La victoria del nacionalista Miguel Abella, en las elecciones de mayo, no sólo marcó el ingreso a la política de un hombre construido desde cero para ganar —porque hasta meses antes estaba fuera de la esfera pública—, sino que implicó la salida de Enrique Antía tras diez años de gobierno. Este fue, sin dudas, un hecho destacado en la agenda política de Maldonado durante el año que termina y que, como se leerá, abre muchas expectativas para los años venideros.
En julio se fue un caudillo reticente a dialogar con la oposición política y con las organizaciones sociales, cuestionado por su clientelismo, por asfixiar la autonomía de los municipios y por implementar una estrategia de desarrollo anclada en excepciones a la normativa de la construcción, en detrimento del medio ambiente y del ordenamiento territorial. Si bien el departamento lidera en materia de empleo (este año la tasa rondó el 63,9%), las condiciones laborales se precarizaron y la pobreza infantil creció un 110% entre 2019 y 2023, según analistas.
En el otro extremo, el mayor mérito del exintendente fue promover desde 2017 un millonario sistema de videovigilancia, comprado en forma directa al gobierno de Israel, y realojar a medio millar de familias del asentamiento Kennedy, enclavado en una cotizada zona de Punta del Este, en su último año de gobierno. Todo, mientras el déficit acumulado de la IDM alcanzó cifras históricas y se triplicó con respecto a 2015.
Continuismo con perfil propio
Su heredero político, Miguel Abella, entró a la IDM comandado a continuar con los proyectos del sector Todos por Maldonado, desde donde Antía lo catapultó como figura política a fuerza de propaganda institucional. Abella es el continuismo, porque sus principales cuadros en la comuna son los mismos que designó su antecesor y porque la política de excepciones a la construcción se mantiene, por ejemplo. No obstante, en sus primeros meses de gobierno sorprendió a propios y ajenos al exhibir una impronta diferente: al menos en su discurso, Abella se desmarcó de Todos por Maldonado y ostenta una apertura al diálogo y un acercamiento a la comunidad inusitados.
La creación de cuatro comisiones interpartidarias para proyectar temas estratégicos del departamento a 30 años, la inclusión de la academia como asesora en políticas públicas, la escucha a las organizaciones socioambientales que Antía descalificaba, su participación en cuanto evento comunitario le es posible y su ánimo de devolver a los municipios el poder perdido son parte de un esquema al que Maldonado estaba desacostumbrado.
A diferencia de Antía, que centró su gobierno en el interés del gran capital, Abella dice apostar al desarrollo de obras y políticas públicas en los barrios. Por otra parte, logró un inédito convenio colectivo con los funcionarios municipales (Adeom) que entrará en vigencia en enero junto con el presupuesto quinquenal; algo llamativo si se recuerda que, durante sus diez años como director de Recursos Humanos y Administración de Antía, fue cuestionado por los constantes incumplimientos a los acuerdos y la violación de la carrera funcional, eco del clientelismo ejercido por su amigo y mentor político.
En el presupuesto, que tendrá un ajuste a mediados de 2026, también se observa otro giro con respecto a la gestión de Antía: introduce el concepto de “regla fiscal”, un mecanismo de autolimitación y control del gasto público para garantizar la sostenibilidad de las finanzas departamentales. Grosso modo, implica que los gastos previstos no podrán superar los ingresos y que, si es necesario recortar inversiones, no afecten los recursos destinados a financiar políticas para los sectores vulnerables. Se propone, asimismo, abatir sustancialmente la deuda heredada.
El dilema del Frente Amplio
Este giro en la IDM sumió al Frente Amplio (FA) en un debate interno, entre quienes entendieron conveniente aceptar el llamado al diálogo y entre quienes consideran que el modelo nacionalista sigue siendo el mismo y que la fuerza política no debería ser parte. En general, el FA reconoce el cambio de clima, pero observa que la austeridad y la regla fiscal postuladas por el intendente no son más que una obligación, dado el “descalabro” financiero en la comuna. De hecho, la fuerza política no acompañó en general la votación del presupuesto quinquenal porque no achica los gastos de funcionamiento y tampoco propone estrategias de fondo para los sectores vulnerables, al tiempo que recorta la inversión social en aras de amortizar la voluminosa deuda heredada de Antía.
Con todo, el fenómeno Abella implica un desafío para el FA de cara a las elecciones de 2030. El intendente ya dijo que no irá por la reelección, lo cual le permite gobernar con cierta libertad y abonar el terreno para que Todos por Maldonado continúe comandando la IDM en un nuevo período, con nuevos candidatos. Si consigue estabilizar las finanzas de la comuna, probablemente logre la meta; si no, el sector de Antía tendrá enfrente al senador herrerista Rodrigo Blás en la contienda interna, y el FA podrá seguir explotando la contraposición de modelos y capitalizar en campaña otra mala gestión departamental nacionalista.
La Junta Departamental en la mira de Fiscalía
La formalización de una investigación judicial por delitos de corrupción sobre tres expresidentes blancos de la Junta Departamental -Darwin Correa, Alexandro Infante y José Luis Sánchez- fue otro hito político del 2025.
La acción del fiscal Jorge Vaz, a partir de una denuncia periodística de Jorge Bonica y otra del Frente Amplio, confirmó el desvío de fondos públicos mediante el pago de facturas ficticias a supuestos proveedores del legislativo departamental. El fiscal sigue tramitando pruebas en busca de condenas.
Además, investiga el cobro de partidas de apariencia ilegal por parte de ediles de todos los partidos, tras retomar la denuncia particular que ya estaba en fiscalía desde períodos anteriores.
Por primera vez, un actor del sistema judicial -el fiscal Vaz- parece interesado en hincarle el diente a las múltiples irregularidades del legislativo que, hasta ahora, eran un secreto a voces. Hay quienes especulan -y temen- que un ascenso aleje al fiscal del caso y que las denuncias caigan en saco roto. El 2026 dirá.