El proyecto del barrio jardín Los Manantiales, que requiere excepciones a la normativa de construcciones y ordenamiento territorial en la zona de Laguna del Diario, se encuentra a estudio de las comisiones de Ambiente y Planeamiento de la Junta Departamental de Maldonado a instancias del intendente Enrique Antía.
De acuerdo al expediente, Los Manantiales ocupará unas 90 hectáreas en los padrones 2.659, 2.660, 2.665 y 31.980, ubicados al sur de la avenida Antonio Lussich, en parte de los humedales de la Laguna del Diario. Allí se propone fraccionar 702 lotes residenciales de 500 metros cuadrados en régimen de propiedad horizontal, más un centro comercial y un área de deportes, entre otras “amenidades”.
La Unión Vecinal de Punta Ballena y lagunas del Sauce y del Diario (UVPB) evaluó el proyecto en función de estudios científicos realizados por expertos nacionales e internacionales en los últimos años, y concluyó que sus implicancias ambientales y urbanísticas “afectarán negativamente el patrimonio natural de la comunidad y producirían la modificación irreversible de un paisaje icónico” del territorio, además de presentar potenciales pérdidas económicas para la ciudadanía.
Así lo transmitió en una nota que la presidenta Gabriela Asuaga y el secretario general Fernando Niggemeyer remitieron a los ediles para pedirles que rechacen la viabilidad del fraccionamiento. Al extenso documento de análisis, al que accedió este medio, adjuntaron el informe “Estrategia para la rehabilitación del estado ecológico de la laguna”, publicado en 2014 por convenio entre la Intendencia de Maldonado (IDM) y el Centro Universitario Regional Este (CURE).
Superposición del Master Plan sobre el plano con las directrices departamentales.
Efectos “devastadores” sobre flora, fauna y paisaje
Aunque todavía no fue aprobado, Los Manantiales está a la venta en un sitio web donde se promociona como el sexto fraccionamiento del grupo inversor, un barrio jardín “cerca de todo, lejos del ruido, con la Laguna del Diario como límite natural”. Por sus características, es motivo de preocupación vecinal desde mucho antes de que la IDM lo enviara a la Junta Departamental.
Basada en los estudios científicos, la UVPB recuerda que la laguna “continúa sometiéndose a un severo proceso de degradación ecológica” y un proceso de eutrofización que “se intensificará” a menos que se implementen “estrategias de rehabilitación que incluyan el control de los aportes externos y evite las acciones humanas que sobrecargan el entorno”.
Por eso la organización entiende que la inclusión de un fraccionamiento de esta magnitud, tal como ingresó el expediente a la Junta Departamental, producirá diversas afectaciones ambientales negativas y “habrá una catástrofe en la Laguna del Diario, sus humedales y su entorno natural”. También advierte que las construcciones que se realicen en la zona “terminarían de un solo golpe con la imagen de uno de los paisajes patrimoniales más icónicos de Punta del Este”.
La erradicación del hábitat de cientos de especies de pájaros y el efecto de la contaminación lumínica y sonora “serán devastadores”, sostiene la UVPB, para señalar que tampoco conviene aumentar las presiones externas ni ocupar los espacios claves que regulan los intercambios entre los sistemas terrestres y acuáticos.
Plano del fraccionamiento.
Excepciones sobre una zona de fragilidad ecosistémica
Al superponer el plan maestro del barrio con los planos de las directrices departamentales de ordenamiento territorial, se observa que una parte importante del proyecto se implanta sobre zonas de fragilidad ecosistémica. “Esto no es compatible con la normativa existente. No entendemos cómo este proyecto pudo avanzar y ser aprobado por las diferentes direcciones de la IDM”, expresa la UVPB.
En este punto, reclama a los ediles que eviten “interpretaciones difusas y favorables al desarrollo, como la posible reinterpretación de los límites del área de fragilidad ecosistémica”.
