Sin los votos del Frente Amplio (FA), la Junta Departamental de Maldonado aprobó en la noche de este martes 17 la viabilidad para el proyecto de country privado Reserva de Mar, que desarrollará un fideicomiso de accionistas liderado por el empresario argentino Sergio Grosskopf en la zona del arroyo El Potrero.
De este modo, el gobierno departamental de Maldonado concederá al emprendimiento, diseñado para unas 4.000 personas, tres excepciones a la normativa: los promotores podrán fraccionar en lotes de 700 m², cuando, por ser zona balnearia, deben ser de 1.000 m²; y construir cercos perimetrales que en algunos tramos superan la altura máxima permitida y que tampoco cumplen con la transparencia requerida.
También podrán construir de 12 bloques bajos, que no están permitidos y que exceden la altura, los pisos y el factor de ocupación total y que presentan déficit del factor de ocupación de suelo verde.
Además, se habilitó a los empresarios a ceder a la comuna terrenos de espacio libre ubicados fuera del fraccionamiento -equivalentes al 10% del área a urbanizar- sin un convenio previo con la Intendencia de Maldonado (IDM), como establece la normativa.
En línea con el expediente enviado al legislativo por la IDM, el informe en mayoría, firmado por los ediles blancos de las comisiones integradas de Presupuesto y Obras Públicas, entiende que las mencionadas excepciones “son tolerables”.
Tras la aprobación de la viabilidad solicitada, “se deberá proceder al reparcelamiento de los padrones, obtener las autorizaciones ambientales previas correspondientes, solicitar el reempadronamiento de rural a urbano, así como la presentación de la totalidad de la documentación exigida por ley”, indica el texto.
- Leé más sobre esto: Country Reserva de Mar: qué excepciones pidió el magnate Grendene al gobierno de Maldonado
Las objeciones del Frente Amplio
El FA rechazó la viabilidad solicitada por la administración del intendente nacionalista Enrique Antía, con diversos argumentos. El informe firmado en minoría por la oposición enumera la magnitud de las excepciones y recuerda que tanto desde la sociedad civil organizada como desde el legislativo se denunciaron “intervenciones ilegales” en los terrenos desde febrero pasado.
“Se desarrollaron intervenciones excepcionales con autorización de la Dirección General de Urbanismo sin contar con anuencia de la Junta Departamental, lo que constituye un claro y nuevo acto ilegítimo de la intendencia, violatorio de los procedimientos administrativos y reglamentarios y vulneratorio de las facultades y funciones” del legislativo, advierte la bancada opositora.
En otro tramo, observa que el proyecto “incumple con las directrices nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero” que regula el acceso público a las playas y costas, y que se consolida un “continuo urbano” que no deja espacios libres en el área del fraccionamiento.
Advierten sobre “privatización encubierta” del arroyo El Potrero
El FA también remarca que, dada la rápida aprobación del expediente en las comisiones de la Junta, quedó pendiente despejar dudas respecto a la dominialidad del cauce arroyo El Potrero y su ribera oeste.
El punto es determinante ya que, si bien existe una declaración gubernamental de no navegabilidad, el proyecto plantea muelles para embarcaciones, con lo cual se admite que es navegable. El FA entiende que, en tal caso, el arroyo debe ser de acceso público en la zona del fraccionamiento, de acuerdo al Código de Aguas.
Para los ediles frenteamplistas, se propone “un modelo de urbanización turística privada que no garantiza el acceso de la ciudadanía a espacios públicos sobre el arroyo”. Advierten que este tipo de barrios se caracterizan por contar con accesos cerrados, la presencia de seguridad privada y la demanda constante de privacidad por parte de propietarios, “lo que ocasionará limitaciones en el acceso al arroyo El Potrero y, por ende, la peligrosidad de una privatización encubierta”.
Con todo, el FA consideró que tratándose de un proceso ambiental y territorial, sería “una práctica de buen gobierno” escuchar la opinión de los más amplios sectores de la comunidad local, y lamentó que el oficialismo haya dejado sin efecto la comparecencia de autoridades de la IDM y del Ministerio de Ambiente a las comisiones, “fundamental para evacuar consultas vinculadas a las actuaciones, a las intervenciones ilegítimas desarrolladas en los padrones y reconocidas por los gestionantes”.