación de una comisión investigadora sobre la “agresión” de la directora de Asuntos Legales de la Intendencia, Adriana Graziuso, contra la directora de Magisterio del Instituto de Formación Docente, el edil por el Frente Amplio Joaquín Garlo se refirió a los artesanos en su alocución.
“Podríamos estar hablando de proyectos de decreto que descansan en las comisiones desde hace años, como la regulación de los artesanos o artistas callejeros de este departamento”, criticó el edil. “Quizá eso incomoda. Más incomoda cuando la gente lo reclama”, agregó.
Esa noche, fuera del edificio, los artesanos colocaron pancartas en la explanada de la Junta Departamental en las que se leía: “Exigimos normativas que regularicen nuestra actividad. Las expresiones culturales son del pueblo, no del gobernante de turno. ¡Que se respeten nuestros derechos ya!”.