Una nómina de 26 expedientes fue aprobada por la Junta Departamental en una sesión extraordinaria, convocada para la noche del lunes 23. Una solicitud de Beril SA para “ampliar, regularizar y demoler obras en la sucursal del supermercado Disco ubicado en la parada 5 de Punta del Este tomó buena parte de la sesión; incluso dentro de la bancada oficialista hubo posturas encontradas respecto del permiso requerido por la empresa.
Ocurre que, para conseguir el final de las obras de ampliación y demolición, la firma debió regularizar la construcción de un techo que data de 2015 y que instaló para evitar los ruidos molestos emanados de las cámaras y generadores del supermercado. Esa obra, que no fue comunicada a la IDM y que tampoco fue controlada por la administración, implicó la invasión de 190 metros de retiro.
Por ese motivo, este lunes la Junta Departamental resolvió por unanimidad aplicar la máxima sanción establecida en el Texto Ordenado de Normas de Edificación (TONE), que, según los ediles, equivale a unos 50.000 dólares. “Es la recaudación de una caja a las 11 de la mañana”, cuestionó el nacionalista Darwin Correa (Unión y Cambio), quien una y otra vez mencionó el nombre de la empresa y acusó a los “gerentes y directores” de tomar a los ediles “por tontos”.
Correa también fustigó a la administración del intendente Enrique Antía por “lavarse las manos” y pasar el tema a la Junta Departamental, con una propuesta de sanción inferior a la finalmente decretada por el legislativo.
“A los del Disco que vinieron a construir de pesados y a quienes nos mandaron este expediente envenenado: no somos tontos”, advirtió el edil. “La empresa hizo lo que quiso, la IDM no controló y además sugirió una multa inferior para darnos la chance de aplicar la máxima; no somos tontos”, insistió.
Su compañero de bancada Cristian Estela también cuestionó a la firma y señaló que “la sacó regalada”, al tiempo que otro blanco, Osvaldo Matteu, consideró que para el Disco la multa significa “chirolas” y se preguntó si la junta va a permitir que “los grandes capitales le pasen por arriba”.
En el otro extremo, el también nacionalista Alexandro Infante quebró una lanza por la empresa, al recordar que hace décadas que tiene el supermercado en la parada 5, que “ha sostenido el desarrollo de Punta del Este” y que “ha dado mano de obra”. Por ese motivo, Infante consideró de recibo acceder a la solicitud pese a la irregularidad cometida. “No hay que condenar a nadie, no hay cucos ni cangrejos sobre la piedra”, afirmó Infante.
Revisar sanciones e impartir justicia
Tanto Correa como varios ediles del FA advirtieron que ningún vecino de Maldonado habría logrado que la IDM respondiera tan rápido a un trámite de este tipo, y mucho menos que una irregularidad de ese calibre se extendiera por diez años, que habrían sido más si la empresa no se hubiera visto obligada a solicitar la regularización para conseguir “el final de obras” de una ampliación que la IDM le concedió de forma anticipada.
Varios ediles comenzaron el caso de una señora a la que “la están enloqueciendo” y “la tienen de aquí para allá desde hace un año” en la intendencia, por un trámite para una casa de 90 metros cuadrados que construyó para vivir, “no para comerciar”. “Hay vecinos que andan en vueltas, con trámites engorrosos para construir dentro de la norma cuando, en otros casos, en una semana se aprueba una excepción”, advirtió uno.
El caso sirvió para que los ediles de ambas bancadas coincidieran en la necesidad de rever las sanciones previstas en el TONE. Primero lo planteó el frenteamplista Joaquín Garlo, luego el blanco Adolfo Varela dijo que “hay que hincar el diente para solucionar los problemas de la gente”, y así fueron sumándose opiniones en el mismo sentido. Finalmente, aprobaron el expediente por 28 votos en 30 posibles.