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Vista panorámica de Punta del Este desde el mirador del edificio El Torreón. Foto : Virginia Martínez Díaz (archivo 20220106)

Foto: Virginia Martínez Díaz

Rambla en Punta Colorada y Hotel San Rafael son los proyectos que generan más preocupación entre los vecinos de Maldonado

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Reclaman que la Intendencia de Maldonado respete la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y que se abra al diálogo.

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Este viernes se llevó a cabo la jornada “Participación Ciudadana en el Ordenamiento Territorial”, en la Liga de Fomento de Punta del Este, ubicada en la Parada 1 de Playa Mansa. En el encuentro participaron catedráticos, autoridades e integrantes de comisiones de vecinos.

En el panel de expertos participaron el presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio, el arquitecto William Rey; el abogado José Sciandro, en representación del Centro Regional Este de la Universidad de la República (CURE); el abogado Carlos Castro, en representación la Universidad CLAEH; la antropóloga y doctora en Planificación Adriana Goñi, por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; la arquitecta Laura Alemán, de la Facultad de Arquitectura de la Udelar, y los arquitectos Natalia Brener y Fernando Martínez, de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

Por parte de las comisiones vecinales, estuvieron presentes vecinos de Punta Ballena, El Tesoro, Ocean Park, San Rafael, Punta del Este, Sauce de Portezuelo, La Barra, Punta Colorada, Balneario Buenos Aires y El Chorro.

Luego de la exposición de los profesionales, los vecinos manifestaron diversas inquietudes sobre lo que ocurre en diferentes barrios de Maldonado. Sin embargo, las obras en la rambla de Punta Colorada y el futuro del exhotel San Rafael, fueron los dos proyectos más discutidos de la tarde.

Un integrante de la Asociación de Vecinos de San Rafael sostuvo que si se ejecuta el nuevo proyecto de Giuseppe Cipriani hará que el barrio “desaparezca”. Además, insistió en que los vecinos no han podido mantener un diálogo con las autoridades de la Intendencia de Maldonado.

La arquitecta Laura Alemán agregó que San Rafael implicó la demolición de un inmueble “emblemático” para la ciudad, que hasta ahora “quedó en la nada”. “Seguramente se va a concretar [el proyecto], pero ese lugar va a ser muy diferente en su identidad”, consideró, y alertó que “todavía estamos a tiempo de evitar situaciones similares en otras partes de Maldonado”.

En la misma línea, criticó que la Junta Departamental de Maldonado vota a favor “muchas” excepciones para obras, lo que implica habilitar construcciones, reformas y solicitudes de altura en edificaciones que están por fuera de la normativa.

En respuesta, el subdirector de cultura de la intendencia, Fernando Cairo, dijo que no se aplicó la Ley de Monumento Histórico para preservar el viejo hotel, por lo tanto, ahora, de nada sirve “llorar”. Asimismo, invitó a los vecinos de la zona a concurrir a la Comisión de Patrimonio para poder “escuchar” sobre el proyecto y así establecer un nexo con jerarcas de la comuna.

Por otro lado, Fernando Lanz, integrante de la Comisión de Fomento de Punta Colorada, se refirió a la denuncia de la comuna a catedráticos de la Udelar que oficiaron como testigos tras la demanda por medidas cautelares por la obra en el balneario. “Somos atacados sin control por una cantidad de voceros departamentales y los académicos de la Udelar fueron cuestionados”, criticó.

Las comisiones vecinales coincidieron en el reclamo de que las autoridades departamentales respeten los lineamientos de la Ley 18.308 sobre Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que establece que debe existir participación ciudadana en la toma de decisiones y conocimiento de la ciudadanía sobre las características de los proyectos que los gobiernos pretendan desarrollar junto a privados. “Uno lee la ley y está bárbara. ¿Cómo se hace para aplicarla? Porque las autoridades siempre tienen la última palabra”, indicó Pablo Sanguinetti, integrante de Amigos del Faro, la asociación de vecinos de Punta del Este.

Asimismo, pidieron que el gobierno departamental tenga en cuenta las propuestas de la comunidad, ya que la comunicación con la administración departamental ha sido casi nula y solicitaron conocer con qué elementos cuentan los ciudadanos para lograr una participación “real” en la toma de decisión.

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