Integrada por organizaciones públicas y privadas de la ciudad, la Red Social San Carlos trabajó arduamente para lograr que, en 2007, funcionara el primero de los dos juzgados multimateria que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió clausurar la semana pasada. En un extenso comunicado, dirigido a las organizaciones que la componen y a la población carolina en general, la red convoca a una reunión con carácter “grave y urgente” que se realizará este martes 24, a las 19.00, en el salón parroquial de la parroquia San Carlos Borromeo.
“Solicitamos la presencia de todos los convocados para revertir este atropello al trabajo y dignidad de todos los habitantes de San Carlos y del departamento de Maldonado”, señala el texto firmado por la licenciada María Stella Noguez, la escribana María del Rosario Borges y la doctora Ana María Ferrer Santos.
El documento presenta, además, una recopilación de las actuaciones que se realizaron desde que la red se creó en 2004 a instancias de la Pastoral Social Cáritas de la parroquia San Carlos Borromeo, para dar solución a “la problemática de los menores en situación de calle”. Un año después lograron que se creara y pusiera en funcionamiento una subcomisaría de “la Mujer y la Familia” en la ciudad.
Luego trabajaron para la creación de un juzgado letrado de primera instancia con jurisdicción territorial propia. La solicitud se fundamentó en disposiciones contenidas en la Constitución de la República y el Código General del Proceso. Estos establecen que el número de juzgados letrados del país se determina “atendiendo a las exigencias de la más pronta y fácil administración de Justicia” y acercando las sedes “a toda la población para evitar la exagerada concentración en las ciudades principales”.
Más adelante, la red señala que en aquella época la densidad de población, en constante crecimiento, la realidad socioeconómica, los problemas de familia, menores, penales y laborales, y la amplia jurisdicción confiada al entonces juzgado de Paz y conformada por más de la tercera parte del territorio del departamento “fueron factores determinantes para hacer lugar a la tan cara petición”.
Por las condiciones socioeconómicas en las que se encontraba y se encuentra una gran parte de la población del departamento de Maldonado, “era y es fundamental que la administración de justicia esté al alcance del justiciable, atendiendo las necesidades de los más desprotegidos, quienes en muchas ocasiones no cuentan con el dinero suficiente para cubrir los gastos de traslado”, acota la red.
También consigna que, la situación estratégica en que se encuentra ubicada la ciudad de San Carlos desde el punto de vista geográfico, permite la fácil afluencia a la misma desde los restantes puntos del departamento y de la región este del país. Con estos argumentos, se desarrollaron “infinidad de reuniones, primero a nivel local y departamental, contando desde un comienzo con el apoyo incondicional de la ex Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos y de la Junta Departamental de Maldonado, así como de los representantes nacionales departamentales por medio de la llamada Bancada Maldonado”.
Recuerdan que después fueron recibidos en dos oportunidades por la presidencia de la SCJ y que, finalmente, el juzgado fue incluido en el presupuesto del Poder Judicial y votado por el Parlamento.
Posteriormente, la red trabajó para adecuar un local que consiguieron por comodato entre el Poder Judicial y el Banco de Previsión Social, propietario de este. La exjunta local y diversas organizaciones e instituciones contribuyeron a realizar las obras necesarias y, mediante una campaña puerta a puerta, consiguieron donaciones para hacer efectiva la puesta en funcionamiento e inauguración en junio de 2007.