Luego analiza las varias excepciones que son “potencialmente perjudiciales” para el ambiente. La excepción más evidente está relacionada con el metraje de los lotes: son de 500 metros cuadrados para viviendas unifamiliares, cuando la normativa de la zona exige un mínimo de 1.000 metros cuadrados. Acceder a la viabilidad supondrá “un aumento de la presión de la construcción en los padrones, y por consiguiente en la cuenca”, marca la UVPB.
Por otro lado, el proyecto prevé un centro comercial, lo que implicaría un cambio en la zonificación actual. Este requiere del aval de la Comisión Asesora de Zonificación Industrial y Comercial (Cazic) creada en 2015 y con sus integrantes actuales designados en 2022.
Con todo, la UPVB considera “imperativo” que la Junta Departamental exija al desarrollador que el proyecto cuente “con una franja de amortiguación amplia y adecuada que proteja y separe” toda el área de fragilidad ecosistémica de los efectos colaterales negativos del emprendimiento, antes de votar su viabilidad.
Que la Junta defienda la “soberanía departamental”
La nota también advierte que “no es una buena práctica” esperar la acción posterior del Ministerio de Ambiente (MA) en temas ambientales departamentales, como suele ocurrir en los procesos de otorgamiento de excepciones en Maldonado, porque implica “una cesión indebida de jurisdicción”.
“Independientemente de la competencia nacional del MA, en la decisión que tiene por delante la Junta Departamental necesariamente asume plena responsabilidad por el proyecto que viabiliza”, plantea la UVPB y, en ese sentido, considera “imprescindible” que el legislativo exija a la Dirección de Ambiente de la IDM y al desarrollador los informes técnicos de impacto ambiental correspondientes, y que estos se hagan públicos.
“Si la Junta Departamental viabiliza el proyecto ahora, el daño será muy difícil de revertir, mientras que si rechaza las excepciones solicitadas podemos proteger el ambiente ejerciendo y manteniendo nuestra soberanía ambiental departamental intacta”, acotan los vecinos.
Potenciales pérdidas económicas para la comunidad
En otro tramo de la extensa nota la UVPB manifiesta la necesidad de que los desarrolladores asuman el costo total de la infraestructura del fraccionamiento y plantea que UTE, OSE y los proveedores de infraestructura y servicios se expidan en el expediente y se hagan “solidariamente responsables”, incluso después de la venta de los lotes.
No sólo para garantizar la protección ambiental de la zona de fragilidad ecosistémica, aclara la organización: también para “proteger el bolsillo de los contribuyentes” ante posibles incumplimientos por parte de los titulares de los padrones y los desarrolladores.
“Estas situaciones son tan gravosas y peligrosas para los contribuyentes que la debida diligencia indica que cualquier avance de este proyecto debe prever que todas las obligaciones y compromisos de los desarrolladores se convertirán en instrumentos legales en los expedientes antes de continuar con el tratamiento de las solicitudes que realiza la Junta Departamental”, indica la UVPB.
Pensando un área departamental protegida
Por lo expuesto, la nota plantea que no se otorgue viabilidad al proyecto en cuestión y se le niegue toda excepción que permita reducir el metraje de las superficies de los lotes a fraccionar.
También reclama que el desarrollador presente los planos precisos del emprendimiento, con las áreas a ser cedidas al dominio público y las franjas de amortiguación correspondientes, que no figuran en el expediente. Y que se le exija un aval de la Dirección de Medio Ambiente de la IDM, antes de que el caso pase al MA para que le otorgue la Autorización Ambiental Previa.
Por último, solicita a la Junta Departamental que proceda a crear las normas de protección complementarias que se necesitarían para proteger la zona de la Laguna del Diario, su cuenca, sus humedales, zonas inundables, y todo su entorno natural y paisaje desde el mar hasta la avenida Antonio Lussich. Esto, como paso previo a “la incorporación de la zona como área departamental protegida”.